Laura Araceli Ríos Salazar
Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 38 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 28/06/2022
Partes del expediente
- Laura Araceli Ríos Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó y negó el amparo de la protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que pase inadvertido que no se cuente con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables relativos a la notificación de la referida sentencia, pues debido a que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia federal, únicamente a la parte quejosa es a quien pudo causar afectación esa decisión y en consecuencia, la única legitimada para recurrirla, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.1o.A.37 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 2017556, Décima Época, Materias: Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2879, de rubro: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON." Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse negado la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/jkgt
- Incidental
Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, que remite el Fiscal Regional de Ensenada, Baja California, toda vez que el veinticinco de enero del año en curso, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa, respecto de dicha autoridad. Cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual, informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a los requerimientos insertos en los oficios 25975/2020 y 25997/2020, en virtud de que éstos se encuentran dirigidos a la diversa autoridad responsable Dirección del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; sin que resulte necesario reexpedir los oficios de referencia, toda vez que en auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por inexistente a la citada autoridad responsable. Cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/Akms
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Marlene Hernández Pimentel, Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 597/2020-V, sin la comparecencia personal de las partes. En este acto la secretaria certifica que el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera a ratificar el escrito mediante el cual pretendía ampliar la demanda de amparo, señalando un diverso acto reclamado. ( Que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se notificó a la parte quejosa el referido auto, por lo que ha transcurrido el término de tres días otorgado para que compareciera a ratificar el escrito de que se trata, sin que lo hubiera realizado, como se advierte del siguiente cuadro: Parte Fecha de notificación Surtió efectos Término de 3 días Días inhábiles Parte quejosa 04 de diciembre de 2020. 07de diciembre de 2020. Del 08 al 10 de diciembre de 2020. A lo que el Juez acuerda: vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a la parte quejosa para que compareciera a ratificar el escrito mediante el cual pretendía ampliar la demanda de amparo, señalando un diverso acto reclamado, sin que lo hubiera realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no presentado el referido escrito, por lo que se continúa el presente juicio de amparo en términos del escrito inicial de demanda. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) informes justificados rendidos por las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; Fiscal Regional de Mexicali de la Fiscalía General del Estado de Baja California; Fiscal Regional de Tecate; Fiscal Regional Tijuana; Fiscal Regional de Playas de Rosarito, Baja California; Fiscal Regional de Ensenada; Fiscal Especializado en Delitos contra Mujeres por razón de Género, en esta ciudad; Agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad; Directora General del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en esta ciudad; y, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, en esta ciudad; c) autos de doce y veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante los cuales se declaró la inexistencia de las autoridades responsables Unidad de Investigación Zona Centro, Sistema Tradicional, Unidad de Investigaciones Especiales, Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Dirección del Grupo Especial de Operaciones, Dirección General de Policía Procesal, Coordinación del Centro Estatal de Denuncia Anónima, Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación, Dirección de Policía de Investigación, Dirección de Inteligencia y Análisis; Dirección de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales; y, Dirección del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado de Baja California, todas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; y, d) acuse de recibo del oficio 25962/2020 dirigido a la autoridad señalada como responsable Fiscal Central del Estado, con residencia en esta ciudad. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas, por lo que se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos en el que se hace constar que no fueron formulados por las partes por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva en los términos siguientes. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 597/2020-V promovido Laura Araceli Ríos Salazar, por su propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Laura Araceli Ríos Salazar, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables "a) FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; b) FISCALÍA CENTRAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; c) FISCALÍA REGIONAL EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA; d) FISCALÍA REGIONAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA; e) FISCALÍA REGIONAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; f) FISCALÍA REGIONAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA; g) FISCALÍA REGIONAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA; h) FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; i) FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; j) UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ZONA CENTRO CON RESIDENCIA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. SISTEMA TRADICIONAL; k) UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA. SISTEMA TRADICIONAL; l) GUARDIA ESTATAL DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; m) DIRECCIÓN DEL GRUPO ESPECIAL DE OPERACIONES EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; n) DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA PROCESAL EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; o) DIRECCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; p) COORDINACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE DENUNCIA ANÓNIMA EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; q) COORDINACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; r) DIRECCIÓN DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; s) DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; t) DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES EN EL ESTADO CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA; u) DIRECCIÓN ZONA COSTA SEJAP (TIJUANA, TECATE, Y PLAYAS DE ROSARITO); y, v) AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADORA DE DELITOS PATRIMONIALES DEL SISTEMA TRADICIONAL." Actos reclamados "[.] De las autoridades se reclama la orden de aprehensión, detención, comparecencia, citación o cualquier otra privativa de la libertad [.]." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El dos de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 597/2020-V; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. En proveídos de doce y veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se declaró la inexistencia de las autoridades responsables Unidad de Investigación Zona Centro, Sistema Tradicional, Unidad de Investigaciones Especiales, Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Dirección del Grupo Especial de Operaciones, Dirección General de Policía Procesal, Coordinación del Centro Estatal de Denuncia Anónima, Coordinación de la Agencia Estatal de Investigación, Dirección de Policía de Investigación, Dirección de Inteligencia y Análisis; Dirección de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales; y, Dirección del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado de Baja California, todas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por lo que esta sentencia no se ocupará de los actos que se les atribuyen a las referidas autoridades. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: Las órdenes de detención, comparecencia o citación y su ejecución, así como la ejecución de la orden de aprehensión. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; Fiscal Regional de Mexicali de la Fiscalía General del Estado de Baja California; Fiscal Regional de Tecate; Fiscal Regional Tijuana; Fiscal Regional de Playas de Rosarito, Baja California; Fiscal Regional de Ensenada; Fiscal Especializado en Delitos contra Mujeres por razón de Género, en esta ciudad; Agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, en esta ciudad; Directora General del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en esta ciudad; y, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Se presumen ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Fiscal Central del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar notificada para ello, según se advierte del acuse de recibo 25962/2020 dirigido a la referida autoridad, con fecha de recepción de ocho de octubre de dos mil veinte, que obra en autos. Quinto. No obstante que se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando que antecede y que en el caso no se actualiza causa de improcedencia alguna, dado que los actos reclamados emanan de autoridades administrativas, la parte quejosa omitió aportar alguna prueba que demostrara que los actos reclamados eran violatorios de sus derechos fundamentales. Lo anterior ya que el solo hecho de que se tengan por ciertos los actos reclamados, no conducen a tener por acreditada la inconstitucionalidad de éstos; sino que queda a cargo de la quejosa la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de derechos fundamentales en sí, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Se cita en apoyo, la jurisprudencia 8/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194401, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." En esas condiciones y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, le corresponde al quejoso acreditar que los actos reclamados referidos son inconstitucionales, esto es, sustentar probatoriamente que los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado son inconstitucionales y no solamente referirlo así en su demanda de amparo. Entonces, al no ofrecer prueba alguna para sustentar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; no se cuenta con elementos probatorios para analizar si los actos vulneran derechos fundamentales del quejoso a la luz de los conceptos de violación que vierte en la demanda, o algún otro derecho fundamental que no hubiese invocado, supliendo la deficiencia de la queja. Lo anterior es así, ya que no aportó algún medio de convicción que revelara indiciariamente la existencia de probanzas, para que este órgano jurisdiccional procediera en términos del numeral 75 de la ley de la materia, lo cual constituye una carga de su parte conforme lo establece el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, puesto que dicho actos no son en sí violatorios de los derechos humanos de la parte quejosa, ya que provienen de autoridades administrativas que cuentan con facultades para solicitar una orden privativa de libertad; de ahí, que la ilegalidad en cada caso depende de los motivos, datos o pruebas, en que se haya basado para realizar el acto combatido y al no contar con las constancias antes mencionadas, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar tal determinación; en esas condiciones, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Cabe señalar que en el caso, no se actualiza el supuesto que establece el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, el cual obliga recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión en el rendimiento del informe justificado, ya que el párrafo cuarto del artículo 117 del citado ordenamiento legal, establece la carga de la prueba por parte de la parte quejosa, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir informe justificado y a mayor abundamiento cabe señalar que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas en que se funda la inconstitucionalidad de los actos que reclama, deriva precisamente de que la autoridad que emitió el acto sea omisa en rendir informe justificado; es decir, no se impone al promovente del amparo la carga de la prueba, si el acto reclamado es violatorio de derechos constitucionales en sí, sino cuando su constitucionalidad depende del análisis de las pruebas en que se haya basado la responsable para emitir el acto que se combate, evento éste en el cual resulta incuestionable que la carga de la prueba corresponda a la parte quejosa. Tiene aplicación, por analogía y ya que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En ese mismo sentido, cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/84, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 245, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama." En tales condiciones, al no advertirse violación manifiesta de la ley que deje en estado de indefensión al quejoso, que implique en su favor la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por lo que respecta a la autoridad responsable Fiscal Central del Estado, con residencia en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 597/2020-V, promovido por Laura Araceli Ríos Salazar, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el tercer considerando del presente fallo. Segundo. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Laura Araceli Ríos Salazar, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto, de la presente sentencia, en virtud de las consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/jkgt
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