Laura Chapoy Garza
Expediente 898/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Laura Chapoy Garza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la promovente Laura Chapoy Garza, no impugnó el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho del (fojas 68 a 74), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por Laura Chapoy Garza, a través del cual desahoga la prevención realizada el veintiséis de octubre de la presente anualidad, al respecto señala que es parte demandada dentro del juicio especial mercantil 940/2018, promovido por Multiopciones en Proyectos, Sociedad Anónima, Promotora de Inversiones de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, y señala como acto reclamado el acuerdo de veintiséis de octubre de la presente anualidad, dictado en el juicio de referencia, a través del cual se decretó la medida de apremio consistente en el uso de la fuerza pública, rompimiento de cerraduras si fuese necesario, en virtud de que se negó a pagar las prestaciones reclamadas y la entrega de un bien inmueble. II. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De lo transcrito, se advierte que para que proceda la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea alguna resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativa o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.4o.C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, visible en la página trescientos sesenta y uno, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Ahora bien, es primordial destacar que el artículo 107 de la Constitución Federal establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada, consistiendo su principal objetivo el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. De modo que aquellas resoluciones o determinaciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios ordinarios de defensa. La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo invocada, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. Así lo estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página dos mil seiscientos setenta y cinco, de la Quinta Época, Materia Común, Civil, Registro número 345720, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no agotar los procedentes contra el acto que se requiere en el amparo, hace improcedente éste". En el asunto particular, la razón por la que se actualiza la causal de improcedencia en comento, radica en que en contra del acto reclamado procede como medio de impugnación, el recurso de apelación contemplado en el artículo 1336 del Código de Comercio, el cual no agotó la promovente a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, con anterioridad a solicitar la protección de la Justicia Federal, ya que no es ajena a la relación jurídico procesal de origen, sino parte demandada en el mismo. Efectivamente, para sustentar lo anterior, se considera necesario traer a colación lo dispuesto en los artículos 1414 bis 20, 1077 y 1336, del Código de Comercio, que rigen y son aplicables al procedimiento del cual deriva el presente juicio de amparo, que establecen lo siguiente: "Código de Comercio CAPITULO II Del Procedimiento Judicial de Ejecución de Garantías Otorgadas mediante Prenda sin Transmisión de Posesión y Fideicomiso de Garantía Artículo 1414 bis 20.- En los procedimientos que se ventilen conforme a lo señalado en este Capítulo, no se admitirán incidentes y las resoluciones que se dicten podrán ser apeladas sólo en efecto devolutivo, por lo que en ningún caso podrá suspenderse el procedimiento, salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 1414 bis 10. En todo lo no previsto en este Capítulo serán aplicables las disposiciones contenidas en el Título III del Libro V, de este Código. Artículo 1077.- Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar como proceda conforme a la ley, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se hubiere citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar como proceda en derecho, dentro de los quince días siguientes a aquel en que se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, podrá disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos fines ordenados anteriormente. Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar como proceda, dentro de los tres días siguientes al último trámite, o de la presentación de la promoción correspondiente. Los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente pronunciados y mandados notificar en los plazos de ley." "CAPITULO XXV De la Apelación Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Artículo 1338.- La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva." Como puede observarse, de la interpretación sistemática de los anteriores dispositivos legales se desprende que las resoluciones que se dicten durante el trámite del procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía, son apelables. Ahora bien, conviene precisar el artículo 1077 del Código de Comercio, establece que por resoluciones se entienden todos los decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias, lo que es acorde a la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2018 (10a.) . Por su parte, el artículo 1339 del Código de Comercio, interpretado en contrario sensu, establece que únicamente son recurribles las resoluciones de trámite y sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea mayor a $633,075.88 por concepto de suerte principal. En esa tesitura, de las documentales allegadas por la impetrante, específicamente, la copia del proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio especial mercantil 940/2018, se advierte que la suerte principal dentro de dicho juicio es por la cantidad de $8,575,335.00 (ocho millones quinientos setenta y cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que dicha resolución encuadra en lo dispuesto por los artículos 1339 y 1414 bis 20, del código de comercio, ya que se trata de un acuerdo emitido dentro de un juicio en el que la suerte principal es mayor a la establecida para que proceda la apelación y además, el artículo mencionado en segundo término, expresamente dispone que contra las resoluciones dictadas en este tipo de procedimientos, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, por lo que es evidente que debe atenderse a esa regla especial. Ahora bien, el medio de defensa que se estudia, cumple con las cuatro hipótesis fijadas para que proceda la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto combatido deriva de un tribunal judicial, y la ley que rige el juicio especial mercantil (código de comercio), contempla el recurso de apelación en efecto devolutivo, y dicho recurso ordinario, puede modificar, revocar o nulificar el acuerdo reprochado. Consecuentemente, previo a la demanda de amparo, la parte promovente debió agotar dicho recurso previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia. Cobra aplicación a dicha determinación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cincuenta, de la Décima Época, con registro electrónico 2005039, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo" Así como la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos veintinueve, julio de dos mil doce, tomo I, de la Décima Época, con registro electrónico 2001155, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo" Acorde a las directrices trazadas, en la parte quejosa recaía la obligación de respetar el principio de definitividad de que se ha venido hablando, antes de acudir a la presente vía constitucional, puesto que para la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa, es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que, si bien es cierto que el principio apuntado admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y sustanciarlos antes de acudir al juicio de amparo, por lo que no es a discreción del afectado cumplir o no con el mismo para la procedencia de dicha contienda, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino de carácter obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los diversos numerales 103 y 107 de la Carta Magna, es terminante en que se agoten los medios de defensa legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, con el propósito manifiesto de que no se soslaye el citado postulado; de ahí que, al haberse inobservado lo anterior por parte del promovente, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Máxime que en la especie no se actualiza otros de los casos de excepción establecidos en la ley, a efecto de dispensar el mencionado principio que rige en el juicio de amparo, pues no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el acto reclamado carece de fundamentación, por lo cual, se insiste, la promovente está obligada a instar el recurso correspondiente antes de intentar la vía constitucional. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Sirve de sustento a la anterior determinación por lo que informa, la jurisprudencia 1a./J. 92/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 379, de la Décima Época, con registro electrónico 2002236, que establece: "APELACIÓN. LA REGLA DE PROCEDENCIA EN RAZÓN DE SU CUANTÍA, SÍ RESULTA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS OTORGADAS MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE LA POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍAS. Los artículos 1414 Bis-7 al 1414 Bis-20, del Código de Comercio, que regulan el juicio especial denominado "Procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de la posesión y fideicomiso de garantías", si bien prevén la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones dictadas en ese procedimiento, no establecen una regulación específica en relación con ese medio de impugnación, razón por la que siguiendo la línea de supletoriedad que se deriva de lo dispuesto en el numeral 1414 Bis-20, del Código de Comercio, en relación con lo establecido en el artículo 1407 bis del propio ordenamiento, debe concluirse que en todo lo no previsto para ese recurso en los artículos que regulan ese juicio, resultan aplicables las disposiciones del Libro V del Código de Comercio, de manera que si en este libro se establece una limitación a la procedencia del recurso de apelación en razón de su cuantía, ésta debe ser atendida en el juicio especial mercantil antes señalado, máxime que la limitación de la procedencia de ese recurso en razón de su cuantía, persigue una finalidad que se ha determinado constitucionalmente legítima" III. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado.
- Principal
. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo 898/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Prevención. Respecto a la solicitud de la parte promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, del rubro y texto: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". La normativa anterior dispone que para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario estudiar el escrito inicial para verificar que no existan deficiencias, irregularidades u omisiones, que deban corregirse, y en su caso, requerir al promovente que aclare la demanda. Por tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer sobre la viabilidad de la demanda, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, IV y V, en relación con el diverso numeral 108 , fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: 1. Indique con precisión el acto que pretende combatir en esta instancia. Lo anterior, en virtud de que si bien refiere el acto reclamado el siguiente: "Lo constituye la aplicación de medios de apremio consistentes en el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en mi contra, decretadas dentro de los autos del expediente judicial número 940/2018 del índice del Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova, Coahuila, pretendiendo la intromisión y violación a mi domicilio particular ubicado en la calle Pedro V. Rodríguez Triana, número 963, colonia Coahuila en Sabinas, Coahuila, emitida por la autoridad señalada como responsable y que se pretende ejecutar por el resto de las autoridades responsables, quienes intentan con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras introducirse a mi domicilio sin haber sido oída ni vencida en juicio, carente de toda fundamentación y motivación y con el propósito de consecuentemente desalojarme del mismo". De la narrativa de los antecedentes y de los conceptos de violación, pareciera que pretende reclamar el acuerdo mediante el cual la requieren para desalojar el domicilio y en caso de no hacerlo, se aplicaría en su contra los medios de apremio señalados ; además, refiere que la previnieron -para la entrega inmediata del bien inmueble en el acto de la diligencia -; es decir, es ambigua en indicar si lo que reclama es el acuerdo mediante el cual la emplazan a juicio y le requieren la entrega del bien inmueble que defiende o bien algún proveído en el cual ordenan alguna medida de apremio en su contra. 2. Precise si es parte procesal dentro del juicio especial mercantil 940/2018, y en caso afirmativo, indique cuando fue emplazada y/o compareció al mismo, la etapa procesal en la que se encuentra, y la totalidad de antecedentes del expediente. 3. Señale la fecha en que fue emitido el acto reclamado. Tales prevenciones son necesarias en virtud de que como lo refiere el acto reclamado deriva de un expediente jurisdiccional, de ser parte, debe señalar con claridad y precisión el auto, resolución, notificación o actuación que reclama para poder fijar la litis constitucional. 4. Exhiba una copia de su escrito de demanda, para correr traslado a las partes y la apertura del incidente de suspensión que solicita. Ello se justifica, dado que sólo exhibió el original y cuatro copias del mismo; sin embargo, en el presente asunto resultan necesarias un total de ocho copias para ser distribuidas de la siguiente manera: Cuarto para las autoridades que señaló como responsables. Una para dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Dos para la apertura del incidente de suspensión. Uno para el tercero interesado. Sobre el particular, se emitió la jurisprudencia número 1ª./J. 106/2005, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercero Circuito, visible en la página ciento setenta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación, con número de registro 177046, que a la letra dice: ¨COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el¨. Por tal razón, es necesario que el promovente dé cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá acompañar las copias necesarias -ocho- del escrito con el que desahogue dicha prevención, para correr traslado a las partes y para la apertura del incidente de suspensión que solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis número P/J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". IV. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir la prevención realizada, en el término de ley, exhibiendo las copias del escrito en que las desahogue para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo. Además, se instruye a la parte promovente, que al momento de desahogar las prevenciones formuladas se conduzca con la verdad, dado que la manifestación bajo protesta de decir verdad lleva consigo una responsabilidad, inclusive penal, conforme el arábigo 261 de la ley de la materia, en el que se prevén las sanciones penales y pecuniarias a que se hará acreedor la parte quejosa, que al formular su demanda de amparo afirme hechos falsos y omita los que le consten, como se desprende a continuación: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." V. Domicilio y autorizados. Se le tiene autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ***, ***, ***, *** y ***, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ***. Además, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida Roble, úmeor 2904, colonia Brisas del Valle, en Monclova, Coahuila de Zaragoza. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Recuperación de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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