Laura Elena Rosales Medina
Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Laura Elena Rosales Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
-Se Ordena Destrucción de Cuaderno de Prueba- Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial asentada en la cuenta, se desprende que, en proveído de trece de abril de dos mil veintiuno se declaró cumplida la sentencia, por lo que se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que las constancias que la autoridad responsable Juez Segundo Mercantil del estado adjuntó a su informe justificado es copia certificada del expediente..., atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que ese legajo de copia certificada es destruible en términos del artículo 20 fracción I, inciso a), señalando como fecha susceptible para tal efecto desde el catorce de octubre de dos mil veintiuno; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado el legajo correspondiente. En el caso, se cumplió término antes indicado, transcurrieron treinta días después de esa fecha, por tal motivo, destrúyase el legajo de copias certificadas e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cúmplase.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, trece de abril de dos mil veintiuno. -Análisis de cumplimiento y archivo - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: Dejara insubsistente la interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veinte, dentro del expediente .......... Siguiendo los lineamentos indicados en la presente sentencia, emitiera nueva resolución en que resolviera el incidente de liquidación planteado, tomando en consideración los abonos realizados por la demandada y ahora quejosa, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho proceda. Mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector, así como a su superior jerárquico. Por oficio recibido en este Juzgado, el once de marzo de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de lo Mercantil del Estado., informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El diez de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veinte en los autos del expediente 1191/2013. En la propia fecha dictó una nueva resolución, en la que, tomando en consideración los lineamientos de la ejecutoria, aplicó los abonos exhibidos por la demandada y ahora quejosa, y con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho consideró. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: El expediente es depurable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), en razón de que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y con esta fecha en la que se actúa, se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. Consérvese el presente asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese, conservando la demanda y la resolución dictada; así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos del artículo 18 fracción I, inciso a, del referido ordenamiento legal, toda vez que provisional y definitivamente se concedió la suspensión. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto el catorce de octubre de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. - Inexistencia de documentos originales- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. - Inexistencia de documentos de información reservada- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista al resto de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2021.... 529/2020-I.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, doce de marzo de dos mil veintiuno. -Vista cumplimiento- Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Mercantil del Estado, agréguese a los autos para que obre como corresponda, pues informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe las documentales respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento alguno, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Notifíquese por lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021. 529/2020-I.
- Principal
Visto el estado de autos, advirtiéndose de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. -HA LUGAR A ACLARAR LA SENTENCIA- Visto el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que por auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al autorizado legal de la quejosa Laura Elena Rosales Medina, solicitando aclaración de la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de febrero del año en curso, toda vez que en el considerando quinto se concede la protección constitucional y en el resolutivo único se asentó que ".La justicia de la Unión no ampara ni protege a Laura Elena Rosales Medina, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Mercantil del Estado." Respecto a la petición de la parte quejosa, es procedente la aclaración de sentencia, por los siguientes motivos. El artículo 74, párrafo último, de la Ley de Amparo, en lo conducente, estatuye: "Artículo 74. La sentencia debe contener: (.) El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma." A su vez, la aclaración de sentencia es una institución procesal, cuya finalidad es aclarar y corregir los errores materiales y oscuridades de la resolución para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. La necesidad de corregir y suplir los errores u omisiones en la sentencia ejecutoria es con el objeto de que no se impida su debido cumplimiento y de que guarde la debida congruencia interna y externa, procurando con ello abonar a la certeza jurídica en favor de los justiciables; de ahí que los órganos jurisdiccionales, puedan corregir el error del documento para hacerlo coincidente con la ejecutoria de amparo como acto jurídico. La institución de la aclaración de sentencia encuentra su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para que la justicia sea completa, es necesario que las resoluciones que se dicten sean congruentes y exhaustivas, objetivo que no se lograría sin la figura jurídica en comento, que permite aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o bien, corregir error o defecto material de la sentencia ejecutoria. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 94/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la página 6, tomo Vl, diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo". Recapitulando, si la aclaración de sentencias es una institución procesal que para su procedencia, debe reunir, fundamentalmente dos requisitos: a) Existencia de conceptos ambiguos, contradictorios y oscuros, omisiones y, en general, errores o defectos. b) Que la resolución constituya ejecutoria. Sentado lo anterior, la sentencia en la parte que se pide la aclaración, específicamente el considerando quinto y sexto, se resolvió lo siguiente: "(.) Con lo anterior, se evidencia la trasgresión a la garantía de legalidad y seguridad jurídica alegada por la quejosa. En consecuencia, al resultar fundado el motivo de inconformidad expuesto en la demanda, lo que procede es conceder la protección constitucional a Laura Elena Rosales Medina. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículos 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Jueza Segundo de lo Mercantil en el Estado, con sede en esta ciudad: ? Deje insubsistente la interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veinte, dentro del expediente 1191/2013. ? Siguiendo los lineamentos indicados en la presente sentencia, emita nueva resolución en que resuelva el incidente de liquidación planteado, tomando en consideración los abonos realizados por la demandada y ahora quejosa, y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." Mientras que en el resolutivo único, se estableció: "ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Laura Elena Rosales Medina, respecto al acto reclamado al Juez Segundo de lo Mercantil del Estado, en atención al considerando quinto de la presente resolución." En caso en el que se propone la aclaración de sentencia, si se cumplen los requisitos destacados, ya que en primer efectivamente se encuentra firme, pues en este mismo auto se declaró así la misma. También se cumplir el diverso requisito, pues existe un punto contradictorio que debe ser esclarecido. Esto es así, pues en la sentencia en los considerandos quinto y sexto, se justificó las razones para conceder la protección constitucional y los efectos de la misma; sin embargo, la parte medular de la sentencia no se encuentra armonizado con lo que se estableció erróneamente en el resolutivo "Único", al desprenderse de la redacción, que se había negado el amparo. De esta manera, para salvar el error en que se incurrió, se aclara la sentencia para que el resolutivo quede de la siguiente forma: "ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Laura Elena Rosales Medina, respecto al acto reclamado al Juez Segundo de lo Mercantil del Estado, en atención al considerando quinto de la presente resolución." La anterior determinación, no constituye variación de fondo en la sentencia, y solo se armoniza, salvando el error en que se incurrió, a través de la citada institución procesal. -Requiere cumplimientoPor ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Segundo Mercantil del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintiuno, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $-------------------- (................................... moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las cien unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $.....................(.....................moneda nacional). Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dese cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. -Devuelve constancias- Finalmente, devuélvase al Juez Segundo mercantil del Estado, el anexo que acompañó a su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente 1191/2013 de su índice. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 1/2021.....529/2020. Doy fe. Con efectos de notificación personal se notifica por lista el presente auto al tercero interesado Hugo Eduardo Castañón Ibarra, en virtud de que no cumplió con el requerimiento de señalar domicilio en esta ciudad de Aguascalientes para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Doy Fe.-
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