Laura Elena Zapata Guerrero

Expediente 1049/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1049/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Laura Elena Zapata Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada) haya recurrido la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O : PRIMERO. LAURA ELENA ZAPATA GUERRERO, por propio derecho, mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, que más adelante se precisará, y que estimó violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, previo requerimiento, este juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la responsable, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, emplazó a la parte tercera interesada, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, inherente a la queja interpuesta contra el cumplimiento efectuado por la parte demandada dentro del juicio de nulidad 2827/18-15-01-9. TERCERO. La magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias remitidas al efecto, consistentes en copias certificadas del juicio de nulidad 2827/18-15-01-9, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2, de esa Ley. CUARTO. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa devienen inoperantes, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer conforme al artículo 79 fracción V, de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, se tiene que de las copias certificadas remitidas por la responsable, se advierten los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 2827/18-15-01-9, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca, declaró la nulidad de la negativa ficta atribuida a la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los siguientes efectos: "[.] emita una resolución expresa, en la que a partir del 16 de abril de 1997, considere la pensión de la hoy actora como lo previene el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, aplicando el incremento a la pensión conforme a los aumentos en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,. dada la prescripción analizada, la autoridad únicamente deberá cubrir las diferencias pensionarias a partir del 03 de mayo de 2013, hasta la fecha en que se dé cumplimiento a la presente sentencia [.]" Es pertinente destacar, que la hoy quejosa dentro del juicio de origen, alegó que su pensión jubilatoria debía incrementarse conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta 1993, uno de junio de 2001, o su aplicación en mayor beneficio, esto es, la norma vigente hasta el 31 de marzo de 2007, es decir, conforme al incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo, o bien, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Tal argumentó se declaró infundado por la Sala responsable, en razón de que a la hoy quejosa le fue otorgada su pensión por jubilación a partir del dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, por lo que, para determinar el incremento de su pensión, debía aplicarse la norma vigente en ese momento, la que resultó ser el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, esto es, conforme al aumento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Inconforme con la sentencia dictada en el juicio de origen, la hoy quejosa promovió juicio de amparo directo, mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito Judicial, bajo el número 253/2019, en el cual, mediante ejecutoria de dos de diciembre de dos mil diecinueve, le fue negado el amparo. La litis en dicho medio de control constitucional se centró en el sentido de si fue constitucional o no que en la sentencia reclamada, se declarara la prescripción de las diferencias por incremento de pensión no reclamadas dentro del plazo de cinco años. Posteriormente, y en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2827/18-15-01-9, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió el oficio SP/DPSHT/JN/690/2022, en el cual realizó el cálculo por concepto de pensión por jubilación de la quejosa, con base en el aumento porcentual que ha tenido el salario mínimo general vigente que expide la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en términos del artículo 57 de la Ley del referido Instituto. Contra dicho oficio, la quejosa interpuso recurso de queja, alegando en esencia, que el cálculo se realizó de forma incorrecta, pues no se tomaron en consideración los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, o al de los trabajadores en activo. Luego, mediante resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó procedente pero infundada la queja promovida, y por consiguiente, reconoció la legalidad y validez del oficio impugnado, declarando cumplida la sentencia dictada en el juicio de origen. El argumento esencial de la Sala responsable para resolver en los términos señalados, fue en el sentido de que en la sentencia de origen, no se ordenó a la autoridad demandada realizar el incremento a la pensión de la hoy quejosa, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, ni al de los sueldos básicos para los trabajadores en activo, sino que debía atender al aumento porcentual que tuviera el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Siento tal determinación, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en el cual, se alega en esencia, que su pensión debe incrementarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, o al incremento de los trabajadores en activo. Como se dijo al inicio del presente considerando, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa devienen inoperantes, en razón de que en el caso, respecto a que el cálculo del incremento de su pensión por jubilación debe hacerse conforme al que se dé al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, constituye cosa juzgada. Ello es así, pues conforme a los antecedentes señalados, dicha cuestión ya fue analizada por la Sala responsable en la sentencia de nulidad de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en la cual asentó, en lo que interesa: "Por lo tanto, es claro que en el caso concreto es infundado que la hoy actora reclame el incremento a su pensión, de acuerdo a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, la cuantía de la pensión se incrementaría en la misma porción de estos últimos, pues como se ha señalado, conforme lo tutela el referido artículo 57, párrafo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 05 de enero de 1993, hasta el 31 de diciembre de 2001, su cuota pensionaria deberá aumentarse conforme al aumento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de ahí que devenga infundado el agravio esgrimido por la actora. En esa medida, la autoridad no tiene la obligación de tomar en cuenta para el incremento de la cuota pensionaria de la accionante, más elementos que los aumentos en el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." En ese orden de ideas, se tiene que lo alegado por la quejosa en la presente instancia constitucional, ya fue materia de análisis, pues en la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2827/18-15-01-9, del índice de la Sala responsable, se precisó la norma a aplicarse para realizar el cálculo del incremento a su pensión por jubilación, que resultó ser el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, de ahí que la autoridad demandada se encontrara obligada a ceñirse a las directrices ordenadas en dicha sentencia. Por lo que, si los conceptos de violación se encaminan a combatir cuestiones que ya fueron materia de análisis en la sentencia de origen -mismas que no se impugnaron en el amparo directo promovido en contra de la misma- en el caso, la forma de calcular el incremento de la pensión por jubilación, entonces, tales argumentos son inoperantes, porque la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada, habida cuenta que tienen la particularidad de ser cosa juzgada. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable bajo el registro digital 186643, del siguiente rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO REITERAN ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN QUE YA FUERON MATERIA DE ESTUDIO EN UNA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA. Si el acto administrativo impugnado ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se emitió en acatamiento a una sentencia dictada en diverso juicio de nulidad, los conceptos de violación que en su contra se hacen valer son inoperantes, si la parte quejosa se limita a reiterar los argumentos de impugnación que esgrimió en el juicio fiscal cuya sentencia se cumplimenta, sin combatir las consideraciones en que se apoya el acto reclamado, pues los conceptos de violación expuestos por la quejosa ya fueron materia de análisis y resolución por parte del órgano jurisdiccional competente, los que constituyen cosa juzgada, y no pueden ser nuevamente objeto de estudio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación, en términos del artículo 197 de este ordenamiento." En ese orden de ideas, y al resultar inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por LAURA ELENA ZAPATA GUERRERO, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, consistente en la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, inherente a la queja interpuesta contra el cumplimiento efectuado por la parte demandada dentro del juicio de nulidad 2827/18-15-01-9. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a LAURA ELENA ZAPATA GUERRERO, contra el acto reclamado a los magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, consistente en la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, inherente a la queja interpuesta contra el cumplimiento efectuado por la parte demandada dentro del juicio de nulidad 2827/18-15-01-9, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos se advierte, en proveído de catorce de octubre del año en curso, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que, conforme a la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere para las DIEZ HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; atento a ello, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Así también, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental las constancias que se anexan al oficio de cuenta, misma que se tiene por desahogada en este acto por su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; con la documental remitida, fórmese por separado cuaderno de pruebas, identificado como tomo I, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado para su consulta. NOTIFÍQUESE.

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