Laura Esther Zúñiga Alcántar

Expediente 2190/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2190/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Laura Esther Zúñiga Alcántar
  • Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción y hecho lo anterior realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se sobreseyó contra actos del extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad. Asimismo, es un hecho notorio para este Juzgador que mediante oficio 508/2022-A signado por el Expresidente Árbitro de dicho Tribunal, recibido en este Juzgado de Distrito el veintiocho de febrero del presente año, informó que el veinticinco del mismo mes y año se instaló y entró en funciones el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, a quien se le remitieron los expedientes a su cargo para la continuación de su trámite; asimismo, solicita se dejen sin efectos los apercibimientos de que fue objeto y se requiera a la autoridad competente antes señalada. Lo anterior, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, publicada en la Sección Tercera del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, que establece lo siguiente: "Octavo. Una vez que sea formalmente instalado e inicie sus funciones el Instituto de Justicia Laboral para el Estado de Nayarit, tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como la Junta Local y las Especiales de Conciliación y Arbitraje, remitirán al Presidente del Instituto, debidamente inventariados los Expedientes y documentos de sus respectivas competencias en materia laboral burocrática, para que continúe, según corresponda, con su resguardo y en su caso continuación procesal a que se refieren los dos artículos transitorios precedentes en los términos precisados. El Presidente del Instituto, proveerá de inmediato su recepción y, procederá dentro de los cinco días siguientes, a su distribución, a las Salas que correspondan conforme a la competencia fijada en la presente Ley. Una vez recibidos por el Presidente del Instituto, los expedientes a que se refiere el presente artículo transitorio, cesará en sus funciones el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit." En razón de lo anterior, devuélvase al Presidente de dicho Instituto, las constancias remitidas por el extinto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, al rendir su informe con justificación, para los efectos legales procedentes. Finalmente, sin que sea el caso pronunciarse sobre el incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó el mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DIA DE HOY Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA MISMA. NOTIF.

  4. Principal

    Vista la certificación Secretarial que antecede, comuníquese a las partes que la adscripción del licenciado IVAR LANGLE GÓMEZ, como nuevo titular adscrito a este órgano jurisdiccional, inició a partir del día uno de mayo de dos mil diecinueve, conforme el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en sesión de diez de abril de dos mil diecinueve, en sustitución del licenciado Alfredo Barrera Flores; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en la queja administrativa 195/2019 del índice del Tribunal Federal, y los autos originales del juicio de amparo indirecto 562/2019 del índice de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber al quejoso RICARDO ARTURO GONZÁLEZ OCHOA, que el Tribunal de referencia declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa de referencia, y revocó el proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa; y ordenó a este Juzgador proveer lo conducente en relación con la demanda; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en la queja administrativa 195/2019, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por RICARDO ARTURO GONZÁLEZ OCHOA, contra actos del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, misma que quedó registrada en el Libro de Gobierno con el número 562/2019, dése al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que las mismas deben remitirse debidamente legibles y completas, apercibidas que de no hacerlo, en su oportunidad, serán sancionadas con una multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en la fracción I del numeral 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida de Actualización, como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa acompaña en su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Procédase a la destrucción del legajo de copias certificadas que fuera remitido a la Superioridad para el trámite del recurso de queja en comento, al resultar innecesaria su conservación. Finalmente, cabe precisar que las notificaciones a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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