Laura Castillo López
Expediente 705/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2017
Partes del expediente
- Laura Castillo López
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso **********. SE PROMUEVE RECURSO DE REVISIÓN. Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra de la sentencia dictada en autos, en términos del artículos 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios en términos de los artículos 88 y 89 de la invocada Ley. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en Turno los autos originales de este juicio y dos cuadernos auxiliares, así como el original y una copia simple del escrito de agravios, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído. Fórmese el expedientillo correspondiente en su momento procesal oportuno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Apoderada Legal del del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devolviendo el oficio 13671/2017 de los de control interno de este Juzgado, e informando que de una exhaustiva búsqueda en la base de datos dicha dependencia advierte que los promovente tienen su domicilio en Tlaxcala, en consecuencia: Reenvíese el oficio 13671/2017 toda vez que dicho oficio fue remitido para su conocimiento, y a efecto de notificar el auto de treinta de marzo del año en curso, a dicha dependencia, toda vez que la misma fue señalada como parte tercera interesada dentro de los autos del presente juicio de amparo, lo anterior, para que acuerdo lo que en derecho corresponda.
- Principal
V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo (fojas 70 a 87). SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. De la sentencia que concedió el amparo por cuestiones de forma, se advierte que la protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo 65/2016; y de considerar nuevamente que debe imponerse la multa a la impetrante de amparo, en su lugar emita otra, en la que subsane las irregularidades formales indicadas en esta sentencia; esto es, se pronuncie pormenorizadamente respecto a los motivos que tenga para fijarla, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que corresponden a la gravedad de la infracción determinada, y de esta manera determine el monto de la multa a imponer; asimismo, deje sin efecto el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-917/2016, de trece de octubre de dos mil dieciséis. 2. En consecuencia, ordene al Director de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, que deje insubsistente la ejecución de la sanción pecuniaria reclamada (foja 87). Por auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a las autoridades responsables (fojas 93 y 94). Mediante oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD.237/2017 de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente administrativo de responsabilidades 65/2016 de su índice, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, así como el oficio SC.SAGC.DSFA.DJQD-917/2016 y en su lugar emitió otra en la que decretó la imposición de una multa a la aquí peticionaria de amparo por el monto de $1,168.64 (un mil pesos ciento sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.), equivalente a dieciséis veces el salario mínimo vigente en el Estado, lo anterior tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos de dicho expediente (fojas 103 a 119). Por oficio SFA-PF-(16)-640/17 de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recibido por este Juzgado Federal el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el Procurador Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada del oficio SFA-SI-CGENyASF-DR-1783/2017 de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se advierte que el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dejó sin efectos todos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal 4187551, abierto a nombre de la aquí peticionaria de amparo *************(foja 122 a 127). Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 128), la cual fue desahogada mediante el escrito presentado el cinco de abril del año en curso, en el cual realizó diversas manifestaciones en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia en virtud de que la misma carece de fundamentación y motivación al imponerle una nueva multa. En las relatadas condiciones, contrario a lo manifestado por la aquí peticionaria de amparo el Delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 65/2016 y en su lugar haber emitido otra en la que subsanó los vicios formales contenidos en la presente ejecutoria, esto es, tomó en consideración los elementos objetivos y subjetivos que obraban en autos del citado expediente de responsabilidad administrativa y decretar una multa a la peticionaria de amparo por el monto de dieciséis veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, la cual al cuantificarse en moneda nacional asciende a la cantidad de $1,168.64 (un mil ciento sesenta y ocho pesos 64/100 m.n.). Asimismo, el Director de Recaudación adscrito a la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistemático Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos los actos instrumentados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendientes a hacer efectivos el crédito fiscal 4187551 y ordenar su baja en el Sistema de Control de Seguimiento Fiscal de dicha dependencia; son razones por las que se considera cumplida la ejecutoria de amparo. En efecto, en la resolución dictada en cumplimiento a la presente, la imposición de la citada medida de apremio atendió al incumplimiento por parte de Anallely Pérez Durán, de remitir la información solicitada a fin de substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual la aquí quejosa fungió como coadyuvante con la autoridad investigadora, manifestando que toda vez que el artículo 79 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no establece un límite tratándose de la sanción económica, valoró los elementos objetivos (gravedad de la infracción) y subjetivos (circunstancias personales del infractor). Elemento objetivo: a) No atender con diligencia los requerimientos que reciba de la Autoridad competente conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. b) Poseer un nivel jerárquico (Director) representado a una unidad administrativa de la Administración Pública Estatal y atendiendo a sus funciones y actividades que desarrolla con motivo de su cargo, tenía la potestad, medios y medidas para cumplir el requerimiento de información y documentación solicitada en dos ocasiones para la investigación e integración del expediente de responsabilidad administraba de donde emana el acto reclamado. c) Como consecuencia de lo anterior, entorpeció la investigación como el entorpecimiento de posibles actos de responsabilidad administrativa. Elemento subjetivo: a) Ser persona mayor de edad. b) estudios concluidos (contador técnico) c) Haber sido contratada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración como Directora de Fiscalización, lo que le permite conocer las funciones encomendadas con motivo que emplea. Bajo este contexto, resulta que la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria se ajustó a los lineamientos formales establecidos en la misma, de manera tal que las alegaciones que esgrime la quejosa atienden al fondo del asunto planteado, cuestión que como ya quedó advertida, no fue materia del análisis en el presente juicio constitucional y en esas condiciones quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Archívese este asunto como concluido. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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