Laura Elena Varela Belmontes

Expediente 60/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
60/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
08/03/2017

Partes del expediente

  • Laura Elena Varela Belmontes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado, licenciada María Concepción García Jacobo, da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 3228. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por el representante especial de los hijos menores de edad de la quejosa; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase la copia certificada que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci

  2. Principal

    El tres de marzo de dos mil diecisiete, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciséis de febrero al uno de marzo del año en curso, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del citado mes de febrero, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada este Juzgado, el trece de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 60/2017-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De la revisión del presente sumario se aprecia que no existen documentos originales para devolver al promovente del amparo. El incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa, se declaró sin materia, al haber quedado sin efectos el acto reclamado dentro de ese sumario. La parte quejosa no exhibió billete de depósito, a fin de garantizar las medidas provisional y definitiva solicitadas. Existen dos tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez Primero del ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado, el trece de febrero de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa en virtud de que éste se dejó sin materia; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, las documentales que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, capital del estado del mismo nombre, siendo las diez horas con diez minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 60/2017-4, promovido por Laura Elena Varela Belmontes. Presente en la sala de audiencias la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria que da fe del acto, licenciada Alva Miranda Ramírez, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace constar que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a la quejosa, mediante auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete (foja 46), para ratificar su escrito de desistimiento del presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, debiéndose continuar con la tramitación del presente juicio de amparo. Abierta la audiencia. La secretaria procede a dar lectura al escrito inicial de demanda e informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 20 a 25). A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En la etapa de pruebas. La secretaria tiene a la vista la documental que adjuntó la quejosa a su escrito inicial de demanda, así como con las diversas que en su oportunidad remitieron las responsables Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de la Capital y del Jefe de la Central de Actuarios de la Capital, ambos con sede en esta ciudad, como justificación de sus actos (fojas 20 a 25). A lo que la Juez acuerda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes señaladas; luego, al no haber más pruebas pendientes de desahogar, se concluye la presente etapa. En la etapa de alegatos. La secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les otorga el artículo 124, de la ley de la materia y al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara cerrada dicha etapa y encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. Doy fe. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 60/2017-4; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Laura Elena Varela Belmontes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, acto y por violación a la garantía individual contenida en el precepto constitucionales, que se precisan enseguida: Autoridades Responsables Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital. Dirección de Actuarios adscritos a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital. Acto reclamado "Los actos que se reclaman, el estado de indefensión en el que se me dejó al pretender sustraer a mis dos menores hijos de un plantel escolar donde cursan nivel primaria, siendo que quien ostenta la guarda y custodia de mis hijos es la que suscribe, esto es, ignorando completamente a la que suscribe y quien ostento la guarda y custodia legal de mis dos menores hijos." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo titular dictó proveído el dieciocho de enero de dos mil diecisiete (fojas 12 a 15), en que ordenó su admisión y registro bajo expediente 60/2017-4; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se nombró representante especial de los menores de edad y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O : Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: Del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital y de la Dirección de Actuarios adscritos a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital: La medida de protección decretada el dieciséis de enero de dos mil diecisiete en el juicio oral de suspensión de la patria potestad ********************, consistente en el depósito urgente de los menores de edad involucrados en el domicilio de su padre y su ejecución. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero del Ramo Familiar del distrito judicial de la Capital y Jefe de la Central de Actuarios de la Capital, ambos con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, reconocieron la existencia de los actos que les atribuye la quejosa (fojas 20 a 25). Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con las documentales que remitieron en su apoyo; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, de éste último ordenamiento legal, se desprende el acto reclamado, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. Resultan aplicables al caso, las tesis del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese contexto, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados en este juicio de amparo, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, el quejoso reclama esencialmente la medida de protección decretada el dieciséis de enero de dos mil diecisiete en el juicio oral de suspensión de la patria potestad ********************, consistente en el depósito urgente de los menores de edad involucrados en el domicilio de su padre y su ejecución. Sin embargo, del estudio de las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación, el Juez responsable el diecinueve de enero del presente año, dejó sin efecto la medida de protección referida. Aunado a lo anterior, de las constancias adjuntadas al oficio de mérito, se acreditó que dichas determinación fue notificada de manera personal a la quejosa el veinte de enero del año en curso. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable dejó sin efectos la medida de protección decretada y, por ende, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la Dirección de Actuarios adscritos a los Juzgados Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, por no haberse reclamados por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página doscientos ochenta y seis, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, el sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 74, 76, y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por ********************contra los actos reclamados de la autoridad responsable, precisados en el resultando primero de este fallo, por las razones asentados en el último de los considerandos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por la quejosa Laura Elena Varela Belmontes, mediante el cual desiste del presente juicio de amparo; por tanto, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación con su solicitud, se le requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación el presente auto, en hora hábil de despacho comparezca ante el personal de este órgano jurisdiccional debidamente identificada a ratificar el contenido del escrito de cuenta y reconocer como suya la firma que lo calza; apercibido que de no hacerlo en ese lapso, se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué"

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano