Laura Celia Godinez Valdez

Expediente 1853/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1853/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Laura Celia Godinez Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de , perito oficial en materia de contable, mediante el cual pretende aceptar y protestar el cargo conferido; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda y de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo,

  2. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco; a veinte de septiembre de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 234/2022, promovido por Bernardo Aguirre Barba, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapopan, Jalisco y Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Bernardo Aguirre Barba, por su propio derecho, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el nueve de febrero de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapopan, Jalisco, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El artículo 34, fracción III, inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 18 de diciembre de 2021." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. En proveído de once de febrero de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional ordenó formar el expediente electrónico, registrarla con el número 234/2022, admitir la demanda de amparo, pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós el quejoso amplió su demanda de amparo por lo que ve al Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, por los siguientes actos: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El artículo 34, fracción III, inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, OLYMPIA CAMARENA GUERRERO Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 18 de diciembre de 2021." En proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional ordenó admitir la ampliación de la demanda de amparo, pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se reclama una norma de carácter general que tiene su acto de aplicación dentro del JUICIO DE AMPARO territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de JUICIO DE AMPARO Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en la emisión, promulgación y entrada en vigor de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, la cual contiene el artículo 34 fracción III inciso a) que se reclama como inconstitucional. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, al rendir su informe justificado a través del Director Jurídico Contencioso de la Sindicatura del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, negó la existencia del acto reclamado consistente en la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, la cual contiene el artículo 34 fracción III inciso a). Negativa que cobra relevancia sin necesidad de mayores datos, toda vez que la obligación que impone el numeral 117 de la Ley de Amparo de acompañar las copias certificadas en que se apoye su informe justificado se actualiza cuando la autoridad responsable al rendir su informe justificado admite la existencia y justifica su constitucionalidad lo que no acontece en el presente caso. Sin que de las documentales que acompaña a su escrito de demanda, se desvirtúe la citada negativa, pues una vez valoradas las mismas en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y X del Acuerdo General, adquieren valor probatorio pleno por tratarse de originales digitalizados y con los que únicamente acredita haber realizado el pago del impuesto predial por dos predios sin construcción, ante la Dirección General de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Por otra parte la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue omisa en rendir su informe justificado en el escrito de ampliación de demanda no obstante haber sido debidamente requerido para ello según se advierte del acuse de recibo del oficio 19994/2022; no obstante lo anterior, no ha lugar a presumir la certeza del acto reclamado consistente en la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2022, la cual contiene el artículo 34 fracción III inciso a), pues del contenido de la propia norma se advierte que la misma fue emitida por las diversas responsables Congreso del Estado de Jalisco y el Gobernador del Estado de Jalisco, la promulgó. Sin que de las pruebas acompañadas por el quejoso se acredite su participación en la emisión de dichas normas. Por tanto, ante la indemostración del acto reclamado a la referida responsable, se impone sobreseer en el juicio respecto del acto que se le imputa, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [...]". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador Constitucional y el Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Congreso del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la orden de promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós. Además, debe decirse que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos que se les atribuyen, por ser de naturaleza legislativa y ser disposiciones de carácter general, no están sujetos a prueba. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor literal siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". QUINTO. Conceptos de violación. En el presente caso no se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al impetrante. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan fundados. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio de derechos fundamentales, se centra en analizar la constitucionalidad del artículo 34, fracción III, inciso a) en el apartado que señala la sobretasa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, por violación al principio de equidad tributaria. La parte quejosa aduce en su concepto de violación primero que, siendo la equidad tributaria el principio conforme al cual los contribuyentes que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben tener el mismo tratamiento normativo en cuanto a los elementos esenciales del tributo; en el caso del impuesto predial, cuyo objeto se dirige a gravar la propiedad o posesión inmobiliaria, todo propietario o poseedor de predios rústicos o urbanos, con o sin construcción, integran una misma categoría de contribuyentes. Es decir, tratándose del impuesto predial, si los JUICIO DE AMPARO contribuyentes tienen las mismas características objetivas y realizan el mismo hecho generador del gravamen, es patente que constituyen la misma categoría y por esa razón, merecen el mismo tratamiento legal. Bajo esa idea, la norma reclamada vulnera dicho principio en razón de que determina las tasas conforme a las características de los predios, resultando que para los predios no edificados debe aplicarse una tasa superior del impuesto determinado que para los predios edificados. De modo que, no existe razón alguna para gravar con una tasa superior a los predios rústicos y urbanos no edificados porque estos se encuentran en la misma situación de hecho que el resto de los sujetos obligados, es decir, en la misma categoría de contribuyentes. Por tanto, la norma reclamada no prevé las mismas consecuencias tributarias frente a contribuyentes que tienen las mismas características objetivas y que realizan el mismo hecho generador del gravamen. Son esencialmente fundados los conceptos de violación reseñados, por lo que en el presente caso procede conceder el amparo y protección de la justicia federal. Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar que el principio de equidad tributaria constituye un parámetro de regularidad constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV constitucional, que se encuentra vinculado con el derecho fundamental de igualdad, consistente en que todos los gobernados deben recibir el mismo tratamiento legal que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad lo es ante la ley y ante su aplicación. Bajo dicho parámetro constitucional, los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una misma situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de forma desigual, a quienes se encuentren en una diversa situación de hecho. Incluso, el legislador tiene la obligación de establecer categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que no sea arbitraria, es decir, que su sustento se encuentre en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferenciado entre categorías, y sea acorde con finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Tiene aplicación al respecto la Tesis: P./J. 24/2000, visible en la página 35, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." Así como la tesis de Jurisprudencia P./J. 42/97, indirecto visible en la página 36, del Tomo V, junio de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Entonces, el fin constitucional que persigue este principio es evitar la incorporación de normas que, encaminadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Por tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de equidad tributaria se compone de los siguientes elementos objetivos: a) No toda desigualdad de trato por la ley supone violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. b) A iguales supuestos de hecho, deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas. c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción. d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con el derecho de igualdad, las consecuencias legales previstas deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. De modo que, para determinar si una norma respeta el principio constitucional de equidad tributaria, debe realizarse un escrutinio de equidad escalonado, a través de las siguientes fases: 1. Que exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, sino solamente análoga). A fin de determinar si se está en presencia de situaciones comparables, el término o parámetro de comparación debe referirse a las características propias y objetivas de los contribuyentes o sujetos pasivos de la relación tributaria o a las de la manifestación de riqueza gravada, esto es, a las de la fuente de riqueza o de la actividad económica que realizan. 2. Que la distinción legislativa obedezca a una finalidad legítima, es decir, objetiva y constitucionalmente válida. Estas finalidades generalmente pueden ser extrafiscales y constituyen instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país. 3. Que la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador pretende concretar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida y el fin pretendido. 4. Que la configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Tiene aplicación al respecto la Tesis: P./J. 18/91, Registro digital: 205798, Semanario Judicial de la Amparo indirecto Federación. Tomo VII, Junio de 1991, página 52, que dice: "CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos." Así como la Tesis: 2a. LXII/2018 (10a.), Registro digital: 2017163, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 1478, que dice: "EQUIDAD TRIBUTARIA. EL TRATO LEGISLATIVO DIVERSO Y EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN, CONSTITUYEN ASPECTOS DIFERENTES ENTRE SÍ, QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE NORMAS CONFORME A AQUEL PRINCIPIO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para el examen de la constitucionalidad de una ley, a la luz del principio referido, es necesario valorar ciertos pasos lógicos de manera escalonada, entre los cuales se encuentra apreciar si existe una diferencia normativa de trato entre individuos o grupos, así como determinar si éstos están en una situación comparable, a través de la aplicación de un parámetro o término de comparación. El primero de esos pasos, es decir, el trato legislativo diverso, es aquel generado como consecuencia de las hipótesis jurídicas previstas en las normas reclamadas, al establecer supuestos que determinan un trato fiscal diferente a cada sujeto. El segundo, esto es, el término de comparación, generalmente lo configuran, en materia tributaria, las características propias de los sujetos -por ejemplo, las de personas físicas frente a las de personas morales- o las de la manifestación de riqueza gravada, ya sea por la fuente o por la actividad económica que se realiza -verbigracia, ingresos por salarios frente a enajenación de bienes-. En consecuencia, ambos conceptos se refieren a distintos aspectos, por lo que cada uno de ellos debe tomarse en consideración al realizar el análisis de regularidad constitucional de normas conforme al principio de equidad tributaria." Bajo tales parámetros de control constitucional, para mejor comprensión del asunto, es preciso establecer que de conformidad con los artículos 92, 93, 94 y 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, el impuesto predial tiene los siguientes elementos constitutivos: Objeto: la propiedad o posesión de los predios urbanos, así como de las construcciones adheridas sobre estos. Sujeto: los propietarios o poseedores de predios urbanos y de las construcciones ubicadas en éstos. Base: se constituye por el valor fiscal de los predios, atendiendo a los procedimientos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y la ley de ingresos para el ejercicio fiscal respectivo. Tasa: está determinada en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal respectivo. Tiene aplicación al respecto la Tesis: P./J. 41/97 cuyo registro es 198403, visible en la página 43, del Tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." Sentado lo anterior, es oportuno invocar la disposición legal reclamada, misma que es del tenor siguiente: Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022: "SECCIÓN PRIMERA Del Impuesto Predial Artículo 34.- Este impuesto se causará y pagará de forma bimestral de conformidad con las disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y de acuerdo a lo que resulte de aplicar a la base fiscal las cuotas fijas y tasas a que se refieren esta sección y demás disposiciones contenidas en la presente Ley debiendo aplicar para ello, lo siguiente: I. Predios rústicos y urbanos: Para predios cuyo valor fiscal se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Catastro del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado se aplicará la siguiente tabla: JUICIO DE AMPARO Amparo indirecto Para el cálculo del Impuesto Predial bimestral, al Valor Fiscal se le disminuirá el Límite Inferior que corresponda y a la diferencia de excedente del Límite Inferior, se le aplicará la tasa sobre el excedente del Límite Inferior, al resultado se le sumará la Cuota Fija que corresponda, y el importe de dicha operación será el Impuesto Predial a pagar en el bimestre. Para el cálculo del Impuesto Predial bimestral se deberá de aplicar la siguiente fórmula: ((VF-LI)*T)+CF = Impuesto Predial a pagar en el bimestre, en donde: a) VF= Valor Fiscal; b) LI= Límite Inferior correspondiente; c) T= Tasa para aplicarse sobre el excedente del Límite Inferior correspondiente; y d) CF= Cuota Fija correspondiente; [...] III.- Predios baldíos: a) Predios baldíos, cuyo valor real se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, la tasa es bimestral y 0.070; b) A las cantidades determinadas mediante la aplicación de la tasa señalada en el incisos a) de esta fracción, se les adicionará una cuota fija de $4.00 bimestrales y el resultado será el impuesto a pagar. Las anteriores tasas, cuotas y tarifas se aplican para los fines establecidos en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con las políticas públicas en materia de ordenamiento del territorio, protección civil y el desarrollo del Municipio, para evitar el deterioro de la imagen urbana, tiraderos clandestinos de residuos, focos de infección que deterioran la salud pública y propician inseguridad que particularmente sufren las mujeres y niñas del Municipio, lo cual demanda el destino de gran cantidad de recursos presupuestales que se financian de la bolsa general pagada por el resto de contribuyentes; así con esta tasa se busca incentivar a las y los propietarios de esos predios para que hagan un mejor uso y aprovechamiento de éstos que deriven en un impacto ambiental positivo y coadyuven a mejorar la calidad de vida y seguridad de las personas." De la transcripción anterior, se advierte, en lo que interesa, que el impuesto predial se causará y pagará de forma bimestral de conformidad con las disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y de acuerdo a lo que resulte de aplicar a la base fiscal, las cuotas fijas y tasas precisadas en los preceptos transcritos; por lo que ve a predios rústicos y urbanos, la tasa máxima aplicable es la de 0.000432, y para los predios baldíos (o sin construcción), se pagará sobre el valor determinado, la tasa bimestral y al millar, de 0.070 (al millar 0.0007); además, a las cantidades determinadas mediante la aplicación de la última tasa señalada (para los predios baldíos), se les adicionará una cuota fija de $4.00 bimestrales y el resultado será el impuesto a pagar. De ahí que se actualiza la aplicación de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se reclama, las cuales establecen dicha tasa que resulta en un tributo mayor del impuesto predial respecto de bienes inmuebles sin edificar (o baldíos) en relación con aquellos edificados. El precepto reclamado dispone que las referidas tasas obedecen a los fines establecidos en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Además, que dichas tasas (diferenciadas) se aplica en congruencia con las políticas públicas en materia de desarrollo urbano tales como, ordenamiento del territorio, protección civil y el desarrollo del Municipio, para evitar el deterioro de la imagen urbana, tiraderos clandestinos de residuos, focos de infección que deterioran la salud pública y propician inseguridad que particularmente sufren las mujeres y niñas del Municipio; así como incentivar a los propietarios de esos predios para que hagan un mejor uso y aprovechamiento de estos que deriven en un impacto ambiental positivo y coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Bajo ese contexto normativo, este Juzgado Federal toma nota de que el precepto reclamado contempla una diferencia de trato entre contribuyentes que se encuentran en una situación comparable, habida cuenta que prevé consecuencias distintas entre contribuyentes que son dueños o poseedores de predios urbanos y rústicos edificados y aquellos que no lo están, siendo que en ambas hipótesis el objeto del impuesto predial es el mismo, esto es, gravar la propiedad y posesión inmobiliaria. En efecto, los parámetros de comparación que permiten advertir la presencia de situaciones de hecho análogas consisten en una parte, en que en ambos el sujeto pasivo es el propietario o poseedor de un inmueble, es decir, la concurrencia de la misma característica objetiva del contribuyente; y en otra, en que la manifestación de riqueza que gravan es precisamente la propiedad y posesión inmobiliaria. Por tanto, dado que el objeto y sujeto del impuesto son esencialmente los mismos en ambas hipótesis de causación, se hace patente que la diferencia en el tratamiento normativo se sustancia entre individuos que se encuentran en una situación comparable. Con lo cual, se supera la primera etapa del presente escrutinio de equidad. Ahora bien, dado que en el trato diferenciado bajo estudio no se advierte el uso de alguna de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1° constitucional, es decir, uno de los factores prohibidos de discriminación a que se refiere dicho numeral, es pertinente enfatizar en que el presente escrutinio de equidad se realiza con una intensidad ordinaria o poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, sustituyéndolo en su función de analizar si sus políticas son las mejores o resultan necesarias, lo que consecuentemente, infringiría los principios de democracia y división de poderes. Tiene aplicación al respecto la Tesis: P./J. 120/2009, Registro digital: 165745, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de JUICIO DE AMPARO 2009, página 1255, que dice: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.". Por tanto, el presente escrutinio de equidad requiere de un mínimo de justificación, bastando que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, exigiéndose un mínimo de idoneidad entre el medio y el fin, así como un mínimo de proporcionalidad entre el medio elegido y el fin buscado, que justifique la intervención diferenciada entre los sujetos comparables. Precisado lo anterior, respecto de la segunda etapa del escrutinio de equidad de mérito -persecución de fines objetivos y constitucionalmente válidos-, conviene establecer que conforme se aprecia del propio texto de la norma reclamada, la sobretasa impuesta a los propietarios y poseedores de predios no edificados persigue impulsar las políticas públicas en materia de ordenamiento del territorio, protección civil y el desarrollo del Municipio, para evitar el deterioro de la imagen urbana, tiraderos clandestinos de residuos, focos de infección que deterioran la salud pública y propician inseguridad que particularmente sufren las mujeres y niñas del Municipio; así como incentivar a los propietarios de esos predios para que hagan un mejor uso y aprovechamiento de estos que deriven en un impacto ambiental positivo y coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Es decir, la sobretasa materia de impugnación 33 persigue impulsar el desarrollo del municipio en los siguientes tres rubros: desarrollo urbano y sustentable, salud y seguridad públicas. Respecto del desarrollo urbano y sustentable, se estima que su mejoramiento -pretendido con la norma reclamada- representa un fin constitucionalmente válido, teniendo presente que del artículo 271 constitucional, deriva la obligación del Estado de velar por el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; para lo cual, entre otros imperativos, debe dictar las medidas necesarias con el objeto de ordenar los asentamientos humanos, planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Por su parte, sobre la finalidad que la norma reclamada pretende cristalizar en materia de salud pública, 1 "Artículo 27. (.) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que . es preciso enfatizar en que la protección de la salud constituye un derecho fundamental consagrado en el artículo 4°2 constitucional, de modo que el Estado, tanto Federación como entidades federativas, tienen competencia para establecer regulaciones en materia de salubridad general, en términos de la fracción XVI del artículo 73 constitucional. En consecuencia, las medidas que se dictan con el objeto de mejorar la salud pública reflejan un fin constitucionalmente válido. Finalmente, en relación con la seguridad pública, cabe precisar que acorde con el artículo 213 , noveno párrafo de la Constitución, es una función a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios cuya finalidad se contrae a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 2 "Artículo 4o.- (.) Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social" 3 Artículo 21.- (.) La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución". contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, comprendiendo la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas. En esa medida, también es un fin constitucionalmente válido. En tales condiciones, este Juzgado Federal advierte que la norma impugnada persigue fines objetivos y constitucionalmente válidos, con lo cual se supera la segunda fase del escrutinio en cuestión. Luego, respecto de la tercera fase del escrutinio de equidad de trato, este Juzgado Federal advierte que no existe una relación de instrumentalidad entre la medida de distinción normativa y los fines pretendidos, como esencialmente lo aduce la parte quejosa en su concepto de violación. Para demostrarlo, es preciso reiterar que la distinción normativa bajo estudio consiste en aplicar una sobretasa al impuesto predial, a cargo de los propietarios y poseedores de predios no edificados, con el fin de impulsar las políticas públicas en materia de ordenamiento del territorio, protección civil y el desarrollo del Municipio, para evitar el deterioro de la imagen urbana, tiraderos clandestinos de residuos, focos de infección que deterioran la salud pública y propician inseguridad que particularmente sufren las mujeres y niñas del Municipio; así como incentivar a los propietarios de esos predios para que hagan un mejor uso y aprovechamiento de estos que deriven en un impacto ambiental positivo y coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. De lo antedicho, se aprecia que el legislador pretende sustentar la instrumentalidad de la distinción de trato, en la siguiente fórmula argumentativa: si es mayor el impuesto predial que se causa en inmuebles no edificados que en aquellos que sí lo están, se incentiva a los propietarios de los primeros para que realicen construcciones en sus predios, lo cual redundará en el mejoramiento del desarrollo urbano sustentable, la salud y seguridad públicas. Es decir, según se advierte de la teleología de la norma impugnada, la diferencia de tasa para predios no edificados pretende incentivar a los sujetos pasivos del impuesto para que lleven a cabo obras constructivas y con ello, materializar los fines constitucionales antedichos. Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que la diferencia de trato, lejos de incentivar a los dueños y poseedores de predios no edificados, les impone una carga impositiva mayor que necesariamente produce un detrimento en su haber patrimonial. Es así, porque el efecto derivado del incremento en el monto del tributo se refleja directa e inmediatamente en el patrimonio del contribuyente, aumentando su pasivo y disminuyendo su activo. Por tal motivo, obligar a un contribuyente a que pague el impuesto predial sobre inmuebles no edificados, conforme a una tasa mayor, no se considera idóneo en cuanto incentivo, para propiciar que sus titulares lleven a cabo edificaciones, pues no se está frente a un estímulo o exención fiscales, sino frente a una medida atinente a gravar con mayor intensidad su capacidad contributiva, lo que redunda necesariamente en un detrimento en su patrimonio. En esas condiciones, si ha quedado demostrado que la distinción legislativa de trato no puede ser entendida como un incentivo para que los contribuyentes construyan en los predios no edificados, sino como una carga adicional a éstos que produce un detrimento patrimonial, este Juzgado de Distrito arriba a la convicción de que no existe una relación de instrumentalidad entre la imposición de una tasa mayor y los fines constitucionales que esa distinción normativa persigue, habida cuenta que la materialización de éstos depende necesariamente de que los contribuyentes construyan en sus predios no edificados, lo cual no es una consecuencia directa ni indirecta de la aplicación de la sobretasa prevista en la norma reclamada, cuyos efectos, cabe reiterar, se proyectan exclusivamente a aumentar la carga tributaria y, en consecuencia, a generar un detrimento patrimonial. Por tanto, considerando que los efectos de la distinción normativa de trato no consisten en garantizar, o cuando menos, fomentar que los contribuyentes construyan en sus predios no edificados, sino que únicamente provocan un aumento en la carga impositiva y su consecuente detrimento patrimonial, la distinción de trato a que se refiere la norma reclamada no constituye un medio apto o adecuado para materializar los fines constitucionales que dice perseguir; de modo que, no se supera la tercera fase del escrutinio de equidad tributaria. En consecuencia, resulta inconstitucional la porción normativa prevista en el artículo 34, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, por resultar contraria al principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De modo que, al resultar esencialmente fundado el único concepto de violación planteado por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a la norma reclamada, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco, autoridad vinculada al cumplimiento, deberá: a) Abstenerse de aplicar a la parte quejosa la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada -el artículo 34, fracción III inciso a), relativa a predios no edificados- sin que lo anterior implique que se le exima de enterar el impuesto a su cargo por concepto del impuesto predial. b) En su lugar, para cuantificar el monto respectivo, le sea aplicado el cálculo acorde a los predios edificados y deberá efectuarse la devolución del numerario que proceda, a la contribuyente respectiva, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda; para así respetar el derecho constitucional violado en los términos aquí apuntados. c) Devolver la cantidad enterada en exceso y que se pagó por concepto del impuesto predial respecto al predio no edificado materia de la concesión, esto es, lo relativo a los recibos oficiales FRN01265941 y FRN01265942 de veinte de enero de dos mil veintidós. d) Devolver dicha suma debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido. Lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, registro 2000230, página 1123, de rubro y texto siguientes: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria.". Es así, pues esta sentencia no tiene por efecto liberar a la disconforme del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la norma a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. En el entendido de que dicha devolución deberá comprender -en su caso- la actualización de la diferencia erogada, de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada III.2o.A.164 A sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO QUE DECLARAN INCONSTITUCIONALES LAS JUICIO DE AMPARO NORMAS QUE PREVÉN UN IMPUESTO. SU CUMPLIMIENTO SE COLMA CON LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS Y SU ACTUALIZACIÓN, PERO NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES4. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, los efectos de la protección constitucional son restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un impuesto, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Estimar lo contrario provocaría desnaturalizar la finalidad del juicio de amparo.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo por lo que ve a las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco y Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. 4 Página mil ochocientos veinte, Novena Época, Tomo XXVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta relativa a marzo de dos mil ocho, registro 170013. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Bernardo Aguirre Barba, contra el contenido del artículo 34, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022 que reclamó del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, por las razones y precisadas en el considerando último de esta sentencia.

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