Laura Cervantes Saucedo

Expediente 1092/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1092/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Laura Cervantes Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Laura Cervantes Saucedo con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda diversos documentos susceptibles de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito presentado por la quejosa Laura Cervantes Saucedo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de octubre del año en curso. Ahora, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y al ocurso aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable como se dijo analizar integralmente la demanda de amparo y su escrito aclaratorio a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, ello en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 18, Tercera Parte, página 159, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Sobre esas bases, el hecho de que la quejosa haya señalado literalmente como acto reclamado "Se reclama la retención y/o descuento, inminentes y futuros de mi pensión por viudez a la que tengo derecho a percibir íntegramente- no constituye elemento suficiente -ni concluyente- para estimar que este órgano jurisdiccional está vinculado a considerarlo precisamente de ese modo, porque -como se ha visto-, lo relevante es determinar la intención de la parte quejosa a la luz del análisis integral de los datos contenidos en la demanda de amparo. Precisado lo anterior, la lectura integral del escrito de demanda, pone de manifiesto que la quejosa precisó la autoridad responsable y actos reclamados, de la siguiente manera: "III.- AUTORIDADAD RESPONSABLE: Subdelegado de Prestaciones Económicas del ISSTE de esta ciudad. "IV.-ACTO RECLAMADO 1. Se reclama la retención y/o descuento, inminentes y futuros de mi pensión por viudez a la que tengo derecho a percibir íntegramente.". Por otra parte, en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se le requirió, entre entras cosas, a efecto de que precisara lo siguiente: "a) Manifieste si la información que solicitó el doce de octubre del año en curso "para conocer el estado" de su pensión, a que hace referencia en el hecho seis de su escrito inicial de demanda, el cual narra bajo protesta de decir verdad, la realizó de manera verbal o por escrito, en el entendido que de ser este último caso, deberá precisar la autoridad ante quien formuló la misma, y exhibir copia del acuse respectivo. b) Manifieste si la información que le fue hecha de su conocimiento, en el sentido de que "se encuentra en trámite" el otorgamiento de su pensión, además de que no podrá disfrutar de la misma debido a que se encuentra laborando para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además de encontrase en el supuesto de incompatibilidad que enumera el "cardinal 12, fracción inciso C, del Reglamento de la Ley en comento", fue de manera verbal o bien por escrito. En el entendido que de habérsele informado lo anterior por escrito, deberá transcribir o exhibir copia del mismo. c) Manifieste si señala como acto reclamado el artículo 12 fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones Sujetas al régimen del artículo Décimo Transitorio, toda vez que formula concepto de violación de inconstitucionalidad en contra de este, pero dicho arábigo no fue señalado de manera destacada en el capítulo respectivo de actos reclamados.". Así, en su escrito aclaratorio de cuenta, en cumplimiento a la prevención en comento, señala expresamente lo siguiente: "1.- [.] A este punto quiero manifestar que lo realice de manera verbal.". 2.- [.] A este punto contesto que fue de manera verbal.". 3.- [.] A este punto quiero manifestar que NO es mi deseo señalar el artículo 12 fracción 11 inciso C, del reglamento para el otorgamiento de pensiones sujetas al régimen del artículo Décimo Transitorio.". 4.- [.] no existe acto concreto aun, y por ende no se advierte caso concreto materializado hasta el momento." En ese tenor, de las manifestaciones formuladas por la quejosa en su ocurso inicial y aclaratorio de la misma, se desprende que la información que solicitó la aquí quejosa al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el doce de octubre del año en curso, para conocer el estado de su pensión otorgada por viudez, derivada del fallecimiento de su esposo, a que hace referencia en el hecho seis del escrito inicial de demanda el cual narró bajo protesta de decir verdad, la realizó de manera verbal, habiendo hecho de su conocimiento de la misma manera (verbalmente) que por un lado se encuentra en trámite el otorgamiento de su pensión y por otro, que no podrá disfrutar de dicha pensión, en razón de que se encuentra en un supuesto de incompatibilidad. Así, al margen de la manera en que textualmente se haya señalado el acto reclamado en el ocurso de demanda, dada la intención de la quejosa, acorde con su análisis integral, así como del escrito aclaratorio, es evidente que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: La retención y/o descuento a la pensión por viudez de la quejosa por incompatibilidad con el desempeño de un trabajo remunerado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que implica su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que le fue dada a conocer verbalmente. En consecuencia, a partir de tal premisa se analiza la procedencia de la demanda de amparo. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Preceptos de los cuales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones de autoridades que violen derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que significa que mediante dicho juicio sólo pueden examinarse por los tribunales federales, actos o abstenciones provenientes de una autoridad que vulneren la esfera jurídica del gobernado. Lo que en el caso no acontece, en virtud de lo siguiente: Las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En el entendido que cobra especial relevancia el elemento contenido en el inciso c), pues para la existencia de un acto de autoridad debe existir una relación (de supra a subordinación) que tenga su nacimiento en la ley y que con motivo de esa relación se emita un acto unilateral que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Ahora a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, resulta conveniente destacar que en el diverso juicio constitucional 436/2018-IV del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la aquí inconforme, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "1. Deje sin efectos el referido oficio 24.5.4.J./0369/2018 datado el seis de abril de dos mil dieciocho. 2. No aplique en el presente ni en lo futuro a la esfera jurídica de Laura Cervantes Saucedo, la disposición declarada inconstitucional; es decir, el artículo 136, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor. [.] 2.1 Dentro del término de tres días al en que surta efectos la notificación la determinación por la que cause ejecutoria la presente sentencia, conforme a sus atribuciones resuelva nuevamente lo relativo a la pensión de viudez solicitada por la ahora quejosa y, en caso de que sea declarada procedente, ordene el pago del importe total de las cantidades que dejó de cubrirle por ese concepto, con motivo de la aplicación del artículo declarado inconstitucional por el Pleno del máximo tribunal del país; en la inteligencia que dicho pago deberá ser desde que se generó el derecho al mismo, es decir, del día siguiente al fallecimiento del referido Jerónimo García Reséndiz, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. En la inteligencia de que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la expedición, promulgación, refrendo y publicación del precepto declarado inconstitucional, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Asimismo, es de señalarse que dicho controvertido constitucional se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, motivo por cual en el mismo corresponde vigilar el cumplimiento que dé la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, como se puede advertir incluso de la determinación emitida el diecisiete de octubre del año en curso, en la que se destacó que si bien la responsable hizo del conocimiento que: "1. Se dejó insubsistente el oficio 24.5.4.J./0369/2018, de seis de abril de dos mil dieciocho. 2. Será desincorporado de su esfera jurídica el artículo 136, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, que en lo presente ni en lo futuro le será aplicada dicha porción normativa. 3. En atención a que reunió los requisitos previstos por el artículo 16 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con fundamento en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, declaró procedente el otorgamiento de la pensión por viudez solicitada por la quejosa. 4. Una vez concluidos los trámites administrativos, "calcúlense las cantidades que dejó de percibir la quejosa desde que tuvo derecho a ellas, esto es al día siguiente del fallecimiento del C. Jerónimo García Reséndiz." No obstante lo anterior, la autoridad responsable omitió ordenar el pago del importe total de las cantidades que se dejaron de cubrir a la quejosa por concepto de la pensión por viudez, o bien acreditar que emitió la determinación respectiva. Motivo por el cual, al no encontrarse colmados todos los efectos de la ejecutoria respectiva, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, acredite a este órgano de control constitucional haber ordenado el pago del importe total de las cantidades que se dejaron de cubrir a la quejosa por concepto de la pensión por viudez. El hecho notorio invocado se sustenta en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1199, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Ahora, como se adelantó, el acto que relama la quejosa consiste en la retención y/o descuento a su pensión por viudez por incompatibilidad con el desempeño de un trabajo remunerado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que implica su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual le fue dado a conocer de manera verbal. Luego, es indiscutible que ello no configura acto de autoridad para efectos del juicio amparo, pues como se ha visto, para ello es indispensable que la relación de supra a subordinación tenga su nacimiento en la Ley y que con motivo de ella cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas u omita tales actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Lo cual no acontece en el presente caso, ya que el acto reclamado fue emitido de manera verbal, y desformalizada con respecto a las reglas que rigen el procedimiento de otorgamiento de pensiones, pese a que en el preindicado juicio de amparo 436/2018-IV, ya se conminó a la autoridad responsable a emitir un pronunciamiento, el cual deberá ser por escrito. Al respecto, los artículos 53, 54, 55 y 56 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el trabajador o sus familiares derechohabientes que, en su caso, tengan derecho a una pensión en términos de lo previsto en el Reglamento, deberán presentar su solicitud al Instituto, en los términos y adjuntando los documentos que éste le indique. El mismo día en que reciba la solicitud, el Instituto verificará la correcta identificación del trabajador, para lo cual será suficiente el medio a que hace referencia el artículo 9 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y validará dicha solicitud con base en sus registros electrónicos. Hecho lo anterior, el Instituto estará obligado a resolver en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Dicho ente (Instituto) deberá informar a la Secretaría las resoluciones de pensión que emita, para lo cual elaborará y mantendrá actualizada una base de datos de las mismas, en consistencia con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, facilitando los mecanismos que requiera la Secretaría para el acceso a la información electrónica relacionada con dichas resoluciones. Asimismo, la Secretaría podrá ordenar en cualquier tiempo al Instituto que verifique la autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido como base para la resolución de pensión. Como se puede desprender de lo expuesto con antelación, el familiar derechohabiente que estime tener derecho a una pensión, deberán presentar su solicitud al Instituto, en los términos y adjuntando los documentos que éste último le indique. Lo anterior, evidencia que dicha solitud deberá formularse de manera escrita exhibiendo los anexos respectivos. Presentada dicha petición, el Instituto deberá resolver en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Teniendo la obligación de informar a la Secretaría las resoluciones de pensión que emita, para lo cual se elaborará y mantendrá actualizada una base de datos de las mismas, facilitando además los mecanismos que requiera la Secretaría para el acceso a la información electrónica relacionada con dichas resoluciones. Lo anterior, pone de manifiesto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá emitir por escrito la resolución respectiva, incluso informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual se elaborará una base de datos, facilitándose además a dicha Secretaría la información electrónica relacionada con dichas resoluciones. Frente a tal contexto normativo, si en contraste con lo anterior y el trámite del preindicado amparo 436/2018-IV, en la fecha en que la quejosa solicitó información en relación con el trámite de su pensión, no se hizo petición alguna por escrito y por tal motivo no recayó formalmente y por escrito una determinación o resolución. Luego, es manifiesto e indudable que ante una solicitud en un acto desformalizado con respecto al estado de la pensión de la aquí inconforme, y una respuesta igualmente verbal que se atribuye a los trabajadores del Instituto responsable, en relación con el procedimiento administrativo para su otorgamiento, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, no se genera un acto (resolución que decrete la retención y/o descuento de su pensión por viudez) unilateral que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de algún particular (quejosa), como lo disponen el artículo 16 de la Constitución Federal, 55 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 1, fracción I, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues para que esto se origine, la autoridad habría de emitir una resolución por escrito, como lo disponen los preceptos ya invocados. A mayor abundamiento, cabe señalar que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 436/2018-IV del índice de este órgano jurisdiccional, el cual como se señaló con antelación, se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que mediante escrito recibido por este órgano jurisdiccional el veintiséis de octubre del año en curso, la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió copia autógrafa de oficio número 24.5.4.J/1377/2018, datado el veinticinco de octubre del año en curso, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones de dicha dependencia. De dicha comunicación se desprende lo expuesto en el sentido de que el Departamento de Seguridad e Higiene se encuentra impedido para realizar el pago de las cantidades que le corresponden a la aquí quejosa con motivo del otorgamiento de la pensión por viudez. Ello, debido a que una vez que se realizó el trámite para el otorgamiento del beneficio pensionario respectivo, el sistema que se utiliza para tal efecto, identificó que la quejosa se encuentra en la hipótesis prevista por el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, ya que labora en la aludida institución educativa bajo el sistema de cotizaciones de dicho Instituto. Adjuntando a dicha comunicación, copia de la concesión de pensión emitida a favor de la quejosa. Expuesto lo anterior, se afirma que en el caso se actualiza la cusa de improcedencia en análisis, pues como se evidenció con antelación, la situación jurídica de la quejosa en relación con el pago de la pensión por viudez que le fue otorgada, actualmente se rige por la determinación contenida en el oficio número 24.5.4.J/1377/2018, datado el veinticinco de octubre del año en curso, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones. Ergo, la reclamada retención y/o descuento a la pensión por viudez de la quejosa, por incompatibilidad con el desempeño de un trabajo remunerado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que implica su incorporación al régimen obligatorio previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que le fue dada a conocer verbalmente, no puede ser considerada como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por consiguiente resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la promovente. Notifíquese, y hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Laura Cervantes Saucedo, por su propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1092/2018-IV. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del mismo, aclare su demanda y exponga lo siguiente: a) Manifieste si la información que solicitó el doce de octubre del año en curso "para conocer el estado" de su pensión, a que hace referencia en el hecho seis de su escrito inicial de demanda, el cual narra bajo protesta de decir verdad, la realizó de manera verbal o por escrito, en el entendido que de ser este último caso, deberá precisar la autoridad ante quien formuló la misma, y exhibir copia del acuse respectivo. b) Manifieste si la información que le fue hecha de su conocimiento, en el sentido de que "se encuentra en trámite" el otorgamiento de su pensión, además de que no podrá disfrutar de la misma debido a que se encuentra laborando para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además de encontrase en el supuesto de incompatibilidad que enumera el "cardinal 12, fracción inciso C, del Reglamento de la Ley en comento", fue de manera verbal o bien por escrito. En el entendido que de habérsele informado lo anterior por escrito, deberá transcribir o exhibir copia del mismo. c) Manifieste si señala como acto reclamado el artículo 12 fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones Sujetas al régimen del artículo Décimo Transitorio, toda vez que formula concepto de violación de inconstitucionalidad en contra de este, pero dicho arábigo no fue señalado de manera destacada en el capítulo respectivo de actos reclamados. c.1. En caso de señalarlo como acto reclamado, precise cual es el acto concreto en el que se le aplicó tal dispositivo legal, toda vez que de la demanda de amparo no se advierte en qué consiste el primer acto de aplicación de éstos. c.2. Indique las autoridades a las que les surte el carácter de responsables respecto del acto y norma reclamados, debiendo exhibir una copia tanto del escrito de demanda como del aclaratorio para cada una de ellas. c.3. Además, deberá expresar bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto o actos de aplicación que reclame, así como los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de tales actos. Lo anterior es necesario para integrar debidamente la litis del juicio constitucional, porque cuando se reclama una ley o reglamento en amparo contra leyes con motivo de su aplicación, el suscrito no puede desvincular el estudio de la norma y el acto concreto, sino que deben de analizarse en conjunto, y es que de la lectura integral de su demanda no se advierte el acto concreto en que fueron aplicados éstos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 346, con registro 900346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, página 400, que dispone: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". Asimismo, resulta aplicable la diversa jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1079, que ordena: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Hágase de su conocimiento que las exigencias que le es requerida en este acuerdo, deberán sujetarse a la veracidad, pues las mismas, en su momento serán confrontadas con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Arturo Coronado Puente, Sofía del Roció Ruiz Padrón y Karla Nohemí Maldonado Guzmán, quienes cuentan con su cédula profesional debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizada en términos restringidos del citado numeral a Diana Berenice Padilla Regalado, por no contar con su cédula profesional registrada en el aludido Sistema, así como a la pasante de derecho que señala expresamente para tales efectos. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.

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