Laura Elena Ríos Rodríguez

Expediente 508/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
508/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Laura Elena Ríos Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y toda vez que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó por auto el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la (s) responsable (s) no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la citada ley, esta solo podrá interponer recurso de revisión de la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo. Archivo y anotaciones. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Destino del expediente. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 del Acuerdo General en consulta, este expediente no se considera de relevancia documental. IV. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. V. Destino de los cuadernos incidentales. Ahora, se precisa que, respecto al cuaderno incidental original, en términos de la fracción I, inciso a) y dos últimos párrafos del artículo 18, del Acuerdo General Conjunto señalado con antelación, es susceptible de depuración toda vez que se concedió la medida suspensional solicitada; por tanto, manténgase ligado al juicio de amparo, y una vez transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo del juicio principal, contados a partir del día hábil siguiente a la presente fecha, y depurado que sea el expediente en los términos ordenados por el penúltimo párrafo del artículo 18, del mencionado Acuerdo, remítase al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal, para que lo resguarde en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, respecto al duplicado del referido incidente, en atención a lo dispuesto en el arábigo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento invocado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción, y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice el hecho que se haya ordenado el archivo de los cuadernillos incidentales en la suspensión definitiva de los mismos, virtud que el cómputo para su destrucción y/o depuración será conforme al presente auto. VI. Devolución de DVD. Luego, se ordena la devolución del registro de audio y video a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, y así como uno diverso al Juez del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, por ser innecesaria su retención. Sin que resulte necesario requerir acuse de recibo, toda vez que la constancia de entrega del oficio correspondiente es suficiente para acreditar la recepción de lo inherente. VIII. Se comunica a las partes la adscripción de la titular. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez del Sistema Penal Acusatorio Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el diez de diciembre del año en curso. Al efecto, remite videograbación de la audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, en la cual se decretó el sobreseimiento de la causa penal 2220/2019, de su índice, únicamente por lo que hace a la aquí quejosa Laura Elena Ríos Rodríguez; así como la copia certificada de la transcripción de la referida resolución. Por tanto, se tienen por recibidas dichas documentales públicas, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. Al efecto, debe señalarse que del oficio y anexo de cuenta, se desprende que en audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento parcial de la causa penal de origen por lo que hace a la aquí promovente de la acción constitucional, por haber celebrado acuerdo reparatorio con las víctimas Ana Luisa Almeida y Juan Alberto Blanco Saldívar, en términos de los artículos 186, 187, 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, se advierte que respecto al acto reclamado en esta vía consistente en el auto de vinculación a proceso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" A fin de soportar la decisión que se adopta en este fallo, se estima conveniente señalar que la norma en consulta prevé dos supuestos ante los cuales ha de considerarse improcedente el juicio de amparo, con motivo del consentimiento que la parte quejosa adopte en relación con el acto materia del juicio. Dichos supuestos son los siguientes: a) Consentimiento expreso, que se produce cuando en forma indubitable el quejoso manifiesta su conformidad con el acto o actos reclamados; y b) Consentimiento tácito, el cual opera a partir de la conducta que la parte quejosa produzca en relación con el acto reclamado, cuando aquélla, si bien no es expresa, sí es en el sentido de conformarse con el contenido, la ejecución o las consecuencias del propio acto de autoridad. La diferencia que se advierte sobre el particular consiste en que en el primer caso el consentimiento necesariamente se produce mediante una conducta de hacer; mientras que en el segundo supuesto no es forzoso que tal conducta se produzca, ya que el consentimiento ahí previsto puede generarse a partir de conductas de no hacer, de tolerar. En el caso, cobra actualización el segundo de los supuestos arriba mencionados, ya que el quejoso se sujetó a una solución alterna, lo que constituye un claro consentimiento de los actos reclamados en estudio. Al efecto, es conveniente citar lo que al respecto refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a la solución alterna colmada en el proceso del que emana el acto reclamado. "Artículo 183. Principio general. [.] Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso, y el procedimiento abreviado, dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o de terminación anticipada del proceso. Artículo 184. Soluciones alternas. Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso. CAPÍTULO II ACUERDOS REPARATORIOS Artículo 186. Definición. Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios. Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: I. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; II. Delitos culposos, o III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades federativas. Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Artículo 188. Procedencia. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. De la transcripción anterior se desprende la celebración de un acuerdo reparatorio es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo de voluntades entre el imputado(a) y la víctima u ofendido del delito, bajo aprobación de la representación social o el órgano jurisdiccional, cuya finalidad consiste en decretar la extinción de la acción punitiva una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio. En ese sentido, la celebración de un acuerdo reparatorio constituye una salida alterna al conflicto penal que, si bien no deja de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Así, uno de los ejes centrales de la reforma estructural en el sistema penal acusatorio, tuvo como referente el que las partes pudieran solucionar el conflicto punitivo a través de la justicia restaurativa, cuyo presupuesto primordial lo constituye el consentimiento libre y voluntario del imputado y de la víctima u ofendido, de formular un plan de obligaciones a cargo de aquel, en el que el cumplimiento dará lugar a que el juez de la causa decrete la extinción de la acción punitiva del estado. Empero, en caso de incumplir lo pactado se procederá a la continuación del proceso como si no se hubiere celebrado acuerdo alguno. Bajo ese orden de ideas, de las constancias que anexó la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, se advierte que en audiencia de ocho de diciembre del año en curso, dicho órgano judicial estimó procedente el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato celebrado entre la imputada y las víctimas del delito, quienes manifestaron haber recibido íntegramente el numerario pactado, por lo que procedió a la autorización de la salida alterna planteada; dejó insubsistente la medida cautelar impuesta, ordenó su inmediata libertad y decretó el sobreseimiento parcial de la causa por lo que hace a la aquí quejosa. En esa tesitura, a juicio de quien resuelve, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- se acoge a una solución alterna o forma de terminación anticipada, como en el caso, la celebración de un acuerdo reparatorio, entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario de la imputada y víctimas de concluir el conflicto bajo los efectos de un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 33/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el número de registro electrónico 2014495, de contenido siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, de conformidad con el numeral 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, por los motivos y fundamentos expuestos en párrafos precedentes. Cabe precisar que algunos de los criterios judiciales anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, citados en esta sentencia, son aplicables al caso concreto y resulta factible invocarlos, pues no se oponen a las prevenciones contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por tanto, se está acorde, en lo conducente con lo dispuesto en el transitorio sexto de la invocada legislación, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a las disposiciones actuales. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Por último, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, suscrita electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 11 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del propio Consejo, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID19, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 1, fracción IV, del Acuerdo en mención, no corren plazos ni términos procesales, por lo que la notificación de la presente determinación se tendrá por hecha a partir de que se normalicen las actividades de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Everardo Carrillo Carrillo, Secretario de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; con fundamento en los artículos 61, 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito presentado por el licenciado Ramón Rivera Loya, autorizado de la parte quejosa; mediante el cual informa una posible causal de sobreseimiento. Al respecto, este órgano de control constitucional se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad; remita las constancias que le fueron solicitadas en auto de diez de diciembre del año en curso.

  4. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado actual que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diez de diciembre del año en curso, se solicitaron diversas constancias a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, relativas a la causa penal de origen 2220/2019, de su índice; sin que hasta el momento haya rendido las mismas, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se le solicitaron. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 124, de la Ley de Amparo y 283, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria Alicia Alejandra Torres Enríquez, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

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