Laura Elena Sánchez Cobián
Expediente 2427/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2427/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/04/2018
Partes del expediente
- Laura Elena Sánchez Cobián
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En la misma fecha, el secretario Roberto Alvarado Hernández da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 94), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinte de febrero de la presente anualidad (fojas 52 a 69), se determinó conceder a Laura Elene Sánchez Cobián, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $6,724.18 (seis mil setecientos veinticuatro pesos 18/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública treinta y cuatro mil setecientos sesenta y seis, tomo centésimo trigésimo, libro séptimo, del Protocolo a cargo del Notario Público número Quince, con sede en esta Ciudad, licenciado Jorge Arturo Parra Carrillo (fojas 11 y 12); pago que cubrió el seis de diciembre de dos mil diecisiete, conforme se advierte del comprobante de pago respectivo (fojas 13 y 50) (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.)". Sentencia que causó ejecutoria el catorce de marzo de la presente anualidad (fojas 86 a 87). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexos recibido en este Juzgado Federal el dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 92), que contienen la suma de la cantidad erogada y su respectiva actualización, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $6,541.55 (seis mil quinientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 14), y que se efectúo la devolución mediante un cheque bueno por $6,541.55 (seis mil quinientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), el cual es la correspondiente cantidad actualizada, ya que se le notificó el veintitrés de marzo de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a marzo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de noviembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas 1.01511027 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,444.18 (seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con dieciocho centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,541.55 (seis mil quinientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $97.37 (noventa y siete pesos con treinta y siete centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte quejosa, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 94), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veinte de febrero de la presente anualidad (fojas 52 a 69), se determinó conceder a Laura Elene Sánchez Cobián, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $6,724.18 (seis mil setecientos veinticuatro pesos 18/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública treinta y cuatro mil setecientos sesenta y seis, tomo centésimo trigésimo, libro séptimo, del Protocolo a cargo del Notario Público número Quince, con sede en esta Ciudad, licenciado Jorge Arturo Parra Carrillo (fojas 11 y 12); pago que cubrió el seis de diciembre de dos mil diecisiete, conforme se advierte del comprobante de pago respectivo (fojas 13 y 50) (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.)". Sentencia que causó ejecutoria el catorce de marzo de la presente anualidad (fojas 86 a 87). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexos recibido en este Juzgado Federal el dos de abril de dos mil dieciocho (fojas 91 a 93), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 92), que contienen la suma de la cantidad erogada y su respectiva actualización, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $6,541.55 (seis mil quinientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 14), y que se efectúo la devolución mediante un cheque bueno por $6,541.55 (seis mil quinientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional), el cual es la correspondiente cantidad actualizada, ya que se le notificó el veintitrés de marzo de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a marzo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de noviembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de noviembre de dos mil diecisiete fue de 130.044, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas 1.01511027 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $6,444.18 (seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con dieciocho centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $6,541.55 (seis mil quinientos cuarenta y un pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $97.37 (noventa y siete pesos con treinta y siete centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados a la parte quejosa, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, rinde informe en cumplimiento al fallo protector y remite copia certificada de la diligencia levantada por el notificador adscrito a esa Junta laboral el seis de febrero del año en curso, consistente en el cambio de depositario de los bienes embargados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense al presente sumario el ocurso y anexos de cuenta, en vías de cumplimiento al fallo protector. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal, que al calce, la autoridad oficiante haya signado su ocurso como Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit; error de precisión que resulta intrascendente, pues de autos se aprecia que dicha representación lo es con el carácter de Presidente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su representación legal de dicha Secretaría y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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