LAURA ARlZMENDI CAMPOS

Expediente 256/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
256/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2015

Partes del expediente

  • LAURA ARlZMENDI CAMPOS

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley a la parte quejosa, a fin de que se inconformara respecto al proveído de veintinueve de enero de dos mil quince, por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, ha transcurrido... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO... envíese al archivo....

  2. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Superintendente General Zona Acapulco Comisión Federal de Electricidad, residente en esta ciudad, por el cual comunica que cumplimentó en sus términos la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo en que se actúa...

  3. Principal

    NOTIFICO a la quejosa LAURA ARIZMENDI CAMPOS, el provéido de veinte de febrero de dos mil quince, mediante LISTA que se publica en los ESTRADOS del Juzgado de mi adscripción, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo en vigor, en razón de que transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido en el aviso que se fijó el veinticuatro de febrero de dos mil quince,en la puerta de acceso del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, sin que hubiesen comparecido ante el Tribunal de mi adscripción a notificarse del citado auto, el cual, en su parte conducente dice: "... Agréguese a los autos el escrito signado por Rodolfo Gómez Hernández, autorizado de la parte quejosa (foja 18, reverso); mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el cheque número 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, fue cobrado satisfactoriamente por la quejosa de referencia. Precisado lo anterior, es conveniente señalar que si bien el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando el órgano judicial de amparo reciba información de la responsable en relación con el cumplimiento del fallo protector, debe darse vista a la parte quejosa y, en su caso, al tercero o terceros interesados, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; en la especie, es innecesario ordenar esa vista respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, en razón de que Rodolfo Gómez Hernández, autorizado de la parte quejosa (foja 18, reverso), con el escrito de cuenta, manifiesta que el cheque 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, fue debidamente cobrado; por lo que, a nada practico conduciría darle vista con éste, aunado a que en el presente asunto no existe tercero interesado. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil catorce (fojas 125 a 152), este Juzgado Federal concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante del amparo, para que la Ley 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, que establece la contribución especial por el servicio de alumbrado público, denominado derecho de alumbrado público (DAP), concretamente en sus artículos 91 al 99, no le fuera aplicada y no se le exigiera el pago de tal concepto, deducido del suministro de energía eléctrica proporcionado bajo el número de servicio 329 010 401 170 y dado que acreditó que enteró el controvertido gravamen, como se advierte del comprobante de pago realizado vía electrónica ante la institución bancaria Banamex (foja 17), también el efecto inmediato del fallo protector también fue que para que las exactoras municipales responsables le hicieran la devolución de la cantidad de $1,103.24 (un mil ciento tres pesos 24/100 moneda nacional), debidamente actualizada. Asimismo, a través del proveído de veintidós de diciembre de dos mil catorce (fojas 107 y 108), se requirió a las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, residentes en esta ciudad, para que también devolvieran a la quejosa la cantidad $1,103.24 (un mil ciento tres pesos 24/100 moneda nacional), que enteró por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), respecto del mes de marzo de dos mil catorce; ello en razón de que del historial de facturación que al efecto remitió el Superintendente General de Zona Acapulco de Comisión Federal de Electricidad, residente en esta ciudad (fojas 103 a 106), aparece pagada dicha contribución en el mes antes referido. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades responsables, por conducto de su delegada, mediante oficio número DJUP-03/0353/2015 (fojas 205 a 209), remitieron el cheque número 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, que erogó por concepto de Derecho de Alumbrado Público; documento cambiario que recibió la referida quejosa, como se advierte de autos (foja 219); asimismo, mediante escrito presentado el diecinueve de febrero del año en curso, Rodolfo Gómez Hernández, autorizado de la parte quejosa (foja 18, reverso), manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el cheque número 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, fue cobrado satisfactoriamente por la quejosa de referencia. En ese contexto, por oficio sin número, recibido en este Juzgado de Distrito el diecinueve de diciembre de dos mil catorce (foja 182), el Superintendente General Zona Acapulco de Comisión Federal de Electricidad, informó la desincorporación del cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público a la quejosa Laura Arizmendi Campos. De las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado; de modo que cuando la concesión es "para efectos", no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la autoridad responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos que restauren las garantías violadas. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que, a la impetrante del amparo, la Ley 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, que establece la contribución especial por el servicio de alumbrado público, denominado derecho de alumbrado público (DAP), concretamente en sus artículos 91 al 99, no le fuera aplicada y no se le exigiera el pago de tal concepto, deducido del suministro del suministro de energía eléctrica proporcionado bajo el número de servicio 329 010 401 170 y le hicieran la devolución de la cantidad de $2,206.48 (dos mil doscientos seis pesos 48/100 moneda nacional), debidamente actualizada. En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanzaba a las autoridades responsables que concurrieron en la expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de la aludida ley, no implicaba por parte de éstas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento al fallo protector. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICO a la quejosa LAURA ARIZMENDI CAMPOS, el provéido de veinte de febrero de dos mil quince, mediante LISTA que se publica en los ESTRADOS del Juzgado de mi adscripción, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo en vigor, en razón de que transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido en el aviso que se fijó el veinticuatro de febrero de dos mil quince,en la puerta de acceso del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, sin que hubiesen comparecido ante el Tribunal de mi adscripción a notificarse del citado auto, el cual, en su parte conducente dice: "... Agréguese a los autos el escrito signado por Rodolfo Gómez Hernández, autorizado de la parte quejosa (foja 18, reverso); mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el cheque número 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, fue cobrado satisfactoriamente por la quejosa de referencia. Precisado lo anterior, es conveniente señalar que si bien el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando el órgano judicial de amparo reciba información de la responsable en relación con el cumplimiento del fallo protector, debe darse vista a la parte quejosa y, en su caso, al tercero o terceros interesados, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; en la especie, es innecesario ordenar esa vista respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, en razón de que Rodolfo Gómez Hernández, autorizado de la parte quejosa (foja 18, reverso), con el escrito de cuenta, manifiesta que el cheque 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, fue debidamente cobrado; por lo que, a nada practico conduciría darle vista con éste, aunado a que en el presente asunto no existe tercero interesado. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil catorce (fojas 125 a 152), este Juzgado Federal concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante del amparo, para que la Ley 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, que establece la contribución especial por el servicio de alumbrado público, denominado derecho de alumbrado público (DAP), concretamente en sus artículos 91 al 99, no le fuera aplicada y no se le exigiera el pago de tal concepto, deducido del suministro de energía eléctrica proporcionado bajo el número de servicio 329 010 401 170 y dado que acreditó que enteró el controvertido gravamen, como se advierte del comprobante de pago realizado vía electrónica ante la institución bancaria Banamex (foja 17), también el efecto inmediato del fallo protector también fue que para que las exactoras municipales responsables le hicieran la devolución de la cantidad de $1,103.24 (un mil ciento tres pesos 24/100 moneda nacional), debidamente actualizada. Asimismo, a través del proveído de veintidós de diciembre de dos mil catorce (fojas 107 y 108), se requirió a las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, residentes en esta ciudad, para que también devolvieran a la quejosa la cantidad $1,103.24 (un mil ciento tres pesos 24/100 moneda nacional), que enteró por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), respecto del mes de marzo de dos mil catorce; ello en razón de que del historial de facturación que al efecto remitió el Superintendente General de Zona Acapulco de Comisión Federal de Electricidad, residente en esta ciudad (fojas 103 a 106), aparece pagada dicha contribución en el mes antes referido. En cumplimiento a lo anterior, las autoridades responsables, por conducto de su delegada, mediante oficio número DJUP-03/0353/2015 (fojas 205 a 209), remitieron el cheque número 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, que erogó por concepto de Derecho de Alumbrado Público; documento cambiario que recibió la referida quejosa, como se advierte de autos (foja 219); asimismo, mediante escrito presentado el diecinueve de febrero del año en curso, Rodolfo Gómez Hernández, autorizado de la parte quejosa (foja 18, reverso), manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el cheque número 0252950, por la cantidad de $2,262.19 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 19/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Laura Arizmendi Campos, fue cobrado satisfactoriamente por la quejosa de referencia. En ese contexto, por oficio sin número, recibido en este Juzgado de Distrito el diecinueve de diciembre de dos mil catorce (foja 182), el Superintendente General Zona Acapulco de Comisión Federal de Electricidad, informó la desincorporación del cobro por concepto de Derecho de Alumbrado Público a la quejosa Laura Arizmendi Campos. De las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado; de modo que cuando la concesión es "para efectos", no basta suprimir el acto inconstitucional, sino que la autoridad responsable queda vinculada a realizar uno o varios actos que restauren las garantías violadas. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que las autoridades responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que, a la impetrante del amparo, la Ley 415 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, que establece la contribución especial por el servicio de alumbrado público, denominado derecho de alumbrado público (DAP), concretamente en sus artículos 91 al 99, no le fuera aplicada y no se le exigiera el pago de tal concepto, deducido del suministro del suministro de energía eléctrica proporcionado bajo el número de servicio 329 010 401 170 y le hicieran la devolución de la cantidad de $2,206.48 (dos mil doscientos seis pesos 48/100 moneda nacional), debidamente actualizada. En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanzaba a las autoridades responsables que concurrieron en la expedición, aprobación, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación de la aludida ley, no implicaba por parte de éstas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento al fallo protector. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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