Laura Daniela Carreón Sala

Expediente 139/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
139/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Laura Daniela Carreón Sala

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio telegráfico remitido por el Director de Amparos Penales de la Guardia Nacional, por medio del cual informa la fecha en que fue notificada la Guardia Nacional de los oficios 36654/2022 y 39353/2022; en consecuencia, téngase por hecha la comunicación que se trata y por cumplido el requerimiento formulado en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 590/2022, promovido por ******************** contra actos de la Dirección de Verificación Normativa del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Dirección de Verificación Normativa del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos ".a partir del pasado día lunes 25 de abril de 2022. no me permiten establecerme o continuar laborando como lo he realizado desde hace más de 22 años en el comercio ambulante y/o semifijo en Avenida Central, (frente al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social), Colonia Ricardo Flores Magón de Cuernavaca, Morelos; con el giro o actividad comercial de alimentos y bebidas en general, con las medidas que tengo autorizadas de 2.00 metros lineales de frente por .60 centímetros lineales de ancho, con un horario autorizado de 24 horas de lunes a domingos.". Dirección General de Política Municipal del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Secretaría Municipal del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos SEGUNDO. El doce de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 590/2022 y desechó la demanda por improcedente. TERCERO. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este juzgado, la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del desechamiento de su demanda de amparo. En consecuencia, por acuerdo de la misma fecha, se ordenó dar el trámite correspondiente a ese medio de impugnación, a fin de que en su oportunidad se remitiera al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno. CUARTO. Del recurso de queja interpuesto, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el número 253/2022, el cual, mediante ejecutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós, declaró fundado ese medio de impugnación. QUINTO. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, este juzgador tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria de referencia, y en acatamiento a ella, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: 1. De la Dirección de Verificación Normativa; de la Dirección General de Política Municipal; y de la Secretaría Municipal, todos ellos del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos: el impedirle continuar su actividad de comercio ambulante en ********************; con el giro o actividad comercial de alimentos y bebidas en general, con las medidas que tiene autorizadas de dos metros lineales de frente por sesenta centímetros lineales de ancho, con un horario autorizado de veinticuatro horas de lunes a domingos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director General de Política Municipal y el Secretario del ayuntamiento, ambos de Cuernavaca, Morelos, al rendir sus informes justificados, negaron los actos reclamados. Cabe señalar que la quejosa fue omisa en desvirtuar la negativa del acto, razón por la cual, debe tenerse por inexistente el acto reclamado, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por cuanto al Director General de Política Municipal y el Secretario del ayuntamiento, ambos de Cuernavaca, Morelos. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, el Director de Verificación Normativa del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, aceptó el acto que se le atribuyo, en el sentido de que el veintinueve y treinta de abril de dos mil veintidós, emitió órdenes y actas de apercibimiento y de retención de bienes de la parte quejosa. Lo anterior se corrobora con base en las documentales que acompañó a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. En ese sentido, de las constancias remitidas por la parte quejosa no se advierte que hubiere exhibido el comprobante de pago o el refrendo de su permiso de comercio en la vía pública para el año dos mil veintidós. Sin que obste a lo anterior que la quejosa exhibió las documentales públicas consistentes en un permiso de comercio en vía pública con vigencia de dos mil veintiuno, así como una constancia de antigüedad emitida por el Subsecretario de Gestión Política de la Secretaría del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Aun cuando se les concede valor probatorio pleno a tales documentales, es importante precisar que solo amparan el comercio en vía pública que ejerce la parte quejosa para el año dos mil veintiuno. Incluso, en la constancia de antigüedad exhibida, únicamente se asentó que: La promovente es comerciante ambulante desde el seis de mayo del dos mil. La ubicación de su puesto o semifijo. El horario y los días en que puede operar. Que se encuentra al corriente con el cumplimiento de sus contribuciones municipales del año dos mil veintiuno. Es decir, la parte quejosa no acredito contar con un permiso para el año dos mil veintidós, que le permita ejercer el comercio en vía pública. Sobre todo, si se toma en consideración que ese permiso se refrenda cada año en términos del artículo 19 del Reglamento de Uso de la Vía Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Entonces, para que la parte quejosa pueda reclamar un derecho a ejercer una actividad comercial en la vía pública, es necesario que cuente, en primer lugar, con un permiso que para tal efecto expida el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el año dos mil veintidós. De este modo, cualquier acto de molestia tendente a obstruir su derecho al trabajo en la modalidad en que lo desempeña la promovente, podrá ser tutelado a través del juicio de amparo indirecto, pues existe un derecho subjetivo que está siendo menoscabado por un acto de autoridad. Pero en el presente asunto, la parte quejosa no acredita contar con la autorización correspondiente emitida por el ayuntamiento. Por tanto, los actos de molestia a los que la parte quejosa ha sido sujeta, consistentes en el impedimento de continuar su actividad de comercio ambulante en ********************; con el giro o actividad comercial de alimentos y bebidas en general, no pueden reclamarse en este juicio, pues no cuenta con un derecho subjetivo vulnerado. Si bien el artículo 5° de la Constitución general prevé como derecho humano la libertad de trabajo o comercio, lo cierto es que ese derecho no es irrestricto, sino que se encuentra sujeto a limitaciones. De acuerdo con lo anterior, si el Reglamento de Uso de la Vía Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, específicamente sus artículos 20 y 21, prevén que las personas que deseen ejercer el comercio en la vía pública deben contar con una licencia, autorización o permiso para ello, es indispensable que tengan ese documento para desarrollar su actividad comercial. Tal reglamentación no se considera un obstáculo al derecho al trabajo de las personas, pues no les impide desarrollar esa actividad, ya que bastará con que reúnan los requisitos establecidos en el reglamento para que les sea otorgado dicho permiso. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 2a. XII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JUEGOS Y SORTEOS. EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, RESPETA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Este Alto Tribunal ha sustentado que la libertad de trabajo o comercio prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es irrestricta, sino que puede estar sujeta a condiciones, las cuales deben estar justificadas. De acuerdo con lo anterior, el artículo 22, fracción IX, del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al imponer como requisito que exista una opinión favorable de la entidad federativa, Ayuntamiento o autoridad delegacional correspondiente para la instalación del establecimiento cuyo permiso se solicita, para que posteriormente el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Gobernación, otorgue el permiso a los interesados en establecer un centro de apuestas y sorteos, respeta el derecho a la libertad de trabajo, ya que no impide a los particulares llevar a cabo esa actividad, pues bastará con que reúnan los requisitos establecidos en el reglamento y en la ley de referencia para que, previa consideración de la Secretaría, les sea otorgado dicho permiso. Aunado a que esta medida se encuentra justificada razonablemente, dado que pretende mantener la coordinación entre la Federación, el Estado y el Municipio, dando una intervención real a este último en una materia considerada de interés público, como es la determinación de los usos y destinos de áreas y predios de los centros de población". En conclusión, si la parte quejosa reclamó diversos actos que le impiden ejercer su derecho al trabajo en la vía pública del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, primero debía demostrar que contaba con un permiso vigente para el año dos mil veintitrés, para acreditar la existencia de un derecho subjetivo que se encuentra vulnerado. Solo así, se puede confirmar la existencia fehaciente de ese derecho, como lo exige la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), antes transcrita. Al no haber sido así, es decir, al no existir tal prerrogativa, no puede estimarse que aparece el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. En tales condiciones, al no haberse acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy primero de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano