Laura Elena Aguilar Rosas

Expediente 2010/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2010/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Laura Elena Aguilar Rosas
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • LAURA ELENA AGUILAR ROSAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que las responsables, en el ámbito de su competencia, desincorporaran de su esfera jurídica los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolvieran la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de enero de dos mil veinte, la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $6,142.72 (seis mil ciento cuarenta y dos pesos 72/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el diecisiete de enero de dos mil veinte; sin embargo, en auto de diez de marzo de ese año, este juzgado consideró que la ejecutoria de mérito no se encontraba debidamente cumplida, pues se determinó un faltante a favor de la parte quejosa de $83.73 (ochenta y tres pesos 73/100 moneda nacional), por lo que se le requirió a fin de que reintegrara dicho monto. Asimismo, por comunicado y anexos recibidos el tres de agosto del año que transcurre, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que devolvió a la parte quejosa el monto faltante mediante cheque el dieciocho de marzo de este año. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración; además, que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través del cual, en atención a la vista de tres de diciembre del año en curso, rinde informe respecto al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva incoado por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el numeral 208 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para que obren como correspondan y surtan sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en el momento procesal oportuno. Por otra parte, con fundamento en el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo Vigente, por disposición expresa en su precepto 2, se autoriza la expedición de las copias simples que menciona, a su costa, previa toma de razón y constancia de recibo que deje en autos. De igual forma, con apoyo en el aludido numeral 278, en relación con el arábigo 17 de la Constitución Federal, se autoriza para que obtenga copia mediante escáner portátil, cámara fotográfica o fotografía por teléfono celular de las actuaciones que obran en este juicio de garantías, previa identificación y constancia que deje en autos. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Finalmente, con fundamento en el numeral 9 de dicha ley, téngase designando como delegados los que señala. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el catorce de octubre del año que transcurre (fojas 203-204), el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de octubre del año en cita (foja 205), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa y tercera interesada el dieciséis y veintiuno de octubre del año que transcurre, respectivamente (fojas 206 y 209); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió en exceso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 143-147), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo conducente es conceder la protección federal solicitada por la quejosa a efecto de que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit: -De forma inmediata, señale fecha para el desahogo de las pruebas de cotejo y compulsa ofertadas dentro del término que establece el artículo 884, fracción II, de la Ley Federal de Trabajo, notifique lo anterior a las partes y desahogue las pruebas de cotejo y compulsa ofrecidas bajo los números siete, nueve y diez, admitidas en auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral ********************." Esto es, lo que la junta debe de realizar es ordenar la diligenciación del desahogo de compulsa de documentos y que ésta se lleve a cabo. Luego, en diverso proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito (foja 162). Entonces, a través del oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintiséis de agosto, seis de septiembre y catorce de octubre de dos mil diecinueve (fojas 179-182, 187-189 y 203-204, respectivamente), el presidente de la junta responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, en el sentido siguiente: Remitió en originales los acuses de los oficios 367/2019, 368/2019 y 369/2019 de veinte de agosto de dos mil diecinueve, por el que les hizo del conocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución Bancaria BBVA Bancomer y Agencia del Ministerio Público, todos con residencia en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit, que señaló el día cinco de septiembre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo las diligencias de las pruebas de cotejo y compulsa ofertadas en autos (fojas 179-182). Acompañó a su oficio 389/2019 las actas levantadas por la Actuaria adscrita a la junta responsable, en las cuales en la primera de ellas, se constituyó en el domicilio del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit y requirió al encargado de las unidades médicas 14 y 16 para que le exhibiera el original de la alta ante dicho instituto de la parte demandada a favor de la actora, y manifestó su imposibilidad de exhibirla toda vez que se requieren datos específicos del asegurado y del patrón. Por otro lado, en la segunda acta levantada, se advierte que dicha fedataria compareció a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público, con sede en la municipalidad referida, en donde requirió el original de la denuncia que originó el expediente PEÑ/EXP/0222016, la cual es exhibida y hace constar y da fe que las copias simples si cotejan con la original que obra en la Agencia del Ministerio Público (fojas 188-189). Además, por oficio presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de la junta responsable remitió en copia certificada el acta levantada por la actuaria adscrita, en la cual se advierte que el diez de octubre de este año, compareció al domicilio de la institución bancaria BBVA Bancomer, residente en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit, en la cual fue atendida por el gerente de dicha institución y lo requiere para que le exhiba el original del finiquito que se le efectuó a la parte trabajadora el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, por lo que manifiesta que en esa institución no cuentan con tal información, ya que todo lo referente a lo legal corresponde al área de jurídico, misma que se encuentra en Tepic, Nayarit. Por tanto, al llevarse a cabo las diligencias ordenadas en el juicio laboral, con independencia de su resultado, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, pues la junta responsable proveyó lo que en derecho correspondió a efecto de diligenciar las pruebas de cotejo y compulsa ofertadas en autos del juicio de origen. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, por conducto de su autorizada (foja 210), en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida cabalmente, pues a su dicho, no se ha llevado a cabo el desahogo de la prueba de cotejo y compulsa de la documental pública consistente en la denuncia PEÑ/EXP/0222026, presentada ante la Agencia del Ministerio Público, residente en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit; sin embargo, como ya se precisó anteriormente, ésta fue diligenciada por la actuaria adscrita a la junta responsable el diez de octubre de este año. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del ordenamiento legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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