Laura Elizabeth Barcenas Diaz
Expediente 983/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Laura Elizabeth Barcenas Diaz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, mediante el cual informa que coincide con el criterio de este Tribunal y no insiste en la declinación de competencia que formuló, por lo que se aboca a su conocimiento. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, mediante el cual remite, en vía de incompetencia, la demanda presentada por **********, por considerar que este Tribunal es el idóneo para conocer de dicha demanda y, al efecto, remite el original de las constancias relativas al juicio de amparo ***, de su índice y cinco copias de tal ocurso. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juzgado con el número ***. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada por las siguientes razones: De la lectura integral de la demanda se desprende que la quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación a un juicio oral familiar seguido en su contra, en el Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad de Celaya y señala como responsables al titular de dicho órgano, así como al actuario de su adscripción. La autoridad declinante asevera que se aplica la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, en tanto que es en esta ciudad donde tuvieron ejecución los actos reclamados. Al respecto asevera: "De la demanda de que se trata, se aprecia que la promovente de ésta, reclama todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio oral ordinario seguido en contra de la ahora promovente (.) así como la sentencia definitiva y la ejecución que se pretende dar, en atención a que la ahora promovente se viene doliendo de la falta de emplazamiento al citado juicio. Ahora bien, es cierto que el acto reclamado deriva de un juicio familiar (.) que se encuentra bajo la jurisdicción de una autoridad ordenadora con residencia en la ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato; empero, también es verdad que en el escrito que se provee ella menciona que se tratan de actos que tuvieron su ejecución en ese mismo Estado. De modo que el acto reclamado, es decir tanto la presentación de la demanda de origen y el supuesto emplazamiento, tuvieron su ejecución material en el Estado de Guanajuato, territorio en donde ejercen jurisdicción las autoridades que señala como responsables y por ende, le tocaría conocer de la presente al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Celaya." Ahora bien, la falta de coincidencia con el criterio del Tribunal declinante, radica en que hasta este momento procesal y con las constancias que obran (presentación de la demanda y escrito de demanda únicamente), no es factible determinar cuál de los dos Juzgados resulta competente. En efecto, el oficiante toma como cierta la premisa de que el emplazamiento tuvo ejecución en esta ciudad y, por otra parte, la quejosa aduce que no fue emplazada; sin embargo, de la lectura integral del escrito es dable inferir que esa "omisión" que reclama es en razón de que desconoce si fue llamada legalmente o no, de tal forma que es posible que sí exista tal emplazamiento (cuyos vicios serían materia de análisis constitucional), empero, se desconoce si fue efectuado en esta ciudad o en el Distrito Federal, pues en la demanda no se afirma que fue efectuado en este municipio, máxime que la promovente narra en los antecedentes que su domicilio es "desde hace más de ocho años en la ciudad de México" (que implica la posibilidad de que se haya llevado a cabo allá). Además, no puede soslayarse que también se duele de "todos y cada uno de los actos que se deriven del probable juicio, como es una posible sentencia" De esa manera, es factible que sí sea aplicable la primera regla competencial del artículo 37 de la Ley de Amparo para conocer de la demanda de mérito, pero dependerá del lugar en dónde se practicó la diligencia, así como de las diversas actuaciones del juicio que, en su caso, pudieran tener ejecución, lo que hasta este momento no es posible advertir. Es la propia tesis invocada por el juzgador (aplicable por identidad jurídica sustancial) la que permite concluir lo anterior, pues de ésta se desprenden las reglas competenciales, pero dependerán del lugar y los términos en que se hayan llevado a cabo los actos de ejecución (lo que hasta este momento se desconoce). El criterio fue emitido por la Primera Sala del Alto Tribunal, con número ***, visible en el libro XI, tomo 1, página 145, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil doce, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa". Sin perjuicio de lo anterior, también se estima la posibilidad de que sea aplicable la segunda regla competencial del artículo 37 de la Ley de Amparo, en tanto que el propio oficiante como primer conocedor, a prevención, de la demanda, deba ser quien conozca del asunto, pues sí el emplazamiento tuvo lugar en aquella ciudad y los demás actos del procedimiento natural en la en que se actúa (entre los que pueden existir diversos ejecutables), entonces es competente el tribunal ante quien se presente la demanda. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia ***, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el libro XXIV, tomo 2, página 1204 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil trece, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en una demanda de amparo se reclaman el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia o el laudo que pone fin a la contienda y la ejecución, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente." Asimismo y en relación directa con el criterio anteriormente transcrito, orienta la tesis ***, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noven Circuito, visible en el mismo medio de publicación, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo II, página 1691, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL LLEVADO A CABO EN UN DISTRITO JUDICIAL DIFERENTE AL EN QUE SE EJECUTÓ LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE PRACTICADA VÍA EXHORTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados, en su carácter de tercero extraño por equiparación, dicho emplazamiento, juicio y diligencia, está en libertad de promover la demanda en cualquiera de los distritos en los que se ejecutaron tales actos. En efecto, en respeto al derecho de acceso a la justicia, una interpretación conforme y pro persona del artículo 37 de la Ley de Amparo, lleva a considerar que la circunstancia de que el agraviado haya presentado su demanda ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir, fundadamente, que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para el justiciable, respecto del otro involucrado, dado que el quejoso optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al de otro territorio relacionado. Por ello, aunque el principal acto reclamado sea el emplazamiento, y éste se haya llevado a cabo en un distrito judicial diferente al en que se ejecutó la diligencia de requerimiento de pago mediante exhorto, este último acto puede ser válido para fijar la competencia, tomando en consideración que el segundo párrafo de dicho precepto otorga libertad al quejoso de presentar su demanda ante cualquiera de las localidades en las que se hayan ejecutado el o los actos reclamados; de ahí que la competencia para conocer de dichos actos se surta a favor del Juez de Distrito que previno." En conclusión, con las constancias que obran en autos, no es factible conocer cuál regla competencial es aplicable para concluir si es el oficiante o este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es competente para conocer de la demanda, de tal manera que NO SE ACEPTA la competencia declinada. Devuélvanse los autos del expediente de amparo a su lugar de origen, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto.
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