Laura Elena García Galindo
Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Laura Elena García Galindo
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos se advierte que estaba programada en este asunto audiencia constitucional para el veinticinco de octubre del año que transcurre. Sin embargo, de la certificación de cuenta se desprende mediante circular ********************/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, y diverso comunicado de veinticinco de octubre del año en curso suscrito por los Coordinadores de Magistrados, Jueces de Distrito, y Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en Sinaloa, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veintisiete del mes y año en curso, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes de esta institución, por lo que se suspendieron plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que da fe.
- Incidental
Culiacán, Sinaloa, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se recibe el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio del amparo en revisión 301/2023; promovido por ****************************************Remítase el acuse de recibo vía interconexión. En la determinación aludida, se advierte que se resolvió: PRIMERO********************Se confirma la sentencia recurrida******************** SEGUNDO********************La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la sentencia que se revisa******************** En razón que dicho fallo fue emitido por el tribunal superior, resulta inatacable, por tanto causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. En la inteligencia que el amparo y protección se concedió para el efecto que: SEXTO********************Efectos protectores******************** Al causar firmeza esta resolución, la Jueza de lo Penal de esta ciudad debe realizar lo siguiente: 1********************Dejar insubsistente el auto de formal prisión dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós en la causa penal ********************, contra ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico******************** 2********************En su lugar, emita nueva resolución en la que con base en los lineamientos fijados en esta sentencia, determine la inexistencia del elemento engaño del cuerpo del delito de fraude genérico; asimismo, con libertad de jurisdicción, determine si es o no competente para conocer de la causa penal de origen******************** Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, asistido del licenciado Ramón Gustavo Grajeda Tello, secretario de juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Laura Elena García Galindo. Acto reclamado: Retenciones o descuentos de su sueldo como trabajador. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Tramítese por separado el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese.
- Incidental
Culiacán, Sinaloa, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. I. Trámite Incidente. Como está ordenado en proveído de la propia fecha y con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese por separado y duplicado el presente incidente de suspensión. II. Habilitación de días y horas. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente incidente. III. Audiencia incidental. Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DE CUATRO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informes previos. En términos de los numerales 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento de su notificación, en el cual deberá expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. Apercibidas que de no rendir su informe previo dentro del lapso otorgado, se presumirá cierto el acto reclamado. En el entendido que podrán rendir el informe por cualquier medio de las oficinas públicas de comunicaciones, en cuyo caso no es necesario hacerlo vía ordinaria. V. Concesión de la medida. La parte quejosa reclama las retenciones o descuentos de sus percepciones como trabajador. Del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 125, 128, 139 y 147 de la Ley de Amparo, deriva que la suspensión del acto reclamado es medida cautelar de carácter instrumental que tiene como finalidad preservar la materia del juicio constitucional, a fin de impedir que, mientras éste se resuelva en definitiva, el acto reclamado se consume irreparablemente; además, de ser material y jurídicamente posible, restablecer provisionalmente al quejoso del derecho violado, pues los alcances de la suspensión pueden llegar a ser verdadera tutela anticipada, salvo que con su otorgamiento se deje sin materia el fondo, pues precisamente el objeto de la medida es la preservación de su materia. En torno la suspensión de los actos reclamados, existen requisitos naturales y legales a satisfacer para su otorgamiento, los cuales están previstos en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo. Para suspender los actos reclamados, de acuerdo a su naturaleza necesariamente deben ser susceptibles de ser paralizados, pues deben existir y no ser consumados, esos son requisitos naturales para conceder la suspensión; después, deben satisfacerse los requisitos legales, como son la solicitud del agraviado y el interés suspensional de éste (artículo 128, fracción I). Además, debe verificarse que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 128, fracción I); asimismo, debe constatarse que sean de difícil o de imposible reparación los daños y perjuicios que con la ejecución del acto se pudieran causar al agraviado. El orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar bienestar o impedir algún mal a la población, es decir, orden público son las disposiciones de los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad ventaja, provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Así, se afecta al orden público y al interés social cuando con la suspensión se priva a la colectividad de algún beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultarle en la página 58, Volumen 47, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. En el caso, la parte quejosa reclama las retenciones o descuentos de sus percepciones como trabajadora y solicitó la medida cautelar, por lo cual está satisfecha la exigencia prevista en el artículo (artículo 128, fracción I). También está acreditado el interés suspensional (artículo 128, fracción I), dado que con el recibo adjunto a la demanda se advierte que está a nombre de la parte quejosa, donde aparecen los descuentos reclamados. La existencia de tales descuentos está demostrado con el propio recibo de pago; al tratarse de descuentos a las percepciones de la parte quejosa son hechos de naturaleza positiva, esto es, implica actuar de la autoridad, por lo que es factible paralizar dicha acción; con lo cual están colmados los requisitos naturales de existencia y posibilidad de paralización. Al otorgar la medida no se priva a la colectividad de algún beneficio que le otorgan las leyes, ni se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, pues solo involucra derechos de particulares; por tanto, el orden público y el interés social no es afectado con la suspensión (artículo 128, fracción II). De no conceder la suspensión provisional existe riesgo que mientras se resuelve en definitiva el fondo de la problemática constitucional planteada, el acto reclamado sea consumado irreparablemente, pues al ser descontadas las percepciones de la parte quejosa y entregados a los terceros acreedores pudiera quedar satisfecho el pago total del adeudo; lo que, además, ocasionaría al solicitante daños de difícil y hasta de imposible reparación, ante la dificultad que representaría que el acreedor le restituyera la monto de los descuentos en caso de obtener sentencia de fondo favorable. Con la suspensión no queda sin materia el fondo de la cuestión planteada, pues su constitucionalidad no es analizada y, de negarse la protección pedida, los descuentos serían reanudados a fin de ser entregados a los acreedores; por lo que tampoco se le daría efectos restitutorios. Al tema es ilustrativa la jurisprudencia PC.IV.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1448, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA. La retención del salario de un trabajador activo -no cesado o suspendido temporalmente como sanción-, de una corporación policial, dictada fuera de o durante el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra, es un acto de tracto sucesivo para efectos de la suspensión, respecto del cual la medida cautelar es procedente. Ello, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el salario y que se mantenga en poder de la autoridad, porque se realiza en forma consecutiva, atento a que el salario se genera día con día. De ahí que se trate de actos que, por su naturaleza, son susceptibles de suspenderse. Desde luego sin dejar de observar que la medida cautelar no opera sobre los actos ya realizados, sino solamente para efecto de que se paralice la retención del salario que se siga generando a partir de que se provee sobre la suspensión, con efecto de que el quejoso siga percibiendo su salario, siempre que se encuentren satisfechos los requisitos legales previstos para su concesión. Con base en lo anterior, se concede la suspensión provisional para efecto que se paralice las retenciones reclamadas, a fin que la parte quejosa continúe con la percepción de sus ingresos. VI. Efectividad de la suspensión. Con sustento en los numerales 132 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija garantía en los términos siguientes: Cuando con la suspensión del acto reclamado se pueda ocasionar daño o perjuicio a la parte tercera interesada, la quejosa deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Notifíquese.
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