Laura Erika Portillo Tlalpan

Expediente 643/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
643/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Laura Erika Portillo Tlalpan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, en términos del punto 7.4 del Capítulo denominado "Expedientes Depurables" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se establece que el presente juicio de amparo, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón del actuario judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar el oficio 557 dirigido al agente del ministerio público en Turno de la Fiscalía General con sede en el complejo metropolitano de Seguridad Pública (C5) y el oficio sin número signado por el Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, sin embargo agréguense sin mayor proveído toda vez que en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio sin número signado por el Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, sin embargo agréguese sin mayor proveído toda vez que en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. CÚMPLASE...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese el oficio signado por el 1. Fiscal General del Estado, por su representación, por medio del cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable las que acompaña al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Estado de autos Por otra parte, visto el estado de autos se aprecia que la parte quejosa en el presente sumario demandó de las autoridades señaladas como responsables: "(.) III. ACTOS RECLAMADOS: A. El actual cierto y real temor fundado de que el hoy quejosa HA PERMANECIDO RETENIDA y privada ilegalmente de su libertad por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia, por ya más de 18 horas continuas, tengan que ver con la limitación a las garantías que consagra la Constitución, sobre todo con la libertad personal y de libre tránsito, y sobre todo que sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal." Ahora bien, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, informó que: - La restricción por cuanto hace a la libertad de la quejosa obedeció a que fue puesta a disposición de esa autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de lesiones y daño en propiedad ajena a título de dolo, previstos y sancionados por los artículos 305, 306, fracción I, 310 y 414, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla. - Que el término concedido a esa representación social para realizar las investigaciones necesarias feneció a las quince horas con cincuenta minutos del dieciocho de junio de dos mil veintidós. - Que en atención a la voluntariedad que concurría para las partes la aplicación de lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se canalizó a las involucradas a las Unidad de Medios Alternos de Solución al Conflicto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a efecto de que las partes pudieran celebrar un acuerdo reparatorio y una vez celebrado esto se procedería conforme a lo establecido en el artículo 255, en relación con los diversos 186, 187, 188, 189 y 190, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, a su informe adjuntó el registro de libertad, de dieciocho de junio del año en curso, en el cual expuso: "(.) tomando en consideración que el delito que este fiscal investigador de origen se tratan de delitos de querella necesaria, esto por encontrarse previsto en los capítulos décimo quinto "Delitos contra la vida y la integridad corporal" así como el capítulo décimo octavo de "Delitos contra las personas en su patrimonio" del Código Penal para el estado de Puebla, y que dicho ilícito la persona que ostenta los derechos del mismo, ha optado por la terminación del presente asunto a través de un mecanismo alterno, dentro del término establecido para ese acto de procedencia legal de la indagatoria, asimismo y de igual manera tomando en consideración que esta Representación Social determina que no solicitará la prisión preventiva como medida cautelar; es por lo que, en términos de los artículos 140 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Autoridad Ministerial decreta la libertad durante el plazo de investigación de la indiciaria ******************** y solicitará el medio de alguno de los medios (sic) eficaces para la terminación del asunto o en su defecto la conducción que corresponde para judicializar el presente asunto." Asimismo, el Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación, informó que el dieciocho de junio del año en curso, la quejosa de referencia obtuvo su libertad, para tal efecto remitió las documentales respectivas. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Bajo los antecedentes citados, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Ahora bien, toda vez que el presente juicio de amparo fue promovido en contra de la detención fuera de procedimiento de la aquí quejosa, y toda vez que, como ya se dijo, la directa quejosa fue detenida con motivo de su probable participación en los hechos con apariencia de delito, y posteriormente puesta en libertad en términos de lo establecido en el artículo 140 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el representante social en la investigación solicitaría alguno de los medios eficaces para la terminación del asunto o en su defecto la conducción que corresponda; es claro que cambió la situación jurídica del procedimiento que se le siguió y el suscrito no puede analizar si la privación de la libertad fue o no legal, en virtud de que la detención efectuada se sustituye jurídica y procesalmente por la determinación del citado Fiscal de dejarla en libertad; quedando tanto su nueva situación, como el asunto supeditados a las facultades que el artículo 21 constitucional le confiere al referido representante social dentro de la carpeta de investigación. Por tal razón, deben considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la citada orden privativa de libertad por no poder analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica de la quejosa, por lo que se actualiza lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo además en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del dieciocho de junio de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.

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