Laura Edith Lira Guevara

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Laura Edith Lira Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del nueve de octubre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 675/2020-VI. La quejosa reclama la resolución emitida en la audiencia del catorce de septiembre de este año, en la que se le inadmitió una prueba pericial en la causa de control **********. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, 170, fracción I, y 172, fracción IV, de la Ley de Amparo. De los preceptos se desprende que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, en virtud de que con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no tiene efectos de imposible reparación, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, es una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el momento de resolverse el proceso de donde emana el acto reclamado o, en su defecto, podrá combatirse a través del juicio de amparo directo, en su caso, una vez agotado el recurso ordinario correspondiente (en el supuesto de obtener una sentencia adversa), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, toda vez que de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 26 de la ley de la materia, las notificaciones se realizarán personalmente al quejoso privado de su libertad a través de las personas que designe para tales efectos, hipótesis que en la especie se actualiza; por ende, las subsecuentes notificaciones derivadas de este asunto, aun las de carácter personal, realícense por conducto de sus autorizados mediante lista electrónica. Sin embargo, por única ocasión notifíquese personalmente este proveído a la quejosa en el lugar en que se encuentra recluida. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial adscrito realice las notificaciones que se ordenen en este sumario. Es preciso destacar que para la práctica de las notificaciones personales el fedatario judicial correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad sanitario establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. Hágase de su conocimiento que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra recluida. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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