Laura Aremi Palestina Contreras

Expediente 97/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
97/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Laura Aremi Palestina Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo y susceptible de depuración el original del incidente de suspensión por haberse concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a la destrucción y depuración de los mismos con posterioridad al VENTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Asimismo, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió diversas documentales, consistentes en copia certificada del expediente 884/2018, de su índice, con las que se formó un tomo de prueba, y toda vez que resulta innecesaria su conservación; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario que acuse de recibo, en virtud de que obrará en autos el acuse de recibo del oficio que para tal efecto se gire. Finalmente, agréguese a sus autos el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; visto su contenido y en atención al mismo, no ha lugar a tener formulados sus alegatos, toda vez que el presente asunto fue sobreseído fuera de audiencia mediante auto de veintinueve de marzo del año en curso, y, respecto a su solicitud de copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del proveído de mérito.

  2. Incidental

    [...] se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva que solicita *******, en representación de su menor hijo con iniciales D.N.M.P., contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en el segundo de esta interlocutoria.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que existe para notificar personalmente al tercero interesado Brian Natanael Montoya, el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, por los motivos en ahí expuestos; al respecto, toda vez que mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó que todas las notificaciones se le efectuaran por lista de acuerdos, túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios adscritos, a fin de que efectúen la notificación de mérito al tercero interesado por medio de lista de acuerdos. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, a través del cual remite copia certificada del acuerdo que declara que ha causado estado la sentencia dictada en el Juicio Ordinario Civil 884/2018-IV, de su índice, actuación que le fue solicitada por oficio 7550, de veintiocho de marzo del año en curso. Ahora bien, visto el oficio y anexo de cuenta, así como las constancias que remitió la autoridad en apoyo a su informe justificado, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La literalidad del precepto transcrito indica que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cabe señalar que en un juicio civil, la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal, pues cada acto en el proceso constituye la base fundamental, sin la cual, no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos, también dicha causal se actualiza, cuando un acto procesal queda sustituido por otra actuación, como ocurre al celebrar las partes durante el proceso, un convenio donde dirimen las cuestiones litigiosas sustanciales, y se aprueba por resolución judicial, causando estado esta última, pues de esa manera queda resuelto el fondo del asunto. Ahora, tratándose de juicios en los que, entre otras cosas, se dirimen cuestiones de alimentos, en los que la pensión provisional es transitoria, es decir subsiste hasta que se determina la pensión definitiva, si las partes celebran un convenio en donde pactan los alimentos definitivos y éste se aprueba mediante resolución que causa ejecutoria, con ello cesa jurídicamente en sus efectos la pensión provisional. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del juicio ordinario civil 884/2018/IV, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, a través de la cual se declaró procedente la reclamación de alimentos, misma que redujo el porcentaje de la pensión alimenticia del treinta a un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado Brian Natanael Montoya Cruz. De las constancias remitidas por la autoridad responsable tanto en el oficio de cuenta como en el informe justificado, a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se advierte lo siguiente: La quejosa Laura Aremi Palestina Contreras y el aquí tercero interesado Brian Natanael Montoya Cruz, el ocho de febrero de la presente anualidad celebraron un convenio para dar por concluido el pago de la pensión alimenticia definitiva en beneficio del menor de iniciales D.N.M.P., cuya cláusula quinta dice: "QUINTA.- Ambos contratantes han decidido que respecto a la pensión alimenticia el señor BRIAN NATANAEL MONTOYA CRUZ, se compromete a darle en concepto de pensión alimenticia a la señora LAURA AREMI PALESTINA CONTRERAS, el 22.5% (veintidós punto cinco por ciento) de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe de su fuente de laboral que percibe como Auxiliar de Enfermería General en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona número veintiocho, de la Ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz, dejando sin efecto la pensión alimenticia inicialmente decretada, por lo que se solicita se gire oficio a la fuente de trabajo a efecto de que realice el nuevo descuento, en concepto de pensión alimenticia que se pacta en la presente clausula."- - - - Mediante resolución dictada el once de febrero del año en curso, en el juicio 884/2018-IV, se aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio, elevándose a la categoría de cosa juzgada, librándose oficio al centro de trabajo del demandado para que por concepto de pensión alimenticia definitiva, se aplique a su salario y prestaciones, el veintidós punto cinco por ciento en beneficio de su menor hijo de inicial D.N.M.P., representado por su progenitora Laura Aremi Palestina Contreras. Luego, por acuerdo de veintisiete de marzo de este año, se declaró que esa resolución había causado estado; además, se ordenó girar oficio al centro de trabajo del reo, a fin de dejar sin efecto el descuento de la pensión alimenticia provisional. En esas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio de origen concluyó mediante convenio de las partes, aprobado por resolución judicial, en el que pactaron, entre otras cosas, lo concerniente a la pensión alimenticia definitiva; determinación que causó estado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, generándose con ello, la cesación de los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, motivo por el cual el presente juicio de amparo es improcedente, pues no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 85/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos noventa y ocho, del Libro 1, Tomo I, diciembre de dos mil trece, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005044, de rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE FIJA LA DEFINITIVA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la pensión alimenticia provisional subsiste hasta el dictado de la sentencia en la que reconociéndose el derecho de la parte actora a recibir una pensión definitiva, ésta es fijada, también lo es que ello no implica que los efectos de la provisional decretada en forma previa cesen inmediatamente, pues teniendo en cuenta que el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan, eso sólo acontece cuando la sentencia que los fija definitivamente es susceptible de ejecución, pues de lo contrario, se pondría en riesgo la subsistencia de aquel a quien se le reconoció el derecho de percibir alimentos por el demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requiere de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes. Por ello los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo que en términos de los artículos 341 y 349 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ocurre cuando causa ejecutoria, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 338 del propio ordenamiento, sólo acontece cuando: a) esa sentencia es consentida expresamente; b) no se agotó oportunamente el recurso de apelación procedente en su contra; c) interpuesto ese recurso se desiste de él; o, d) se dicta sentencia en el citado recurso. Ahora bien, conforme al artículo 509 del citado código, la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva es susceptible de apelación; recurso que en términos de los numerales 516 y 517 del código procesal citado, es admisible en ambos efectos, lo cual implica que la ejecución de esa sentencia se encuentra suspendida hasta que cause ejecutoria; de ahí que considerar que los efectos de la pensión provisional cesan inmediatamente con el dictado de la sentencia que la fija de forma definitiva, sin importar que en contra de ésta se haya interpuesto el recurso mencionado, implicaría que la pensión provisional no sería susceptible de cobrarse durante el tiempo que transcurra desde el dictado de la sentencia definitiva hasta resolverse el recurso correspondiente, pero a la vez, el acreedor tampoco podría acceder a la pensión definitiva decretada en tanto se tramita y resuelve el recurso de apelación, lo que es inaceptable ante la urgencia y la necesidad probada de los alimentos. En consecuencia, el mero dictado de la sentencia que fija lo que debe proporcionarse por concepto de pensión alimenticia definitiva, no actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (cesación de los efectos del acto reclamado), porque para ello es necesario que dicha resolución haya causado ejecutoria." De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ante tal panorama, dado que respecto del acto reclamado se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; dejándose sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, a través del cual remite copia certificada del acuerdo que declara que ha causado estado la sentencia dictada en el Juicio Ordinario Civil 884/2018-IV, de su índice, actuación que le fue solicitada por oficio 7550, de veintiocho de marzo del año en curso. Ahora bien, visto el oficio y anexo de cuenta, así como las constancias que remitió la autoridad en apoyo a su informe justificado, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La literalidad del precepto transcrito indica que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cabe señalar que en un juicio civil, la cesación de efectos opera generalmente por sustitución procesal, pues cada acto en el proceso constituye la base fundamental, sin la cual, no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos, también dicha causal se actualiza, cuando un acto procesal queda sustituido por otra actuación, como ocurre al celebrar las partes durante el proceso, un convenio donde dirimen las cuestiones litigiosas sustanciales, y se aprueba por resolución judicial, causando estado esta última, pues de esa manera queda resuelto el fondo del asunto. Ahora, tratándose de juicios en los que, entre otras cosas, se dirimen cuestiones de alimentos, en los que la pensión provisional es transitoria, es decir subsiste hasta que se determina la pensión definitiva, si las partes celebran un convenio en donde pactan los alimentos definitivos y éste se aprueba mediante resolución que causa ejecutoria, con ello cesa jurídicamente en sus efectos la pensión provisional. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del juicio ordinario civil 884/2018/IV, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, a través de la cual se declaró procedente la reclamación de alimentos, misma que redujo el porcentaje de la pensión alimenticia del treinta a un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado Brian Natanael Montoya Cruz. De las constancias remitidas por la autoridad responsable tanto en el oficio de cuenta como en el informe justificado, a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se advierte lo siguiente: La quejosa Laura Aremi Palestina Contreras y el aquí tercero interesado Brian Natanael Montoya Cruz, el ocho de febrero de la presente anualidad celebraron un convenio para dar por concluido el pago de la pensión alimenticia definitiva en beneficio del menor de iniciales D.N.M.P., cuya cláusula quinta dice: "QUINTA.- Ambos contratantes han decidido que respecto a la pensión alimenticia el señor BRIAN NATANAEL MONTOYA CRUZ, se compromete a darle en concepto de pensión alimenticia a la señora LAURA AREMI PALESTINA CONTRERAS, el 22.5% (veintidós punto cinco por ciento) de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe de su fuente de laboral que percibe como Auxiliar de Enfermería General en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona número veintiocho, de la Ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz, dejando sin efecto la pensión alimenticia inicialmente decretada, por lo que se solicita se gire oficio a la fuente de trabajo a efecto de que realice el nuevo descuento, en concepto de pensión alimenticia que se pacta en la presente clausula."- - - - Mediante resolución dictada el once de febrero del año en curso, en el juicio 884/2018-IV, se aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio, elevándose a la categoría de cosa juzgada, librándose oficio al centro de trabajo del demandado para que por concepto de pensión alimenticia definitiva, se aplique a su salario y prestaciones, el veintidós punto cinco por ciento en beneficio de su menor hijo de inicial D.N.M.P., representado por su progenitora Laura Aremi Palestina Contreras. Luego, por acuerdo de veintisiete de marzo de este año, se declaró que esa resolución había causado estado; además, se ordenó girar oficio al centro de trabajo del reo, a fin de dejar sin efecto el descuento de la pensión alimenticia provisional. En esas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio de origen concluyó mediante convenio de las partes, aprobado por resolución judicial, en el que pactaron, entre otras cosas, lo concerniente a la pensión alimenticia definitiva; determinación que causó estado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, generándose con ello, la cesación de los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, motivo por el cual el presente juicio de amparo es improcedente, pues no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 85/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos noventa y ocho, del Libro 1, Tomo I, diciembre de dos mil trece, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005044, de rubro y texto: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE FIJA LA DEFINITIVA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la pensión alimenticia provisional subsiste hasta el dictado de la sentencia en la que reconociéndose el derecho de la parte actora a recibir una pensión definitiva, ésta es fijada, también lo es que ello no implica que los efectos de la provisional decretada en forma previa cesen inmediatamente, pues teniendo en cuenta que el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan, eso sólo acontece cuando la sentencia que los fija definitivamente es susceptible de ejecución, pues de lo contrario, se pondría en riesgo la subsistencia de aquel a quien se le reconoció el derecho de percibir alimentos por el demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requiere de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes. Por ello los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo que en términos de los artículos 341 y 349 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ocurre cuando causa ejecutoria, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 338 del propio ordenamiento, sólo acontece cuando: a) esa sentencia es consentida expresamente; b) no se agotó oportunamente el recurso de apelación procedente en su contra; c) interpuesto ese recurso se desiste de él; o, d) se dicta sentencia en el citado recurso. Ahora bien, conforme al artículo 509 del citado código, la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva es susceptible de apelación; recurso que en términos de los numerales 516 y 517 del código procesal citado, es admisible en ambos efectos, lo cual implica que la ejecución de esa sentencia se encuentra suspendida hasta que cause ejecutoria; de ahí que considerar que los efectos de la pensión provisional cesan inmediatamente con el dictado de la sentencia que la fija de forma definitiva, sin importar que en contra de ésta se haya interpuesto el recurso mencionado, implicaría que la pensión provisional no sería susceptible de cobrarse durante el tiempo que transcurra desde el dictado de la sentencia definitiva hasta resolverse el recurso correspondiente, pero a la vez, el acreedor tampoco podría acceder a la pensión definitiva decretada en tanto se tramita y resuelve el recurso de apelación, lo que es inaceptable ante la urgencia y la necesidad probada de los alimentos. En consecuencia, el mero dictado de la sentencia que fija lo que debe proporcionarse por concepto de pensión alimenticia definitiva, no actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (cesación de los efectos del acto reclamado), porque para ello es necesario que dicha resolución haya causado ejecutoria." De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ante tal panorama, dado que respecto del acto reclamado se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; dejándose sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.

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