Laura Castro Razo
Expediente 426/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Laura Castro Razo
Actuaciones
- Principal
se recibe el escrito de la parte quejosa, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Suplencia de la queja. En cuanto a su solicitud de suplencia de la queja en su beneficio, dígasele que el presente asunto se encuentra total y definitivamente concluido, en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en esta ciudad aceptó la competencia respectiva, por lo que deberá remitir su planteamiento al citado tribunal. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Revoca autorizado. Se le tiene revocando las autorizaciones efectuadas a las personas señaladas en su ocurso inicial para intervenir en este juicio. Autorizado. De acuerdo con los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene como persona autorizada para intervenir en este juicio a la designada para tal efecto, en los términos expresamente especificados por la parte quejosa, en cuya hipótesis ante la falta de cédula profesional o de su registro jurisdiccional, la autorización únicamente tiene efectos limitados y no amplios, inclusive a pesar de la designación sobre el particular.
- Principal
¿se recibe el oficio del Segundo Tribunal Colegiado de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del presente juicio, así como de las constancias atinentes y acepta la competencia planteada, y agréguese para los efectos legales conducentes. toda vez que el presente cuadernillo ha quedado total y definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.
- Principal
Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Laura Castro Razo, motivo por el cual fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro relativo. Incompetencia. El suscrito carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer el juicio de amparo que nos ocupa. Con el propósito de poner en claro la conclusión de que se trata, resulta necesario tener presente lo que la ley de la materia consagra en cuanto a la procedencia del juicio de amparo directo o uniinstancial, para lo cual debe dejarse establecido el texto de los artículos 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo. En lo que hoy interesa, dichos preceptos legales prevén lo que sigue: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.--- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.--- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.--- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.--- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; ." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.--- Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así pues, el juicio de amparo directo procede cuando el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin al juicio, o sea, estos tres casos son los únicos que la Ley de Amparo reconoce como formas de conclusión del proceso, lo cual conduce a considerar que, por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen en un juicio de amparo no sean de los previstos en los numerales de que se trata, procederá el juicio de amparo indirecto, lo que hace concluir que cuando se ataquen esos actos, es decir, fallos definitivos, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, procederá el juicio de amparo directo. Importa acotar que la propia ley de la materia, en su artículo 170, nos ilustra al señalar que debe entenderse por sentencia definitiva o laudo el que decida el juicio en lo principal y respecto del cual la ley no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado, salvo el caso que la propia ley permita la renuncia de ese medio de defensa. Por su parte, debe entenderse por resoluciones que ponen fin a un juicio aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y respecto de las cuales la ley común no conceda ningún recurso ordinario por virtud del que puedan modificarse o revocarse, excepto cuando se permita renunciar a éste. Con lo anterior queda patente que un juicio puede terminar decidiéndose en lo principal, en cuyo caso hablamos de sentencias definitivas o laudos, o bien, sin decidir en lo principal, en cuyo supuesto se está en presencia de resoluciones que ponen fin a algún juicio, siempre que las leyes no concedan respecto de ellas un medio legal de defensa por el cual puedan ser modificadas o revocadas, de ahí que en esas hipótesis el medio constitucional idóneo para impugnar actos de tal índole es el juicio de amparo directo. Por tanto, los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente tres, a saber: a) sentencias definitivas; b) laudos; y, c) resoluciones que ponen fin al juicio, razón por la cual cuando los actos de autoridad reclamados en un juicio de amparo no encuadren en cualquiera de esos tres supuestos, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta. En el caso, debe tenerse presente que el acto reclamado en este juicio de amparo se hace consistir en el laudo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaído en el juicio laboral 194/2020. En tal virtud, es claro que en este caso el acto reclamado sí encuadra en uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, precisamente, porque tiene el carácter de laudo, en contra del cual no procede recurso en su contra, esto es, tal acto implica que esa decisión constituye una causa que extingue el propio juicio de origen porque con ello el juicio de origen no seguirá su desarrollo, trámite y resolución, pues para ello la aquí parte quejosa deberá cumplir con una condición específica previo a interponer el juicio correspondiente, en cuyo caso será esta la razón que origine la terminación de ese juicio, en los términos planteados. Por lo anterior, el suscrito considera que no existe alguna razón jurídica para estimar que en este caso procede el amparo indirecto contra el acto reclamado en este juicio, pues, como se vio, tal acto encuadra en uno de los tres supuestos que la ley de la materia prevé para la procedencia de la vía directa o uniinstancial del juicio de amparo. Así, las razones anteriores conducen a considerar que este juzgador carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer este juicio respecto del fallo recaído en el juicio laboral 194/2020, motivo por el cual, de conformidad con lo que prevé el artículo 47 de la Ley de Amparo, lo que en el caso procede es enviar de inmediato este juicio de amparo y sus anexos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad. Por su aplicación, son de citarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." (Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 17, Abril de 2015, Tomo I. Tesis: P./J. 6/2015 (10a.). Página: 95.) "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 246. Página: 263. ) "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. De la interpretación de los artículos 44 y 163 de la Ley de Amparo, que establecen que la demanda de amparo directo se presentará por conducto de la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, se concluye que la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina por el domicilio de la autoridad responsable. Lo anterior se confirma, si se atiende a lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, 99 y 170 de la Ley de Amparo, que prevén que a la autoridad responsable corresponde proveer sobre la suspensión de los actos reclamados y al Tribunal Colegiado que ejerza su jurisdicción en el domicilio de la responsable conocer del recurso de queja contra la determinación en esa materia, pues de otra suerte carecería de objeto la división territorial del país en circuitos si los tribunales comprendidos en cada uno de ellos pudieran conocer de cualquier asunto, aunque el domicilio de la autoridad responsable no quedara comprendido en el territorio en el que ejerzan jurisdicción." (Registro digital: 187844. Instancia: Segunda Sala. Tesis: 2a./J. 5/2002. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 36.) Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Autorizados. De acuerdo con los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene como personas autorizadas para intervenir en este juicio a las designadas para tal fin en la demanda de amparo, en los términos expresamente especificados por la parte quejosa, en cuya hipótesis ante la falta de cédula profesional o de su registro jurisdiccional, la autorización únicamente tiene efectos limitados y no amplios, inclusive a pesar de la designación sobre el particular. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para ello por la parte quejosa. Datos de contacto. Por lo que respecta al correo electrónico y teléfono que proporciona, téngasele únicamente como forma de contacto para comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Transparencia. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no solo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Notifíquese.
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