Laura Cecilia Bozzo

Expediente 786/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
786/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Laura Cecilia Bozzo

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual informa que el Juzgado de su adscripción aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostentó como defensor particular de ********************, misma que quedó registrada con el número de amparo indirecto 748/2021-VII, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, vista la certificación secretarial de cuenta en la que consta que en el presente asunto no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, archívese como totalmente concluido, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de baja este expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En este sentido, se estima que el asunto en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, aunado de que no es considerado de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Cajal Díaz, quien se ostenta como defensor particular de Laura Cecilia Bozzo, contra actos del licenciado Daniel Ramírez Peña, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez "Altiplano" y otra autoridad responsable; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los Secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 786/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto. En principio, es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese orden de ideas, la competencia es la facultad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se someten a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio. Por su parte, la jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Bajo las anteriores premisas, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, carece de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto transcrito con antelación, derivan tres reglas básicas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo antes expuesto, se deduce que para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, conforme a las diversas hipótesis previstas en el aludido precepto legal, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Así tenemos que al realizar un análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno en la que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro de la causa penal 131/2021, otorgándole un plazo de cuarenta y ocho horas para ponerse a disposición del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", toda vez que al momento de la audiencia celebrada por medio tecnológicos virtuales, la quejosa Laura Cecilia Bozzo, se encontraba gozando de su libertad. No resulta inadvertido para este Juzgado que la parte quejosa hace referencia a una "inminente" orden de aprehensión que dictará la autoridad responsable; sin embargo, ello es un acto que pudiera o no acontecer, pues dependerá de la voluntad de la quejosa de acatar o no la orden de la autoridad responsable de ponerse a su disposición al interior del referido Centro Penitenciario. Por lo tanto, este juzgado no puede fincar la competencia por un acto que aún no se dicta. Así, los efectos de la medida cautelar son de naturaleza ejecutiva, la cual tendrá lugar en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, que es donde deberá ponerse a disposición la quejosa de la autoridad responsable para la consecución del procedimiento; jurisdicción que se encuentra dentro del ámbito de competencia territorial de los JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA; consecuentemente tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y por ende, el Juez competente para conocer de dicho acto es aquél en donde se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Aunado a lo anterior, en el presente asunto coincide el lugar de reclusión con el lugar donde se encuentra el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (autoridad responsable), por lo que la ejecución de la medida cautelar tendrá lugar directamente donde se lleva el proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia de la imputada al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso. Por tanto, conforme a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo, la competencia se actualiza a favor del JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, toda vez que el lugar donde se emitió la medida cautelar de prisión preventiva y se otorgó a la quejosa el plazo de cuarenta y ocho horas para ponerse a disposición del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", es en Almoloya de Juárez, Estado de México; aunado que, de igual modo el lugar en el que guardara reclusión y llevará la continuación del proceso penal, es en dicha jurisdicción. Resulta aplicable la Jurisprudencia PC.XVI.P. J/6 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2451, Décima Época, con registro digital: 2020882, de contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso." En esas condiciones, dado que este Juzgado de Distrito no podría válidamente, pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, estima que es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme al Acuerdo General Número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TURNO, para que dentro del término que señala el artículo 48 de la ley de la materia, y en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, al usuario "ALaboralf"; por tanto, instrúyase a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias. Así también, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones derivadas de este juicio a través de la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente, aunado a que como se dijo anteriormente, proporcionó usuario para ese efecto. De igual forma, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Diego Ruiz Durán y Faustino Enrique Saldaña Baranda, toda vez que tienen registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás profesionistas, hasta en tanto acrediten tener registrada su patente de licenciados en Derecho en el sistema aludido, y por autorizados para oír y recibir notificaciones a la personas expresamente señaladas para tales efectos, por así haberlo indicado en el ocurso que se atiende. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 22 y cuarto transitorio, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía electrónica. Así lo proveyó y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, asistido de Óscar Durán Valdés, Secretario que da fe.

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