Laura Carolina Suarez Valdez
Expediente 287/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Laura Carolina Suarez Valdez
- MANUELA VALDEZ NAVARRETE y Otros.
- Manuela Valdez Navarrete
- LAURA CAROLINA SUAREZ VALDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales que correspondan, el escrito de cuenta, signado por el licenciado José Alberto Castillo Suárez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ***************** y ******************, mediante el cual solicita autorizar al usuario electrónico jacs74 en el Sistema en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que tenga acceso al expediente electrónico formado respecto del juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 21/2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a José Alberto Castillo Suárez, permiso para tenga acceso al expediente por la vía electrónica.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". De acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "La concesión del amparo es para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, integrada legalmente deje insubsistente el acto que se le reclama y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución, purgando los vicios delatados en esta sentencia y cumpliendo con los requisitos de validez constitucional, debiéndose notificar a las recurrentes en los términos de ley.". Ahora bien, de autos se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 1408 presentado ante este juzgado el doce de marzo del año en curso, en el que informa dejó sin efectos el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, resolvió sobre la procedencia del mismo y dictó una nueva resolución bajo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio de la que remitió copia certificada dictada el dos de febrero del año en curso, en los autos del expediente laboral J. E. No. 2-10-474/2007. En consecuencia, se puede concluir que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, de conformidad con el numeral 77 de la Ley de Amparo, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso, ni defecto alguno.
- Principal
Visto el oficio suscrito por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, con el que informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio y remite copias certificadas relativas al expediente laboral J. E. No. 2-0/30-222/2018; por tanto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa, con ese oficio, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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