Laura Elena Vazquez Angeles
Expediente 1675/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1675/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Laura Elena Vazquez Angeles
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
ESTRADOS... SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EL PROVEÍDO QUE PRECEDE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de noviembre del año que transcurre; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Finalmente toda vez que en el expediente anexó a su demanda de amparo diversos documento, catalogado como no originales en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 2, fracción XVIII del Acuerdo en cita, se deja a su disposición para que comparezca a recogerlo en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obren en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de cinco años, tal documento será depurado junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
ESTRADOS... SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EL PROVEÍDO QUE PRECEDE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Pública, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1675/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, previo a resolver sobre la admisión de la demanda de garantías que nos ocupa, debe tenerse en consideración el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro a la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En el caso, de un cabal análisis a la demanda que se provee y sus anexos, se tiene que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: La falta de regularización de su clave de Maestra Bilingüe de Educación Indígena. Luego, el suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° fracción I y 5, fracción ll, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) Il. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas... En principio, es necesario precisar que de una interpretación lógica y armónica de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se deriva que el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose como tales, a aquéllos revestidos de imperio que tienen la fuerza legal de violar por sí mismos una garantía individual en perjuicio del gobernado, más no todos aquellos que un órgano del Estado u organismo público descentralizado realicen tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, esto es, que el acto puede imponerse contra y sobre la voluntad del ciudadano. De esta manera, cabe decir, que es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por el promovente a quienes señala como autoridades responsables, implica relaciones de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que el quejoso la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13°.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos veinte, Tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil cinco, de rubro y texto siguientes: ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. De la lectura integral de la demanda de garantías, así como de los documentos que se anexaron a la misma, se pone de manifiesto que el acto del que se duele la solicitante del amparo, lo constituye en esencia, la falta de regularización de su clave de Maestra Bilingüe de Educación Indígena. Tal actuación reclamada a las autoridades responsables no puede ser considerada como actos de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que deriva de un vínculo jurídico de índole laboral establecido entre el impetrante como trabajador y las diversas autoridades que señaló dependientes de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero, en su carácter de patrón; lo anterior, aun cuando las responsables efectivamente puedan tener el carácter de autoridades dadas las funciones que tienen asignadas constitucionalmente, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente, o aquellos en que intervenga, deban considerase actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores, como en el caso que nos ocupa, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad. Por tanto, si la solicitante del amparo, Laura Elena Vázquez Ángeles, reclama la falta de regularización de su clave de Maestra Bilingüe de Educación Indígena; ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de la relación que tiene la aquí promovente, con las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero, es de carácter laboral, por lo que la actuación de las responsables son las de un patrón para con sus empleados y no la de una autoridad; tal circunstancia demuestra que en dicha relación la indicada autoridad, no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad. Es aplicable por identidad de razón, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito , cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Luego, debe considerarse que, la actuación de las autoridades señaladas como responsables no constituye de acuerdo con su naturaleza, actuación de personas de derecho público o de autoridad, sino actos de particulares, de donde resulta la improcedencia del presente juicio de garantías. Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar la demanda planteada por su notoria improcedencia. Lo que se robustece con lo sustentado en la tesis 2. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, de epígrafe: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado y como su autorizada para los mismos efectos al a persona que indica, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, como lo solicita, se autoriza el empleo de medios electrónicos digitales en el expediente en que se actúa. Sustenta a lo anterior, la tesis I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese personalmente.
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