Laura Elena Mendoza García

Expediente 119/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
119/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • Laura Elena Mendoza García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos. Vistos los autos específicamente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa, sin que hubiese realizado manifestación alguna respecto a la vista otorgada en proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. II. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, remítase físicamente el presente expediente, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. I. Estado procesal de autos. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario. II. Efectos del fallo protector. En sentencia de veinte de abril de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria el veintiuno de agosto siguiente, para los efectos siguientes: "1. No le sea aplicado el decreto 306 impugnado, en lo presente ni en lo futuro hasta en tanto no sea reformado; y, 2. Por vía de consecuencia, dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto del impuesto predial correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, por la cantidad de $5,180.00 (cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo al inmueble identificado con la clave catastral 011-000-019-059-171-001, que consta en el respectivo recibo de pago; para el efecto de que sea devuelta a la quejosa la cantidad que indebidamente pagó por la aplicación del artículo declarado inconstitucional; sin que ello implique que la antes aludida deje de pagar el impuesto predial respecto al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera en virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique la cuota fija y la tasa mínima que contempla el artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para los predios sin construcción, sobre la base que resulte del período inmediato anterior que hubiese consentido la quejosa, a saber, aquel que corresponda al entero del tributo que no haya impugnado, para así calcular el monto relativo al impuesto predial para el ejercicio respectivo. De ese modo, al ser la autoridad fiscal recaudadora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a fin de que reintegre a la peticionaria de amparo la cantidad excedente al cálculo precisado en el párrafo anterior, que enteró por concepto de impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como consta en el Recibo de Pago antes precisado. (.) Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que se haya sobreseído en el juicio respecto de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución. (.) Es menester indicar que la cantidad que se ordena devolver en su favor en el presente fallo, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues estos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector." III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: En resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el recibo de pago 44498071, asimismo el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por conducto de su delegado, allegó a este órgano jurisdiccional acuse de recibo del cheque 0060445 a nombre de la parte quejosa, por la cantidad de $1,194.99 (un mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 moneda nacional), el cual fue recibido por el autorizado de la quejosa. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la citada autoridad, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Lo anterior, sin que obste que la cantidad devuelta por la autoridad responsable a la parte quejosa ($1,194.99 (un mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 moneda nacional)), resulte menor a lo que la autoridad responsable debió devolver a la quejosa, como en seguida se observa: Periodo 2018 Valor catastral $ 2,898.186.53 Tasa mínima que contempla el artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 0.00250 = $7,245.46 Descuento casa habitación $ 3,622.73 Cantidad pagada por la parte quejosa $5,180.00 Diferencia a favor. $1,557.27. Diferencia entre lo devuelto y la cantidad a favor. $362.28 Es decir, existe una diferencia de $362.28 pesos (trescientos sesenta y dos pesos 28/100 moneda nacional), sin embargo, la discrepancia entre la cantidad devuelta por la autoridad responsable y lo precisado por este órgano jurisdiccional, no trastoca los derechos de la parte quejosa. Es decir, el déficit de los trescientos sesenta y dos pesos con veintiocho centavos, no es relevante como para no tener por cumplido el fallo protector, toda vez que al ser omisa la parte quejosa en realizar manifestación alguna, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, pese a la oportunidad procesal que se le dio para ello, en proveídos de cinco, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho y dieciocho de febrero del presente año, corrobora que en efecto quedó conforme con la cantidad recibida, esto, con independencia de los trescientos sesenta y dos pesos con veintiocho centavos, que existen de diferencia entre lo establecido por este órgano jurisdiccional y el cálculo realizado por la responsable, pues es la autoridad quien técnicamente tiene a su alcance las herramientas y elementos para realizar el cálculo de manera apropiada. Por tanto, se advierte que al haberse realizado la devolución a la quejosa de la cantidad señalada en primer término, la autoridad cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo. IV. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. V. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. VI. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VII. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VIII. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. IX. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Relación de estado procesal de autos. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que afirmó dar la autoridad responsable. Efectos del fallo protector. Ahora, en sentencia de veinte de abril de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria el veintiuno de agosto siguiente, para los efectos siguientes: "1. No le sea aplicado el decreto 306 impugnado, en lo presente ni en lo futuro hasta en tanto no sea reformado; y, 2. Por vía de consecuencia, dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto del impuesto predial correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, por la cantidad de $5,180.00 (cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo al inmueble identificado con la clave catastral 011-000-019-059-171-001, que consta en el respectivo recibo de pago; para el efecto de que sea devuelta a la quejosa la cantidad que indebidamente pagó por la aplicación del artículo declarado inconstitucional; sin que ello implique que la antes aludida deje de pagar el impuesto predial respecto al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera en virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique la cuota fija y la tasa mínima que contempla el artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para los predios sin construcción, sobre la base que resulte del período inmediato anterior que hubiese consentido la quejosa, a saber, aquel que corresponda al entero del tributo que no haya impugnado, para así calcular el monto relativo al impuesto predial para el ejercicio respectivo. De ese modo, al ser la autoridad fiscal recaudadora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a fin de que reintegre a la peticionaria de amparo la cantidad excedente al cálculo precisado en el párrafo anterior, que enteró por concepto de impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como consta en el Recibo de Pago antes precisado. (.) Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que se haya sobreseído en el juicio respecto de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución. (.) Es menester indicar que la cantidad que se ordena devolver en su favor en el presente fallo, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues estos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector." III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: En resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el recibo de pago 44498071, asimismo el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por conducto de su delegado, allegó a este órgano jurisdiccional acuse de recibo del cheque 0060445 a nombre de la parte quejosa, por la cantidad de $1,194.99 (un mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 moneda nacional), el cual fue recibido por el autorizado de la quejosa. De lo anterior, se aprecia que la citada autoridad, atendió a los efectos de la sentencia de amparo, sin embargo, la cantidad devuelta por la autoridad responsable a la parte quejosa ($1,194.99 (un mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 moneda nacional)), resulta menor a lo que debió devolverle, como en seguida se observa: Periodo 2018 Valor catastral $ 2,898.186.53 Tasa mínima que contempla el artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 0.00250 = $7,245.46 Descuento casa habitación $ 3,622.73 Cantidad pagada por la parte quejosa $5,180.00 Diferencia a favor. $1,557.27. Diferencia entre lo devuelto y la cantidad a favor. $362.28 Es decir, existe una diferencia de $362.28 pesos (trescientos sesenta y dos pesos 28/100 moneda nacional). Requerimiento a la parte quejosa. Ahora bien, a fin de que este Juzgado de Distrito esté en posibilidad de pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; dése vista a la parte quejosa con lo establecido anteriormente y prevéngasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, manifieste si es de su intención que se le cubra la citada cantidad restante de $362.28 pesos (trescientos sesenta y dos pesos 28/100 moneda nacional). V. Apercibimiento. Con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, en el plazo indicado, se entenderá que no es de su intención que se efectúe el pago de la cantidad restante, con base en lo cual se procederá a realizar el pronunciamiento correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos del ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Francisco Javier Frías Luna, Secretario que autoriza y da fe.Relación de estado procesal de autos. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que afirmó dar la autoridad responsable. Efectos del fallo protector. Ahora, en sentencia de veinte de abril de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria el veintiuno de agosto siguiente, para los efectos siguientes: "1. No le sea aplicado el decreto 306 impugnado, en lo presente ni en lo futuro hasta en tanto no sea reformado; y, 2. Por vía de consecuencia, dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto del impuesto predial correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, por la cantidad de $5,180.00 (cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo al inmueble identificado con la clave catastral 011-000-019-059-171-001, que consta en el respectivo recibo de pago; para el efecto de que sea devuelta a la quejosa la cantidad que indebidamente pagó por la aplicación del artículo declarado inconstitucional; sin que ello implique que la antes aludida deje de pagar el impuesto predial respecto al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, sino por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera en virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique la cuota fija y la tasa mínima que contempla el artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para los predios sin construcción, sobre la base que resulte del período inmediato anterior que hubiese consentido la quejosa, a saber, aquel que corresponda al entero del tributo que no haya impugnado, para así calcular el monto relativo al impuesto predial para el ejercicio respectivo. De ese modo, al ser la autoridad fiscal recaudadora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, a fin de que reintegre a la peticionaria de amparo la cantidad excedente al cálculo precisado en el párrafo anterior, que enteró por concepto de impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como consta en el Recibo de Pago antes precisado. (.) Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que se haya sobreseído en el juicio respecto de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución. (.) Es menester indicar que la cantidad que se ordena devolver en su favor en el presente fallo, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues estos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector." III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: En resolución de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos el recibo de pago 44498071, asimismo el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por conducto de su delegado, allegó a este órgano jurisdiccional acuse de recibo del cheque 0060445 a nombre de la parte quejosa, por la cantidad de $1,194.99 (un mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 moneda nacional), el cual fue recibido por el autorizado de la quejosa. De lo anterior, se aprecia que la citada autoridad, atendió a los efectos de la sentencia de amparo, sin embargo, la cantidad devuelta por la autoridad responsable a la parte quejosa ($1,194.99 (un mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 moneda nacional)), resulta menor a lo que debió devolverle, como en seguida se observa: Periodo 2018 Valor catastral $ 2,898.186.53 Tasa mínima que contempla el artículo 35, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 0.00250 = $7,245.46 Descuento casa habitación $ 3,622.73 Cantidad pagada por la parte quejosa $5,180.00 Diferencia a favor. $1,557.27. Diferencia entre lo devuelto y la cantidad a favor. $362.28 Es decir, existe una diferencia de $362.28 pesos (trescientos sesenta y dos pesos 28/100 moneda nacional). Requerimiento a la parte quejosa. Ahora bien, a fin de que este Juzgado de Distrito esté en posibilidad de pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; dése vista a la parte quejosa con lo establecido anteriormente y prevéngasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, manifieste si es de su intención que se le cubra la citada cantidad restante de $362.28 pesos (trescientos sesenta y dos pesos 28/100 moneda nacional). V. Apercibimiento. Con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, en el plazo indicado, se entenderá que no es de su intención que se efectúe el pago de la cantidad restante, con base en lo cual se procederá a realizar el pronunciamiento correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese en términos del ley.

  4. Principal

    . Notifíquese en términos de Ley.

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