Laura Eugenia Rubio Castillo

Expediente 558/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
558/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Laura Eugenia Rubio Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil diecinueve, en la cual en su único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2° , se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este juzgado federal. Ahora bien, la concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó la parte promovente del amparo. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante. (foja 42 vuelta y 43 frente). No obstante lo anterior, en la especie no ha lugar a solicitar el cumplimiento a la autoridad responsable director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, por las razones que más adelante se expondrán. De autos se advierte que el primero de agosto de dos mil diecinueve (foja 56), se reservó proveer lo que en derecho correspondiera, respecto del escrito registrado bajo el número 6370 exhibido por el autorizado de la parte quejosa, al que anexo copia de la resolución pronunciada en fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, por el Subdirector de la Administración del Agua en la Dirección Local Guanajuato, hasta una vez que causara ejecutoria la resolución emitida por este juzgado federal, lo cual ya sucedió; por tanto, se levanta la reserva en cuestión y se provee: Con base en las constancias aportadas por el autorizado de la parte quejosa, este Órgano de Control Constitucional, procede a pronunciarse respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente expediente, de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el treinta de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria en esta propia fecha. Mediante escrito recibido en este tribunal federal el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, el licenciado José Ricardo Guerrero Jiménez, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte de la quejosa Laura Eugenia Rubio Castillo, exhibió la resolución contenida en el oficio BOO.910.01.1/002093, suscrito por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, anexando diversas documentales para acreditar lo anterior. Analizando dicho oficio, se advierte que la autoridad responsable, dio respuesta a la solicitud de la quejoso, realizada el ocho de junio de dos mil quince, cuya omisión en responder fue la materia del presente juicio de amparo, en tanto, que la citada autoridad expuso, en síntesis que era procedente la prórroga de vigencia del título de concesión número ***. Proceder el anterior, que se ajusta a la sentencia concesoria del amparo, conforme a la cual el director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, tenía la obligación de dar respuesta en forma fundada y motivada, a la petición que n términos del artículo 8.° constitucional le formuló la parte quejosa. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Por tanto, toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que la autoridad responsable Director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, dentro del expediente GUA-L-1287-08-06-15 de su índice, dio respuesta en forma fundada y motivada; y respondió a la petición contenida en el escrito que presentó la quejosa Laura Eugenia Rubio Castillo, en fecha ocho de junio de dos mil quince, quedando notificado de lo anterior, el veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Por ende, conforme al numeral 196 , de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DEPURABLE. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo enviados por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual remite resolución dictada por el Subdirector de la Administración del Agua en la Dirección Local Guanajuato, el diecisiete de julio de dos mil diecinueve; se reserva acordar dicho comunicado, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución emitida por este juzgado federal.

  3. Principal

    En esta fecha se celebró la audiencia constitucional en la cual se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto reclamado del DIRECTOR LOCAL EN GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, con residencia en Celaya, Guanajuato, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, se le tiene rindiendo informe justificado, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Y, como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, así como a los pasantes en derecho que menciona. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la citada ley.

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