Laura Ayala Cerda

Expediente 434/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 43 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
434/2020
Año
2020
Actuaciones
43
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Laura Ayala Cerda
  • Secretario de Transporte del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Quejosa interpone incidente de daños y perjuicios. Una vez ratificada la firma que contiene el escrito presentado por la parte quejosa, el cual fue registrado en este juzgado de distrito con el folio 20698, procede acordar lo siguiente: Téngase por recibido el escrito signado por Laura Ayala Cerda, parte quejosa en este juicio de amparo, mediante el cual promueve incidente de pago de daños y perjuicios aduciendo que para retirar su vehículo del depósito erogó pago por concepto de grúa, de igual manera, señala que dicho automotor le fue entregado con daños, lo que le ha causado gastos y perjuicios. Dicho incidente lo promueve fundando su petición en los artículos 66, 132 y 156 de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." [El énfasis es añadido] De lo anterior se colige con meridiana que la parte quejosa carece de legitimación para promover el incidente previsto en el numeral 156 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones y fundamentos: El numeral 156 de la ley de la materia, como se aprecia, regula la hipótesis de cuando se trate hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, supuesto en el cual, se tramitará un incidente dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio; en la inteligencia que, de no presentarse tal incidencia en ese plazo, previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que se exija tal responsabilidad ante la autoridad competente. De lo anterior se desprende que la base en que se sustenta el incidente previsto en el precepto 156 de la Ley de Amparo, es: Por un lado, el otorgamiento de la garantía que el quejoso exhibe en el incidente de suspensión pues con su exhibición aquél adquiere la obligación de responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero interesado, en caso de que el quejoso no obtenga la protección de la justicia federal. Y, por otro lado, el otorgamiento de la contragarantía que el tercero interesado exhibiría para dejar sin efecto la otorgada por el quejoso, a fin de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y en todo caso, pagar los daños y perjuicios que le sobrevinieran al quejoso en el supuesto de que se le concediera el amparo. Esto es, el incidente previsto en el citado artículo depende de la existencia de la garantía o contragarantía exhibidas en el incidente de suspensión, porque es en ellas donde el quejoso o el tercero interesado, respectivamente, asumen la obligación de responder de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a su contraparte, ya sea con motivo de la suspensión de los actos reclamados o de su ejecución, dependiendo de si se concede o se niega la protección constitucional. En ese orden de ideas, resultan improcedentes los planteamientos de la parte quejosa porque si bien el artículo 156 de la Ley de Amparo no prevé expresamente quién es el sujeto procesal que podrá iniciar el incidente de mérito, en la medida en que solo señala que "Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley.". La realidad es que ello se obtiene de la interpretación sistemática de las normas antes expuestas, a saber, los numerales 132 a 134 de la Ley de la materia, en relación con el aludido precepto 156 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que quienes pretendan hacer efectiva ". la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión.", serán precisamente aquellos que hayan resentido un daño o perjuicio por virtud de la exhibición de la garantía o contragarantía en el incidente de suspensión de que se trate, siendo, en esa lógica, el tercero interesado en cuanto a la garantía exhibida por el quejoso ?en caso de no obtener el amparo?; y, el quejoso respecto a la contragarantía exhibida por el tercero interesado ?para dejar sin efectos la garantía exhibida, a su vez, por el quejoso y así, restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y en todo caso, pagar los daños y perjuicios que le sobrevinieran al quejoso en caso de que se le concediera el amparo?. De lo que se sigue que, aun cuando el artículo 156 de la Ley de Amparo tampoco regule alguna prohibición expresa en el sentido de que el quejoso no podrá tramitar el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad que corresponda por la exhibición de la garantía que él mismo haya exhibido en el incidente de suspensión; la restricción en comento se deduce de la correcta intelección de los referidos preceptos legales, de los que, como se indicó en líneas previas, se desprende que, el tercero interesado será el legitimado para reclamar lo relativo a la garantía exhibida por el quejoso; y, el quejoso respecto a la contragarantía exhibida por el tercero interesado, no a la inversa, como pretende la parte aquí quejosa. Además, cabe precisar que en el presente asunto se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de igual manera tampoco existió persona con el carácter de tercero interesado que hubiese sido llamado a juicio y tampoco se otorga garantía alguna al haberse negado las medidas cautelares solicitadas. Por ello, se desecha el incidente de daños y perjuicios que con fundamento en el numeral 156 de la Ley de Amparo promueve la parte quejosa, al carecer de legitimación para ello. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, registro digital: 2023662, Undécima Época, Materias(s): Común, Tesis: XXX.2o.2 K (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Aislada, que dice: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL QUEJOSO PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA GARANTÍA QUE EXHIBIÓ CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SE LE OTORGÓ EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL CARECER DE LEGITIMACIÓN PARA ELLO. El artículo 156 de la Ley de Amparo no prevé expresamente quién es el sujeto procesal legitimado para iniciar el incidente de mérito; sin embargo, de la interpretación sistemática de los artículos 132 a 134 de la propia ley, en relación con el aludido precepto 156, se advierte que quienes pretendan hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, serán precisamente aquellos que hayan resentido un daño o perjuicio por virtud de la exhibición de la caución en el incidente de suspensión de que se trate, siendo en esa lógica, la parte tercero interesada en cuanto a la garantía exhibida por el quejoso -en caso de no obtener el amparo-, y éste respecto a la contragarantía exhibida por aquélla -para dejar sin efectos la garantía exhibida, a su vez, por el quejoso y así restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y, en todo caso, pagar los daños y perjuicios que le sobrevinieran al quejoso, en caso de que se le concediera el amparo-. Partiendo de ello, aun cuando el mencionado artículo 156 tampoco regule alguna prohibición en el sentido de que el quejoso no podrá tramitar el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad que corresponda por la exhibición de la garantía que él mismo haya exhibido en el incidente de suspensión, lo cierto es que de la correcta intelección de los referidos preceptos legales, se obtiene que el tercero interesado será el legitimado para reclamar lo relativo a la garantía exhibida por el quejoso, y éste respecto a la contragarantía exhibida por aquél, no a la inversa. Sin que por ello se infrinja el derecho humano a una impartición de justicia pronta y expedita, pues el referido artículo 156 es claro en establecer que el incidente en comento podrá promoverse durante los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. Estimar lo contrario, llevaría a restringir el término de seis meses que tiene el tercero interesado para promover el referido incidente." Ahora bien, también existe el incidente de pago de daños y perjuicios dentro de la ejecución de sentencia, sobre ello, este juzgador federal también se pronunciará: Pues bien, si lo que pretende la quejosa es un incidente de pago de daños y perjuicios dentro del cumplimiento previamente debe precisarse que: El veinte de abril de dos mil veintiuno, se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la cédula de notificación de infracción con número de folio de folio 30940841-9, de tres de marzo de dos mil veinte; luego, el Servicios de Grúas Manolo Quince, lugar en el que, a decir de la quejosa, se encontraba la unidad de transporte con número de placas 722844G, número económico de contrato S-0814 de la ruta 610, estaba retenida debido a la cedula de notificación de infracción que resultó ilegal, debía regresarse la citada unidad a la parte quejosa. Dicha sentencia causó ejecutoria el catorce de mayo de dos mil veintiuno, al transcurrir el término previsto en el numeral 86 de la Ley de Amparo y no haber interpuesto recurso de revisión en contra de dicho fallo. Mediante proveído dictado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a lo anterior la quejosa no hizo manifestación alguna tocante a la conducta desplegada por la responsable. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito emitió acuerdo en el que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, al considerar que la responsable había cumplido con el fallo protector. Por otra parte, se transcriben los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, que establecen el incidente de cumplimiento sustituto y de los que se desprende claramente que el incidente de pago de daños y perjuicios deberá ser tramitado dentro del diverso cumplimiento sustituto ello dentro de una ejecutoria de amparo: "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse ante el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo a partir del momento que ésta cause ejecutoria. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. En el incidente, el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia determinará si ha lugar o no al cumplimiento sustituto. En caso de resultar favorecida la petición, se abrirá un nuevo incidente para cuantificar el pago de daños y perjuicios. Tanto la determinación sobre la procedencia del cumplimiento sustituto como la que cuantifique los daños y perjuicios serán recurribles mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h) de esta Ley, del cual conocerán los tribunales colegiados de circuito. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente." [El énfasis es añadido] Luego, el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. [.] El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso o cuando por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional." [Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito] Ahora, el dispositivo 105 de la Carta Magna en lo que aquí destaca, señala lo siguiente: "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [.] En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución." Expuesto lo anterior ha menester señalar que el cumplimiento sustituto es la posibilidad de cumplir una sentencia de amparo mediante el pago de daños y perjuicios, en lugar de exigir a la autoridad que se vuelva al estado anterior o que realice la conducta que le era exigible, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en un grado mayor a los beneficios que podría obtener la parte quejosa, cuando por las circunstancias materiales del caso exista imposibilidad jurídica o material para cumplir la sentencia o cuando sea desproporcionadamente gravoso regresar al estado anterior. Entonces, la petición del cumplimiento sustituto debe presentarse tan pronto cause estado la ejecutoria; sin embargo, puede ocurrir que la imposibilidad o las dificultades para dar cumplimiento al fallo se conozcan con posterioridad, en el curso del procedimiento de cumplimiento. Dicha solicitud de realizarse ante el Tribunal que conoció del juicio de amparo en primera o única instancia, o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si el expediente se encuentra radicado ante ésta. También se debe señalar que para ello es necesario que se haya declarado imposibilidad jurídica o material de ejecutar el fallo. Si esta declaratoria no preexiste, entonces deberá ampliarse la petición para que primero se establezca la imposibilidad y luego se cuantifiquen los daños y perjuicios; en este último supuesto, se deben expresar las razones por las cuales se estima que no es posible dar cumplimiento a la sentencia en sus términos, por la afectación a la sociedad, porque existe imposibilidad legal o jurídica para cumplir el fallo o es extremadamente gravoso atender el fallo en sus términos. Cabe mencionar que ante la imposibilidad para cumplir una ejecutoria de amparo en sus términos, el artículo 107, fracción XVI de la Ley de Amparo prevé que puede darse por cumplida, válidamente, mediante el cumplimiento sustituto, el cual se logra mediante dos formas: el incidente establecido en el artículo 204 y bajo las reglas de los diversos 66, 67 de la Ley de Amparo, así como los cánones 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, el cual requiere de la promoción de la parte quejosa, en el entendido de que una vez firme la sentencia amparadora correspondiente, la responsable debe pagar el monto determinado, porque si no lo hace será merecedora de las consecuencias y sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional; o la celebración y cumplimiento de un convenio del que debe tener conocimiento el Juez, siendo importante destacar que si las pláticas tendientes a lograrlo no prosperan, el quejoso tiene acción, en todo momento, para optar por el incidente reglado de daños y perjuicios. De lo anterior, se colige que el incidente de daños y perjuicios debe promoverse una vez tramitado el diverso de cumplimiento sustituto, es decir, cuando exista imposibilidad de que la responsable cumpla con el fallo protector, lo cual no acontece en este asunto, merced de que la parte quejosa no optó por el cumplimiento sustituto y este juzgador estuviera en aptitud legal de abrir el incidente de daños y perjuicios para así establecer los lineamientos del acatamiento de la ejecutoria de amparo a través del cumplimiento sustituto y no del cumplimiento convencional por el cual decidió la quejosa. Ello, porque ya hubo una declaratoria de cumplimiento donde se estableció que la responsable había acatado el fallo protector y, además, no es la etapa procesal para la promoción del incidente de daños y perjuicios que pretende. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital: 167260, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 140 "EJECUTORIAS DE AMPARO. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO OPERA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO MEDIANTE EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS O EL CONVENIO. Ante la imposibilidad para cumplir una ejecutoria de amparo en sus términos, el artículo 105, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que puede darse por cumplida, válidamente, mediante el cumplimiento sustituto, el cual se logra mediante dos formas: el incidente establecido en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, el cual requiere de la promoción del quejoso, en el entendido de que una vez firme la interlocutoria correspondiente, la responsable debe pagar el monto determinado, porque si no lo hace será merecedora de las consecuencias y sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional; o la celebración y cumplimiento de un convenio del que debe tener conocimiento el Juez, siendo importante destacar que si las pláticas tendientes a lograrlo no prosperan, el quejoso tiene acción, en todo momento, para optar por el incidente reglado de daños y perjuicios". De igual manera se invoca como sustento a lo aquí determinado la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 197246 de la Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 99/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 8, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS PARA CUANTIFICAR EL PAGO EN EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. El incidente de daños y perjuicios previsto en el último párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, en cuanto constituye un procedimiento a través del cual se logra el cumplimiento sustituto de la sentencia, no concede al quejoso más que el derecho a obtener una suma de dinero que corresponda al valor económico de las prestaciones de dar, hacer o no hacer que la sentencia imponga a la responsable o a la autoridad encargada de la ejecución, como si ésta se hubiera realizado puntualmente, sin que incluya conceptos o prestaciones distintas de las comprendidas en la sentencia, como sería el pago de las ganancias lícitas que el quejoso dejó de percibir con motivo del acto reclamado (perjuicios), pues la creación de esta vía incidental no obedeció a la intención legislativa de conferir al quejoso una acción de responsabilidad civil por naturaleza distinta de la acción de amparo, sino la de permitir a quienes no han podido lograr la ejecución de la sentencia de amparo, acceder a una situación de reparación equiparable a la de quienes han logrado el acatamiento ordinario del fallo, razón por la cual la cuantificación del pago en esta vía debe efectuarse analizando cuidadosamente la naturaleza del acto reclamado y de la prestación debida por la autoridad, ya que en ocasiones no es fácil distinguir entre el valor económico de esta última y el de otras prestaciones, como sería el lucro dejado de obtener, considerando, por ejemplo, que no es lo mismo acatar una sentencia de amparo concedida en contra de un acto de apoderamiento o destrucción de una cosa, en que la prestación debida es la devolución de la cosa o, en vía sustituta, el pago de su valor al momento de ejecutarse el fallo, que cumplir una sentencia que otorga el amparo en contra del cese de un servidor público, en el que la prestación debida es su restitución en el cargo con el pago de los haberes que debió devengar o, en vía sustituta, el pago de tales haberes y de una cantidad adicional que represente el valor económico que para el quejoso ocasione ser separado del cargo." Por lo anterior expuesto y fundado se desecha el incidente de daños que promueve la parte quejosa, por considerarse notoriamente improcedente. Domicilio Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Lilivette Mendoza Gines y Carlos de Jesús Hernández Pérez, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Flor Eden Uribe Moreno, por así solicitarlo expresamente. Proporciona datos de contacto. Asimismo, proporciona los correos electrónicos que refiere. Del cual este juzgado toma nota, sin que implique que las notificaciones que se le realicen a su parte por dicho medio electrónico, sino que si por las cargas labores de este órgano jurisdiccional, resulta necesario hacerlas por dicho medio, deberá constar en acta que suscriba el actuario de la adscripción. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el ocurso presentado por la quejosa Laura Ayala Cerda, mediante el cual pretende promover incidente de pago de daños y perjuicios. Asimismo, manifiesta su intención de señalar domicilio y nombra autorizados. Reconocimiento de firma. Por tanto, previo a acordar lo conducente, se ordena requerir a la quejosa para que comparezca de manera personal, con identificación oficial vigente y que contenga fotografía, al local que ocupa este juzgado de Distrito, sito anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, número 7727, Edificio X3, Piso 3, fraccionamiento Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dentro del plazo improrrogable de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, en días hábiles y en un horario de atención al público, esto es de 13:15 a 19:15 para que: a. Ante la presencia judicial, reconozca como suya la firma que calza en la promoción de cuenta, dado que sin tener conocimientos especiales en las materias de grafoscopía y documentoscopía, es evidente que la firma que aparece al calce es notoriamente distinta a la que obra en autos en el escrito inicial de demanda, como a continuación se ilustra con las siguientes imágenes: Firma del escrito inicial de demanda. Firma del escrito que ahora se acuerda. Por tanto, se estima que ello es susceptible pedir su reconocimiento, para corroborar que dichos signos gráficos pertenecen a la quejosa en comento, por ser la manifestación de su voluntad, en atención al principio de seguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva" Así como la tesis de epígrafe y contenido: "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACIÓN DE LA. CASO EN EL CUAL EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE MANDAR QUE SE HAGA. En la Ley de Amparo no existe disposición en el sentido de que, cuando en una demanda se impriman huellas digitales en substitución de la firma del promovente, deba requerirse al quejoso para que la ratifique ante la presencia judicial o que en su defecto otras personas firmen a su ruego. Ante tal circunstancia a efecto de llegar a la convicción de que, conforme a los artículos 107, fracción I, Constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, existe instancia del que aparece como promovente, dado que la firma constituye la manifestación de su voluntad, atendiendo a las peculiaridades de cada caso, el Juez del conocimiento puede, si lo considera necesario, mandarla ratificar" O bien, en ese mismo lapso manifieste la imposibilidad que para ello tuviere. Apercibimiento. Se le apercibe que de incumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentado el escrito en cuestión, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo y se agregará al expediente sin mayor proveído. Se comisiona al actuario judicial para que comparezca al domicilio que menciona en el ocurso de cuenta, así como el autorizado y el sumario y donde tenga plena certeza de que es aquel donde se puede notificar a la quejosa efectúe la diligencia aquí ordenada. En el entendido de que su comparecencia deberá efectuarse bajo el siguiente esquema de atención al público: En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Asimismo, se le informa que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado SS/DGJ/DA/8516/2021, que suscribe el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en representación de la Policía Vial, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin embargo, generó oficio a la Dirección de Depósito Vehiculares del Estado de Jalisco, para cumplimentar el fallo protector, mismo que se agrega al expediente para que obre como constancia, toda vez que en proveído de cinco del mes y año, en curso se dio vista a la parte quejosa con las constancias con las cuales la autoridad responsable acreditó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado ST/DGJ/DC/AMP/7405/2021, que signa el Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del oficio ST/DGJ/D.M.T.L.V y P.P/347/2021, por medio del cual, al Encargado del Área de Libertad de Vehículos de la Secretaría de Transporte hizo del conocimiento que se realizó la entrega de la constancia con número de folio DGJ148700 de libertad de vehículo con placas 722844G, asimismo, remite copia certificada de la señalada libertad. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

Quedan 39 actuaciones en este expediente

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