Laura Aracely Sánchez Moreno

Expediente 847/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
847/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Laura Aracely Sánchez Moreno
  • Encargado del Instituto Nacional de Migración Con Sede En Gómez Palacio Durango

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de Amparo 847/2022. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado certifica: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del uno al catorce de julio de dos mil veintidós; sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintiocho de junio del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, toda vez que la misma se concedió de plano. No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la ley de la materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión de plano, el presente asunto debe considerarse como DEPURABLE. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy * En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. EL LICENCIADO ÁLVARO AUGUSTO ÁLVAREZ RENDÓN, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, REMITE AL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO LOS PRESENTES AUTOS, LO QUE SE ASIENTA PARA DEBIDA CONSTANCIA El UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. DOY FE.

  2. Principal

    El veintiocho de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones con folios 12568 y 12569. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón Coahuila de Zaragoza, mediante el cual remite copia certificada del oficio registrado con el folio 12359, del que se advierte que el exhorto 93/2022 número de orden 93/2022 de su índice, le es devuelto sin diligenciar, toda vez que la quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno ya no se encuentra en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, debido a que desde el veinticuatro de mayo del año en curso se dio su retorno asistido a Ecuador que se su país de origen. Por otra parte, glósese la promoción con folio 12568 sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno, toda vez que en la promoción de líneas precedentes se tuvo por manifestando que ya recibió el oficio de la incompetencia planteada. Ahora bien, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por el juez declinante, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno, reclamó (i) la detención y/o privación ilegal fuera de procedimiento. Sin que sea inadvertido que la quejosa también reclamó (ii) la orden de deportación y (iii) la incomunicación en el lugar de su detención; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados, en atención a que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que dichos actos fueron señalados por la quejosa como una posible consecuencia de su alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila; por lo que no ha lugar a tenerlos como actos reclamados dentro del presente juicio de derechos fundamentales, más aún que en dicha estancia migratoria no fue localizada la directa quejosa, sino en una diversa que lo fue en la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, con relación al acto ya precisado, se advierten los siguientes antecedentes: a).- Mediante escrito recibido el catorce de mayo de dos mil veintidós, por la Secretaria de guardia del Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, Hugo Hernández Orantes, promovió juicio de amparo en favor de Laura Aracely Sánchez Moreno, contra los actos y autoridad precisados en su escrito de demanda (fojas 3-5 de autos). b).- En proveído de catorce de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo bajo el número 740/2022; se concedió la suspensión de plano y se ordenó requerir al quejoso para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor (fojas 6-9 Ibídem). c).- El actuario adscrito al citado juzgado, se constituyó en la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Gómez Palacio, Durango, lugar donde fue informado que la directa quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno, había sido trasladada a la Estación Migratoria de Zacatecas, al haberse resuelto su procedimiento migratorio como retorno asistido (foja 15 Ibídem). d).- Asimismo, obra en autos, la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, emitida por el Subrepresentante Local adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Durango, en la que determinó el retorno asistido de Laura Aracely Sánchez Moreno, a su país de origen Ecuador, por así haberlo solicitado voluntariamente y para ello, se ordenó su traslado vía terrestre a la Estación Migratoria en Zacatecas (fojas 37-39 Ibídem). e).- A fin de dar seguimiento a la situación migratoria de la quejosa, el Juez declinante, envió atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Zacatecas en turno, y correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el estado (fojas 18-19 Ibídem). f).- El actuario adscrito al mencionado juzgado, se constituyó en la Estación Migratoria con residencia en Guadalupe, Zacatecas, en donde solicitó la presencia de la directa quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno y una vez ante él, la requirió para que manifestara si ratificaba la demanda promovida a su favor, a lo que manifestó que sí la ratificaba; a su vez, dicho exhorto, fue devuelto a su lugar de origen (foja 64 ibídem). g).- En proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, el Juez Séptimo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, dio cuenta con la circunstancia de que la directa quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno, se encontraba retenida en la estancia migratoria de Zacatecas y por ello, consideró carecer de competencia legal y ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el estado de Zacatecas en turno (foja 77 Ibídem). Asimismo, giró atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Zacatecas en turno, y correspondió conocer a éste Juzgado de Distrito en el estado, quien a su vez, comisionó al actuario para que diera cumplimiento a lo solicitado (foja 78 Ibídem). h).- El actuario adscrito a éste juzgado, se constituyó en la Estación Migratoria con residencia en Guadalupe, Zacatecas, en donde solicitó la presencia de la directa quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno, sin embargo, fue informado por quien dijo llamarse Aldo Enrique Madrigal Lemus, como Agente Federal de Migración, que desde el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la citada migrante, ya no se encontraba en dichas instalaciones, debido a su retorno asistido a Ecuador. Las documentales cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser documentos públicos suscritos por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por la quejosa, en razón a que desde el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se autorizó el retorno asistido de la directa quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno, a su país de origen Ecuador. Asimismo, como se advierte por resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, emitida por el Subrepresentante Local adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Durango, se determinó el retorno asistido de Laura Aracely Sánchez Moreno, a su país de origen Ecuador, por así haberlo solicitado voluntariamente y para ello, se ordenó su traslado vía terrestre a la Estación Migratoria en Zacatecas. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque se determinó el retorno asistido de Laura Aracely Sánchez Moreno, a su país de origen Ecuador, por así haberlo solicitado voluntariamente; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a la amparista, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el catorce de mayo del año en curso, inhabilitó los efectos del acto reclamado; debe considerarse que ha sido destruido el efecto del acto tildado de inconstitucional en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; y, su retención en dichas oficinas migratorias, si ya se ordenó su retorno asistido a su país de origen. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA con relación al acto reclamado por la quejosa Laura Aracely Sánchez Moreno, precisado en esta determinación. Consecuentemente, se deja sin efecto legal la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de julio de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Principal

    Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió en exceso. No existe recurso pendiente de resolver. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que en sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Primero de Distrito, por un lado sobreseyó en el juicio de amparo, y por otro concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: "La autoridad que por ejercicio de sus funciones sea competente, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 36 y 37 de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2021, únicamente en la parte que resultaron inconstitucionales; esto es, en cuanto a la falta de elementos para calcular la tarifa de la base para el cálculo del impuesto predial. Por ende, ante la falta de dichos elementos, se deberá calcular el impuesto predial por el año de dos mil veintiuno, aplicando las cantidades de menor cuantía, señaladas en el último de los artículos relacionados; y, De existir un excedente entre lo erogado en el recibo ********************, folio P********************, de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a nombre de ********************, y las cantidades de menor cuantía contenidas en el artículo 37 de la ley reclamada, la autoridad exactora deberá devolver las diferencias existentes, previa actualización.". Luego, mediante ejecutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, respecto a lo ordenado en la sentencia de mérito. Virtud a ello, mediante oficio registrado con folio 4264 y presentado ante este juzgado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, el Director Jurídico del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, exhibió, entre otras constancias, copia de recibo por la parte quejosa del cheque 0000001, por la cantidad que se ampara en las cuentas realizadas por concepto de impuesto predial por el año de dos mil veintiuno, aplicando las cantidades de menor cuantía previa actualización correspondiente. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna. En ese sentido, de lo anteriormente expuesto se desprende que se devolvió la diferencia del impuesto predial por el año de dos mil veintiuno, aplicando las cantidades de menor cuantía, dejando de aplicar los preceptos tildados de inconstitucionales. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". ARCHIVO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se ponen a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, los mismos correrán la misma suerte que el expediente. Notifíquese; personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del quince de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

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