Laura Concepción Garza Figueroa
Expediente 319/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2018
Partes del expediente
- Laura Concepción Garza Figueroa
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del aviso de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de junio de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, que a la letra dice: "Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de: 1. Encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República y Presidente del Consejo de Profesionalización, con sede en la Ciudad de México. 2. Director General del Servicio de Carrera, con sede en la Ciudad de México, 3. Titular de la Agencia de Investigación Criminal, con sede en la Ciudad de México 4. Director General de Recursos Humanos y Organización, con sede en la Ciudad de México 5. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, Baja California. 6. Director General de Ingenierias Forenses, con sede en la Ciudad de México. 7. Director Ejecutivo de Supervisión, Control Regional y Asistencia Jurídica, con sede en la Ciudad de México. 8. Director de Supervisión, con sede en la Ciudad de México. 9. Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Baja California, con sede en Tijuana, Baja California. 10. Coordinador Administrativo de la Coordinación General de Servicios Periciales, con sede en la Ciudad de México. 11. Coordinador General de Servicios Especiales, con sede en la Ciudad de México ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 319/2018-V-B. DESECHAMIENTO En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. Así, el citado precepto legal antes transcrito impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. Ahora, para evidenciar esa evidente improcedencia se estima necesario traer a continuación a transcripción las disposiciones legales de la materia que la actualizan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". En ese contexto, de lo establecido por la transcrita fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso ordinal 5 de la misma legislación. El principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intenta en contra de un ordenamiento de observancia general; dado que, para que el juicio resulte procedente, aquél debe provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado que lo legitime para accionar el medio de control constitucional en comento; lo cual, por los motivos antes expuestos no acontece; por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo que intenta la quejosa. En efecto, si bien no resulta viable desechar una demanda de amparo por el hecho de que el peticionario de amparo no acredita el interés legítimo o jurídico, pues el Máximo Tribunal del país ha sostenido el criterio de que el interés puede acreditarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, lo cierto es que dicha circunstancia también admite excepciones, en los casos en que es claro e indefectible que los actos no afectan el interés legítimo de la quejosa; máxime que la pretensión constitucional de ésta no va a mutar por el desarrollo del juicio de amparo ni el ofrecimiento de medios de pruebas. En ese caso, los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística de las posibilidades de perjuicio o privación de beneficios que tienen incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, por lo que están obligados a considerar cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas; de ahí que en el caso de que al momento de determinar la admisión de la demanda, cuenten con los elementos suficientes para determinar el tipo de perjuicio que el acto reclamado genera en el amparista, o bien, su ausencia, estarán en aptitud de emitir la decisión correspondiente. Así es, la práctica judicial impide soslayar que existen casos en los que el mero análisis de la demanda y de sus anexos permite advertir que el acto reclamado no perjudica la situación del particular, o bien, la afectación que le causa le otorga sólo un interés simple y no uno jurídico o legítimo, en virtud de que es claro que no existe daño a un derecho subjetivo del que sea titular quien solicita el amparo o, en su defecto, una situación objetiva particular que le permita exigir del poder público que ajuste su actuación a derecho, pero no por su calidad de ciudadano(a), sino porque, cumpliéndose con la ley, conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto; supuesto en el cual, resulta ocioso abrir una dilación procesal que, independientemente de los elementos que se alleguen al sumario, no podría superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera en la circunstancia del promovente. Esto es, con base en la apreciación de la situación, a partir de la cual se aduzca el perjuicio que genera el acto de autoridad, el juzgador de amparo debe distinguir entre la existencia de la titularidad de un interés jurídico o legítimo -no simple- (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria); sobre lo cual, pueden configurarse diversos escenarios, a saber: 1.- Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por la propia promovente y/o de los elementos que esta allegue, aprecie indefectiblemente que la situación del quejoso(a) frente al acto de autoridad conlleva un mero interés simple y, por ende, carezca de la titularidad de un interés jurídico o legítimo; podrá determinarse que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no es desvirtuable con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho. 2.- Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por el propio promovente y/o de los elementos que allegue, no sea factible apreciar de manera clara y sin lugar a dudas cuál es la situación del promovente frente al acto de autoridad, por lo que no puede conocerse si se trata de un mero interés simple o, por el contrario, de la titularidad de un interés jurídico o legítimo; supuesto en el cual, deberá ordenarse la tramitación del juicio a efecto de recabar mayores elementos o, en su caso, de estar en el momento oportuno para realizar consideraciones interpretativas complejas. 3.- Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por la propia promovente y/o de los elementos que allegue, se aprecie, al menos, una posibilidad de que exista la titularidad de un interés jurídico o legítimo; supuesto en el cual, deberá ordenarse la tramitación del juicio, incluso, para permitir a la amparista aportar los elementos que permitan confirmar esa situación. Cabe precisar que el hecho de que el auto inicial no constituya formalmente una resolución, no implica que no pueda contener una decisión atinente al momento procesal en que se ubica (sobre el curso que debe darse a la demanda) y, en ese tenor, el hecho de que la evidente e insuperable ausencia de un interés legítimo requiera de un estudio cuidadoso o minucioso, no implica que no pueda realizarse en ese auto inicial, sobre todo cuando se configura facilidad o claridad en la materia del asunto y completitud en los elementos que revelan la situación concreta. De ahí que, tratándose de ese interés, subsista la posibilidad de que, de contar con los factores aptos y suficientes para determinar la potencial afectación a la esfera jurídica de la amparista, el juez de distrito pueda emitir una determinación que decida sobre su ausencia definitiva e insuperable, se insiste, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable, en términos del artículo 113, en relación con el diverso 61, fracciones XII y XXIII , 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos y, por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Antes de ahondar en el estudio del interés legítimo que aduce tener la parte quejosa (pues no reclama la violación directa a su esfera jurídica, sino en virtud de su especial situación frente al orden jurídico); es conveniente precisar las notas del mismo y que se exponen a continuación: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso constitucional. b) La persona con interés legítimo se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple; es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y protegidos. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso(a); es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso(a) en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. f) La parte quejosa tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable surge por una relación específica, con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, y debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberán ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. i) El interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte; es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en algún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa en ningún sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado(a) que alegue tener un interés jurídico o, en su caso, legítimo, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. En ese sentido, para el caso del interés legítimo, no basta con afirmar que se afecta el interés del gobernado, sino que se debe demostrar que el acto reclamado afecta su esfera jurídica por su especial situación frente al acto y/o norma impugnada. En suma, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto; es decir, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo el parámetro de razonabilidad, y no solo una simple posibilidad, ante la cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Ahora, en el caso, del análisis de la demanda se aprecia que la promovente del amparo bajo protesta de decir verdad refiere que acude a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto consistente en: La orden de cambio de adscripción de esta ciudad de Ensenada a la Ciudad de México, de su pareja sentimental Julio César Arias González, en su cargo como perito de la Procuraduría General de la República, que refiere le fue comunicada a éste mediante oficio de treinta de mayo de dos mil dieciocho por el Coordinador General de Servicios Periciales de dicha institución. Destacándose de los conceptos de violación que expone en su demanda (los que se advierte que hace valer en la misma parte que indica como 'acto reclamado') que toralmente aduce como motivos de inconformidad una violación a los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, que relaciona con normas de la Ley de la Familia para el Estado de Baja California, porque -señala esencialmente-- que los principios de unidad, estabilidad e integridad familiar tutelados por esas normas fundamentales y legales no son posibles de cumplirse si los integrantes de una familia se encuentran alejados. Sin embargo, se estima que la parte promovente no tiene interés legítimo, sino simple, pues en la óptica jurídica de esta Juzgadora, la 'protesta de decir verdad' de ser pareja sentimental del servidor público destinatario del cambio de adscripción en su cargo de perito de la institución federal indicada, y de que los hijos de ella encuentran en él una figura paterna, así como que se han convertido en dependientes económicos de él; no es suficiente para considerar que por tales circunstancias existe un interés legítimo que tutelar. Señalándose lo anterior, porque en todo caso, las actas de nacimiento que allega a este sumario en copias y la constancia médica, solo están evidenciando indiciariamente que ella es madre de los tres menores a los que esos atestes de nacimiento se refieren no así su pareja sentimental, y de que cursa con un padecimiento de hipertensión arterial recomendándosele determinada dieta y que evite en lo posible viajar en avión. Lo que además de que en apreciación de este órgano de control constitucional no hace presumir con fuerte grado la existencia de un concubinato como base de la familia que infiere la quejosa que existe, tampoco abona a la apuntada necesidad de que haya suficiencia de elementos para estimar que por el cambio de adscripción de su pareja sentimental (aún considerando que sí se configura una relación de 'familia' entre el destinatario del oficio mencionado y la aquí quejosa e hijos de ésta) automáticamente existe o existirá transgresión a los derechos de 'unidad familiar' que preceptúa el artículo 4 de la Constitución, pues ello dependerá de las acciones muy personales que ella y el destinatario de tal readscripción realicen para que subsista o no esa relación de familia; de ahí que no se pueda hablar de que tal acto de decisión no dirigido a ella, le infiera esa afectación a su interés legítimo. Máxime que es un hecho notorio para este órgano de control constitucional la existencia de un juicio de amparo precisamente promovido por Julio César Arias González, como destinatario del referido oficio de cambio de adscripción, radicado bajo el número 311/2018-IV del índice de este Juzgado, en donde se encuentra controvirtiendo tal acto, y por tanto, actualiza la posibilidad de que pudiera ser declarado jurídicamente insubsistente, y en ese sentido, esa circunstancia corrobora que dicha orden de readscripción no le está condicionando a ella una afectación actual, que como interés legítimo pueda invocarla para acudir a esta instancia de amparo. Siendo por ello que se afirma que se está en presencia de un interés simple, pues la quejosa no se encuentra en una situación especial que evidencie que con esa orden de readscripción de su 'pareja sentimental' (se insiste, no precisamente 'concubino', por no ser el 'concubinato' una cuestión probada con la documentación que exhibe), se le afecte en forma real y actual a su esfera jurídica. Así, visto desde esta perspectiva, no causa agravio alguno a la quejosa la resolución contenida en el oficio de readscripción de su pareja sentimental, pues ésta no va encaminada a restringir de manera alguna los derechos de familia tutelados en el artículo 4 de la Constitución Federal, pues como se apuntó, pueden continuar ejerciéndolos dependiendo de sus propias acciones o voluntad, y así seguir garantizando esas relaciones de familia que por tal decisión adoptada bajo atribuciones y autonomía legal de un ente público, estima vulneradas en su perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 57/2017 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1078, Libro 43, junio de 2017, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2014433, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." (Énfasis añadido) En consecuencia, al no haberse acreditado el interés legítimo para impugnar el acto de que se trata, consistente en la orden de readscripción de Julio César Arias González, como perito de la Procuraduría General de la República, lo procedente es desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Laura Concepción Garza Figueroa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causal de improcedencia prevista por las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, reconociéndosele al mismo tiempo su carácter de profesional en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente."
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