Laura Elizabeth Arriaga Pérez
Expediente 1828/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1828/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/12/2022
Partes del expediente
- Laura Elizabeth Arriaga Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de Jalisco. En atención a su contenido, se le tiene comunicando el auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 2546/2022, de su índice, a través del cual solicita a este órgano jurisdiccional que haga disponible el expediente electrónico que corresponde a juicio de amparo en el que se actúa, para que el Juzgado Homólogo pueda vincularlo y esté disponible para su consulta. Al respecto, de conformidad con lo establecido en la circular CAR 02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional para que de inmediato vincule el expediente electrónico del presente juicio de amparo en el que se actúa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que el referido órgano jurisdiccional pueda vincularlo y esté en aptitud de consultar las constancias que lo integran en dicho sistema, en el entendido de que la vinculación indicada deberá hacerse de manera indefinida.
- Principal
se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria. Archivo, archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Valoración de expediente. se estima que este expediente es destruible.
- Incidental
Conforme a lo señalado en la certificación de cuenta se deprende que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo 1828/2021 de donde deriva este incidente, en el que se ordenó el archivo definitivo de ese expediente; en el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión provisional, y en la interlocutoria pronunciadas el veintiocho de octubre del mismo año, se negó la medida cautelar definitiva solicitada; en los cuadernos original y duplicado de esta incidencia no obran documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Archivo. archívese este incidente de suspensión como asunto concluido.
- Principal
Por recibida la constancia suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, en la cual hace constar que no fue posible notificar a la parte quejosa de resolución de veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno, por los motivos que indica. En consecuencia y visto el estado procesal de los autos, se ordena notificar a la parte quejosa, como legalmente corresponda, dicha resolución, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Para tal efecto, a fin de evitar mayores dilaciones y se genere de nueva cuenta la imposibilidad que se tuvo al respecto -relativa a que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes no generó automáticamente la constancia de conocimiento, al ordenarse sobre determinaciones y habilitaciones ordenadas previas-, se inserta la resolución dictada en autos. "AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1828/2021. Zapopan, Jalisco, a las trece horas con dieciocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, Tatiana Elizondo Piña, Jueza Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con José Francisco Gutiérrez Sandoval, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1828/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (I) la demanda de amparo; (II) acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, donde se admitió a trámite la demanda; (III) informe justificado; (IV) y constancias de notificación a las partes. También, se da cuenta a la Jueza de Distrito, que en el auto de admisión se reservó proveer sobre el reconocimiento de las personas a las que les podría revestir el carácter de terceros interesados, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe con justificación. La Jueza acuerda. Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y se ordena pasar a la siguiente etapa. Levantamiento de reserva. Así, de conformidad con el texto del artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, porque atento al sentido del fallo que se dictará enseguida y por reclamarse -en esencia- una dilación en la sustanciación del procedimiento natural, no se causa perjuicio a quienes eventualmente les pudiera revestir esa calidad. Etapa probatoria. En esta fase se hace constar que la parte quejosa, ofreció la documental con la cual acompañó su escrito, mientras que la autoridad responsable anunció las documentales que allegó con su informe de ley. La Jueza acuerda. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba antes enunciada. Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que la parte quejosa no formuló alegatos, sin embargo, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, sí formuló pedimento. La Jueza acuerda. Se tiene por recibido el pedimento que emitió la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado de Distrito, y al no existir alegatos de las partes ni escrito pendiente de acordar en ese sentido, se cierra la etapa de alegatos; por tanto, se da por concluida la presente audiencia, y se dicta la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1828/2021, promovido por Ubaldo de Jesús Mata Mejía, en su calidad de apoderado especial de Laura Elizabeth Arriaga Pérez, por acreditarlo con la carta poder que exhibe, contra los actos reclamados del Presidente Especial, Secretario de la Mesa I y Actuario Notificador, todos adscritos a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. ANTECEDENTES: El once de agosto de dos mil veinte, refiere Laura Elizabeth Arriaga Pérez, que demandó en la vía laboral a la fuente de trabajo con domicilio ubicado en la calle AVENIDA TEPEYAC, #225, COL. CHAPALITA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, por diversos conceptos. La Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a quien dice correspondió conocer del asunto, lo registró bajo el expediente 493/2021-15-I; y lo admitió a trámite. En consideración de la inconforme, las omisiones que combate vulneran en su perjuicio el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional previsto por el arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El diez de octubre de dos mil veintiuno, Ubaldo de Jesús Mata Mejía, en su calidad de apoderado especial de Laura Elizabeth Arriaga Pérez, presentó un escrito en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- relativo a la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, una vía electrónica, mediante el cual solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por las omisiones que más adelante se precisarán. La quejosa señaló como derecho fundamental violado el consagrado por el normativo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación impugnada y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en esta ciudad, por lo que en el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el escrito inicial registrándolo con el progresivo 1828/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los arábigos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a diversas autoridades que tienen su residencia dentro del territorio donde este órgano jurisdiccional ejercer jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama: De la Presidenta Especial, Secretaria de la Mesa I y Actuario Notificador, todos adscritos a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: La omisión de realizar acuerdo en el que se señale fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y La falta de notificación y emplazamientos a la parte demandada. Lo anterior, específicamente en el juicio laboral 493/2021/15-I. INEXISTENCIA DE LAS OMISIONES RECLAMADAS La Presidenta Especial, la Secretaria y el Actuario Notificador, todos adscritos a la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, en su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la inconforme desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario que acreditara lo contrario. En cambio, esa negativa se corrobora con las diversas actuaciones del juicio burocrático 493/2021/15-I, que dichas autoridades allegaron en copia certificada, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el caso, la parte quejosa no logra desvirtuar la negativa de referencia toda vez que a su demanda de amparo no adjuntó algún documento que pudiera evidenciar que su demanda fue presentada ante la citada Junta, a fin de poder atribuirle las omisiones reclamadas; tan es así que de las constancias allegadas por las responsables, se advierte que el juicio laboral 493/2021/15-I, si bien corresponde al en que refiere la quejosa que se están cometiendo tales omisiones, también señalaron que si bien existe dicho sumario, la inconforme no es parte del mismo; por lo que no se logra desvirtuar dicha negativa. Ello, porque las declaraciones que realizó en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, sin embargo, ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente; por tanto, la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente los actos reclamados señalados por la parte quejosa. En ese sentido, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV de la ley de la materia, en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, los actos omisivos reclamados eran inexistentes porque el juicio laboral ni siquiera corresponde al que, de existir, promovió la quejosa, es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También fortalece lo expuesto la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno del Alto Tribunal del País, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente orienta el criterio de este Juzgador las razones establecidas en la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De ahí que se estime que los actos reclamados son inexistentes; sin que la disidente desvirtuara estas apreciaciones en virtud de que omitió ofrecer alguna prueba con ese propósito, no obstante que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, luego de haber recibido los informes justificados correspondientes, y advertir la negativa de las autoridades manifestando que el juicio de origen correspondía al indicado en la demanda de amparo, pero que las partes eran distintas, se hizo necesario dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolvería el presente asunto con las constancias que obraran en autos, sin embargo, fue omisa realizar manifestación alguna al respecto, no obstante de que se encontraba debidamente notificada desde el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Conforme al sentido que rige el fallo respecto del acto reclamado cuya improcedencia se vio actualizada, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por el quejoso, porque se presentó una razón de mayor entidad jurídica, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada, y por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de la cuestión planteada, quien esto resuelve se encuentra vedada para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Por lo que no se realizará mayor pronunciamiento sobre los conceptos de violación, relacionados con el acto combatido cuyo inejercicio se actualizó, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." También respalda esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Además, cabe precisar que las causas de sobreseimiento como la aquí actualizada, no implican la inobservancia del derecho fundamental de acceso a la justicia establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, tal y como se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que a la letra dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Laura Elizabeth Arriaga Pérez, por conducto de su apoderado especial Ubaldo de Jesús Mata Mejía, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el considerando IV, por las razones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Tatiana Elizondo Piña, Juez Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante José Francisco Gutiérrez Sandoval, secretario que autoriza y da fe. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, como legalmente corresponda. Así lo acordó y firma Ana Gabriel Toral Peralta, Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, de conformidad con el oficio CCJ/ST/0084/2022, emitido por la Secretaría Tecina de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistida de José Francisco Gutiérrez Sandoval, Secretario que autoriza y da fe.
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