Laura Elena Romero Reyes

Expediente 1090/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1090/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Laura Elena Romero Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con diez minutos del quince de julio de dos mil veintidós (fojas-- ), hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1090/2022, promovido por Laura Elena Romero Reyes, encontrándose en audiencia pública la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, asistida por el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que en esta fecha se tiene por recibo u se ordena agregar a los autos. Enseguida la Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Téngase por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, el cual se pone a la vista de las partes; y con las documentales que allega, se ordena dar nuevamente cuenta en la etapa correspondiente de la presente audiencia. Ahora, toda vez que obra el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, así como diferir la presente audiencia a efecto de que medie el plazo contemplado en el artículo 117 de la Ley de la Materia para que la parte quejosa se imponga de su contenido, no ha lugar a ello, pues se busca consagrar el principio de expeditez contemplado en el artículo 17 Constitucional, aunado a ello, el sentido de la resolución no variaría; por tanto, lo único que traería es el retardo del fallo, contrariando el ánimo del principio de celeridad procesal consagrado en el artículo constitucional citado. A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la parte quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. La Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de este derecho. La Secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1090/2022, promovido por Laura Elena Romero Reyes; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el quince de junio de dos mil veintidós, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), recibido por este juzgado el mismo día, compareció Laura Elena Romero Retes, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: Se reclama la omisión al dejar de dictar las medidas necesarias a fin de certificar que no existen pruebas pendientes por diligenciar, el dejar de conceder término de alegatos a las partes, dentro del expediente 268/E/2019." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1090/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 268/E/2019, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de emitir certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, dentro de los autos del expediente laboral 268/E/2019. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de emitir certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, dentro de los autos del expediente laboral 268/E/2019, sin embargo, refiere que el catorce de julio de dos mil veintidós certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogarse. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, en la que la responsable certificó la inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que emitiera la certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, lo que en la especie aconteció. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Laura Elena Romero Reyes, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTA la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada dentro del presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

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