Laura Columba Acuña Gutiérrez
Expediente 1596/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Laura Columba Acuña Gutiérrez
- Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual, solicita se le expida copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, o bien, que le sea reproducido el expediente de forma electrónica en memoria USB y señala nuevo domicilio. Atento a lo anterior, en atención a la solicitud de copias certificadas dígase a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en donde se acordó favorable la expedición de copias en el presente asunto. Por cuanto a la reproducción del presente asunto de forma electrónica, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud que la versión digital del presente asunto se encuentra disponible para su consulta, siempre y cuando lo solicite y presente su usuario correspondiente. Ahora bien, por cuanto al diverso domicilio que señala, con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala en el escrito de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que declaró cumplido el fallo protector, sin que así lo hiciera. Por tanto, se declara que dicho auto ha quedado firme. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes; efectúense las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y remítase el expediente de que se trata al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, en acatamiento a lo ordenado por el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se instruye lo siguiente: 1. Conservar el expediente principal, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió diversas documentales; por ello, requiérasele para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibida que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa (o en forma electrónica, de así haberse acordado).
- Principal
Ciudad de México, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogara la vista formulada en auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés relacionada con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, sobre lo cual no formuló manifestaciones. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por las autoridades responsables, a fin de establecer si efectivamente se dio o no cabal cumplimiento al fallo protector. En la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés se sobreseyó por una parte y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, misma que fue confirmada en el amparo en revisión 110/2023 en resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Cabe precisar que el amparo se concedió para los efectos siguientes: "(...) Por tanto, con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que las autoridades Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 1. Dejen insubsistente la actualización realizada al crédito hipotecario de la quejosa, con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 2. Determinen de manera fundada y motivada, en términos del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, si la actualización del crédito hipotecario de origen, en la misma proporción en que aumentó el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, supera o no el incremento porcentual del valor de la Unidad de Medida y Actualización, y en consecuencia, aplique la más benéfica en favor de la quejosa. 3. En el supuesto de que varíe el factor de actualización del crédito otorgado a la quejosa del originalmente pactado en el contrato de mutuo, notifique a la trabajadora el origen de los descuentos que le efectúa, a efecto de que pueda aclarar su situación crediticia. 4. En el caso de que la aplicación de la actualización más benéfica, a partir de la primera quincena de febrero de dos mil veintiuno, resulten excedentes de las cantidades que hayan sido descontadas, las devuelva a la quejosa. (...)." En cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, por oficio presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, anexo el diverso JSI/2023/2553, del que se advierte, entre otras cosas, lo siguiente: 1. Que el crédito 1155530 a nombre de la quejosa Laura Columba Acuña Gutiérrez se encuentra vigente. 2. Que el factor de actualización que resulta más benéfico para la quejosa es el relativo al incremento de la Unidad de Medida de Actualización, de conformidad con la siguiente tabla: UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA'S) SALARIOS MÍNIMOS GENERALES (SMG) AÑO Diario % Incremento vs Año Anterior AÑO Diario % Incremento vs Año Anterior 2017 75.49 3.35% 2017 80.04 9.58% 2018 80.60 6.77% 2018 88.36 10.39% 2019 84.49 4.83% 2019 102.68 16.21% 2020 86.88 2.83% 2020 123.22 20.00% 2021 89.62 3.15% 2021 141.7 15.00% 2022 96.22 7.36% 2022 172.87 22.00% 2023 103.74 7.82% 2023 207.44 20.00% 3. Se citó a la quejosa para que se presentara en el edificio sede de la autoridad responsable a efecto de aclarar su situación crediticia y otorgarle el correspondiente derecho de audiencia. 4. Se precisó que ya se encontraba aplicado al crédito de la quejosa la actualización conforme a la Unidad de Medida de Actualización, que resulta la más benéfica. Sin embargo, al presentar un saldo deudor, no se generó cantidad alguna a devolver. Con el oficio antes mencionado, por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés se dio vista a la parte quejosa, notificado electrónicamente el cuatro de julio del año en curso. Además se le requirió para que, en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que optara por así hacerlo. Por otra parte, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable informó que se otorgó el derecho de audiencia a la quejosa para aclarar su situación crediticia, y remitió la minuta levantada el treinta de junio de dos mil veintitrés, de la que se advierte lo siguiente: 1. A la audiencia asistieron la quejosa Laura Columba Acuña Gutiérrez; Edith Fabiola Zamorano Dávila, operativa del Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados; Carolina Resendiz Rodríguez, abogada del Departamento de lo Contencioso y José Manuel Jiménez Márquez, operativo del Departamento de Administración de Cartera y Finiquito; estos últimos dos servidores públicos fungieron como testigos. 2. La quejosa solicitó que le fuera aclarado el método más conveniente de actualización al incremento crediticio. 3. Edith Fabiola Zamorano Dávila, operativa del Departamento de Recuperación de Cartera de Activos y Pensionados le informó que ya contaba con el método de actualización más benéfico, siendo el del incremento de la Unidad de Medida de Actualización. 4. En uso de la voz la quejosa manifestó su deseo de adherirse al "programa de Unidades de Medida de Actualización a Pesos", por lo que se le explicó que, si esa era su voluntad, y en caso de que su crédito resultara susceptible de adherirse a dicho programa, podría hacerlo en el banner consultable en el portal donde se consultan los estados de cuenta de las personas acreditadas. 5. Por otro lado, se le mostró el cuadro comparativo de incrementos -mismo que fue reproducido en párrafos que anteceden- y se le indicó que, en este momento, el incremento más beneficioso es el correspondiente a la Unidad de Medida de Actualización, pues es menor al del Salario Mínimo General. 6. A lo anterior la quejosa indicó que ella no había acudido a que le proporcionaran esa información, por lo que se negó a revisar y firmar los documentos que le fueron puestos a la vista, con lo que concluyó la audiencia correspondiente. Atento a lo anterior, a criterio de este juzgado, se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado; en el entendido de que la inconformidad manifestada ante la autoridad responsable respecto de la información que le fue proporcionada, no puede ser materia de análisis del cumplimiento del fallo protector. En ese sentido, basta con que la autoridad haya acreditado: (i) que el porcentaje a incrementar por concepto de actualización al crédito más beneficioso a la quejosa es el correspondiente a la Unidad de Medida de Actualización, mismo que ya le estaba siendo aplicado a su crédito vigente; (ii) que en virtud de lo anterior, el porcentaje que le está siendo descontado corresponde al incremento antes precisado; (iii) que no existen cantidades a devolver, dado que su crédito presenta un saldo deudor; y (iv) que se concedió derecho de audiencia a efecto de aclarar su situación crediticia, en relación con los aspectos antes mencionados. En consecuencia, con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa (o en forma electrónica, de así haberse acordado).
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual informa la manera en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y adjunta el diverso de doce de junio de este año, por el que aduce dar contestación a los puntos establecidos en la ejecutoria de amparo; además informa que con el fin de otorgar la garantía de audiencia a la parte quejosa, así como poder aclarar su situación crediticia, se solicita que ésta última se presente en el día, hora y lugar señalados, añadiendo copia de la notificación vía electrónica de lo anterior a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado realizará el pronunciamiento correspondiente con base en los elementos que obran en autos. Asimismo, con copia del oficio de cuenta, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Departamento de lo Contencioso del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias del acuerdo que recayó a lo solicitado por la autoridad oficiante. Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, según este último precepto, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa (o en forma electrónica, de así haberse acordado).
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