Laura Daniela Ramos López
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 43 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Daniela Ramos López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Por acuerdo de quince de junio de la presente anualidad, este órgano de control constitucional procedió a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria y hecho del análisis realizado a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se consideraron cumplidos algunos de los efectos de la sentencia amparadora; esto, bajo los siguientes términos: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES a. Deje insubsistente la resolución reclamada; y, b. En su lugar dicte otra en la que de conformidad con lo expuesto por esta ejecutoria, no considere suficiente para regraduar la pensión provisional, el solo hecho de que el deudor haya acreditado tener una esposa y una hija menor de edad. 1. La Jueza Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; el veinte de mayo de la presente anualidad, dictó la resolución correspondiente en el expediente 235/2019-I de su índice, en la cual dejó insubsistente el acto reclamado. 2. En su lugar dictó una nueva en la que declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto y regraduó la pensión alimenticia provisionalmente decretada de un cuarenta a un treinta por ciento, correspondiendo el veinte por ciento a la menor y el diez a la madre. Empero, en dicho auto se le precisó a la Juez responsable que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en virtud de: que al momento de dictar la nueva resolución tomó en consideración para decretar la reducción de la pensión alimenticia, los diversos porcentajes que pesaban sobre el demandado, correspondientes a su esposa y su menor hija, ello sin hacer mayor pronunciamiento sobre el ejercicio de ponderación realizado a fin de tener por acreditada su repercusión en la capacidad económica del deudor y con ello la necesidad de regraduar la pensión provisional. Por tal motivo, se concluyó que la Juez responsable no acató cabalmente la ejecutoria de amparo, por lo cual, se declaró que la misma no estaba cumplida; requiriéndose nuevamente a dicha responsable, para que en el término de tres días, contados a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. Así, por auto de veintidós de junio de la presente anualidad, se tuvo a la responsable informando el cumplimiento requerido, motivo por el cual, se dio vista a las partes con el mismo, y el siete de julio de los actuales, con base a las constancias remitidas se procedió a realizar nuevamente el análisis de los aspectos faltantes a cumplir; esto es: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES b. En su lugar dicte otra en la que de conformidad con lo expuesto por esta ejecutoria, no considere suficiente para regraduar la pensión provisional, el solo hecho de que el deudor haya acreditado tener una esposa y una hija menor de edad. 1. La Jueza Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; el veinte de junio del presente año, dictó la resolución correspondiente en el expediente 235/2019-I de su índice, en la cual dejó insubsistente la diversa de veinte de mayo de los actuales, y en su lugar, dictó diversa en la que ponderó que la capacidad económica del deudor se veía reducida en virtud de las dos pensiones alimenticias que sobre él pesan, decretadas a favor de su esposa y su menor hija, dentro de los juicios 4118/2016 y 591/2017, del índice de los Juzgados Octavo y Sexto de Primera Instancia Especializados en Materia Familiar de esta ciudad, y consecuentemente, regraduó la pensión alimenticia provisional, disminuyéndola de un cuarenta a un treinta por ciento, siendo el diez por ciento para la quejosa y el veinte restante para la menor que representa. Así, en el citado auto se le precisó de nueva cuenta a la Juez responsable que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en virtud de que: "[.] al momento de fijar el porcentaje se advierte que el treinta por ciento decretado lo repartió en un diez por ciento para la aquí quejosa Laura Daniela Ramos López y el veinte restante para la menor impetrante, siendo que en la resolución primigenia la pensión fue ordenada en partes iguales, esto es, un quince por ciento para cada una. Situación que se estima incorrecta en la medida que, atendiendo al principio jurídico non reformatio in peius, la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia en que fue concedido el amparo y protección de la justifica federal a las aquí quejosas, no puede redundar en su perjuicio; esto es, no pueden perder más de lo ya obtenido. De modo que, aun cuando aparentemente no exista una reducción en el porcentaje decretado, pues quedó subsistente el treinta por ciento determinado en la resolución reclamada, sí existe un perjuicio para la quejosa Laura Daniela Ramos López, en tanto que en un inicio obtuvo un quince por ciento de pensión y ahora un diez. Sin que se pierda de vista que existe incongruencia dentro de las consideraciones de la resolución que aquí se analiza, pues la responsable refirió que en el juicio 591/2017 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar se fijó una pensión alimenticia a favor de las acreedoras, equivalente al cuarenta y cinco por ciento, correspondiendo veinticinco a la menor de iniciales A.R.O. y quince por ciento para Susana Olivares Sánchez, porcentajes que sumados no coinciden con el que refirió en primer término. [.] Por lo expuesto, se consideró que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida y se requirió el cumplimiento de nueva cuenta a la autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, precisándole que para dar cumplimiento al fallo amparador, la responsable debía dejar insubsistente la resolución dictada en cumplimiento y dictar una nueva que se ajuste a los lineamientos dictados por el Tribunal Colegiado en su toca de revisión 410/2021, tomando en consideración las precisiones antes indicadas. Así, por auto de tres de agosto del año que transcurre, se tuvo a la responsable informando el cumplimiento requerido, motivo por el cual, se dio vista a las partes con el mismo, para que manifestaran lo correspondiente, sin que éstas hayan realizado manifestación alguna. Por tanto, resulta innecesario realizar nuevamente el análisis de los aspectos ya cumplidos, por lo que únicamente en el presente proveído se avocará al verificar el cumplimento del punto faltante. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES b. En su lugar dicte otra en la que de conformidad con lo expuesto por esta ejecutoria, no considere suficiente para regraduar la pensión provisional, el solo hecho de que el deudor haya acreditado tener una esposa y una hija menor de edad. 1. La Jueza Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; el uno de agosto del presente año, dictó la resolución correspondiente en el expediente 235/2019-I de su índice, en la cual dejó insubsistente la diversa de veinte de junio de los actuales, y en su lugar, dictó diversa en la que ponderó que si bien la capacidad económica del deudor se veía afectada en virtud de las dos pensiones alimenticias que sobre él pesan, decretadas a favor de su esposa y su menor hija, dentro de los juicios 4118/2016 y 591/2017, no obstante, ello no es suficiente para regraduar el monto fijado y consecuentemente, reiteró la pensión alimenticia provisional decretada, precisando que el veinte por ciento correspondía a la quejosa y el veinte restante para la menor que representa. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como se aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista de acuerdos al representante especial del menor quejoso; personalmente al tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio 4278/2022/I con sus anexos, remitidos por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista de acuerdos al representante especial del menor quejoso; y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad, no ha informado el cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y que los tribunales tienen la obligación de proveer lo conducente para que sus determinaciones se acaten a la brevedad posible; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que esté realizando para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento impuesto en auto de siete de julio de la presente anualidad, consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); sin perjuicio de que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con el numeral 107, fracción XVI Constitucional.
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