Laura Antonia Martín Sedano y Otros.

Expediente 507/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
507/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Laura Antonia Martín Sedano y Otros.
  • Joanna Delfina Silva Cortez
  • Laura Antonia Martín Sedano
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
  • Iztaccihuatl González Pineda y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S" E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 507/2020, promovido por *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,y*. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la emisión y aplicación del ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria publicado el once de mayo de dos mil veinte, vulnera sus derechos fundamentales. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 6, 7, 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado, el tres de septiembre de dos mil veinte. La parte quejosa señaló como autoridades responsables al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, y como acto reclamado: el ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria publicado el once de mayo de dos mil veinte. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 6, 7, 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, misma que se registró con el progresivo 507/2020, y que mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se desechó. Inconformes con esa determinación, los quejosos interpusieron la queja 319/2020, de la que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; quien mediante resolución de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, declaró fundado dicho medio ordinario de defensa y ordenó admitir a trámite la demanda. Con motivo a lo anterior, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsable su informe justificado; se otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo y que tienen ejecución en el territorio en que este juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que los peticionarios del amparo reclaman de: 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (Andrés Manuel López Obrador). 2. Secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval González). 3. Secretario de Marina (José Rafael Ojeda Durán). 4. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Francisco Alonso Durazo Montaño). 5. Director del Diario Oficial de la Federación (Alejandro López González). 6. Secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero). Todas con residencia en Ciudad de México, lo siguiente: I. De las autoridades responsables señaladas en los puntos 1, 2, 3 y 4: a) La expedición, promulgación y publicación del Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. II. De las autoridades responsables señaladas en los puntos 5 y 6: b) La omisión de señalar el número de publicación del Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. INEXISTENCIA DE UNOS ACTOS RECLAMADOS. El acto reclamado destacado en el inciso b) del apartado IV, atribuido al Director del Diario Oficial de la Federación (Alejandro López González) y a la Secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), ambos con residencia en Ciudad de México, NO ES CIERTO, pues así lo manifestaron dichas autoridades, en sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba alguna; por tanto, se tiene por demostrada la inexistencia de dicho acto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de dicho acto, por las autoridades responsables mencionadas. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado destacado en el inciso a) del considerando que antecede, atribuido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (***) y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (**) ambos con residencia en Ciudad de México, ES CIERTO, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados, por lo que así deberá tenerse para los efectos de esta sentencia. Cabe destacar que las autoridades Secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval González) y Secretario de Marina (José Rafael Ojeda Durán) negaron el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta resolución; sin embargo, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de normas de observancia e interés general, no es necesario probar su existencia pues basta que se publiquen en el periódico oficial correspondiente para que el órgano de control constitucional esté obligado a considerarlas en sus resoluciones, dados los fines buscados con la difusión por medios publicitarios oficiales. "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual forma, cobra vigencia, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". PROCEDENCIA DEL JUICIO. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso particular, en el caso, la autoridad responsable Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al rendir su informe justificado por sí y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos señaló la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables prevista en artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en La expedición, promulgación y publicación del "Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, como se explica a continuación: En el caso, el Decreto reclamado establece lo siguiente: " ACUERDO PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia. CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda." Ahora bien, se destaca que de la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que por su sola vigencia, no causen perjuicio a quien promueve, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que genere la afectación. En relación con lo anterior, si bien, el derecho a la seguridad pública guarda una clara interdependencia con la realización de otros derechos humanos y la afectación a ese derecho puede repercutir, aunque de manera diferenciada, en los habitantes del Estado mexicano, empero, la Constitución Federal no posibilita a cualquier individuo o colectividad para combatir cualquier acción u omisión del Estado que pueda resultar violatoria del referido derecho, sino que exige, al menos, una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuenta el resto de la población respecto del mandato estatal de lograr la plena eficacia del referido derecho fundamental. Así, el derecho a la seguridad pública, como cualquier otro derecho fundamental, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre "a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad - situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo". Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de la República, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, mediante el interés legítimo se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que "tal asociación no es absoluta e indefectible". Así, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de noviembre de dos mil catorce, en la página 60, libro 12, tomo I, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Así, es dable colegir que la naturaleza especial del derecho a una seguridad pública adecuada, de manera alguna puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier presunta violación a dicha prerrogativa subjetiva pública, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Dicha consideración se adiciona con diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. Es decir, para poder impugnar acciones u omisiones estatales que puedan considerarse como violatorias al derecho a la seguridad pública, el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental; esto es, para el acceso al referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa -interés jurídico- o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico interés legítimo-, pero siempre real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública, de seguridad pública o de cualquier otra. En efecto, para cualquier ciudadano tiene especial relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el derecho a una adecuada seguridad pública, en tanto que de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo; sin embargo, conforme con el criterio expresado del Alto Tribunal, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo. Por consiguiente, se debe determinar si las acciones u omisiones imputadas al Estado impactan a los quejosos -sean o no destinatarios de las normas- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; lo cual implica un escrutinio de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad, es decir, que conforme con las particularidades del caso -y sin perjuicio de que en las etapas subsecuentes del juicio se pueda acreditar la violación al derecho humano a la seguridad pública y el alcance de la afectación concreta al particular o grupo colectivo, mediante el material probatorio respectivo-, considere si resulta razonable la existencia de tal afectación, de tal suerte que la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado. Así, el eventual incumplimiento por parte del Estado a sus obligaciones de promover la protección, preservación y mejoramiento de la seguridad pública, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Ante dicho panorama se estima que los aquí quejosos carecen de interés legítimo, pues no puede señalarse, razonablemente, que sufren una afectación que los hiciera tener un interés cualificado, actual y jurídicamente relevante, y en especial, pues el carácter de habitantes de este país no les otorga esa nota especial de sufrir un agravio diferenciado, pues en principio, no refieren que en la comunidad en la que viven, se haga uso de la fuerza armada, esto es, ya sea que la Marina o los militares se encuentren realizando labores de seguridad pública, conforme con lo determinado en el Acuerdo impugnado, por lo que no existe un vínculo entre el derecho afectado y los quejosos. En efecto, quien resuelve considera que el interés que los hoy recurrentes dicen tener no resulta cualificado, pues si bien aducen que el uso de la fuerza armada en la seguridad pública, conlleva la posibilidad de transgredir el derecho a tener una adecuada seguridad pública, entre otros derechos fundamentales, lo cierto es que no se aprecia que se encuentren en una especial situación frente al derecho que cuestionan, en tanto alegan una defensa a sus derechos fundamentales de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales, principalmente en materia de seguridad pública. Es así, pues la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de los quejosos, sino a la protección abstracta, entre otros, del derecho a una seguridad pública y la libertad de expresión, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que los faculte para acudir al juicio. Lo anterior, pues al respecto, ofrecieron los siguientes medios de convicción: a) Hechos notorios, consistentes en diversos links de internet, correspondientes a páginas del Diario Oficial de la Federación, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. b) Hechos notorios, consistentes en los casos en los que el Estado Mexicano ha sido condenado, en donde los causantes fueron elementos de las fuerzas armadas. c) Link de internet de recomendaciones por violaciones a derechos humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional así como a la Secretaría de Marina: http://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendación. Medios de convicción que, por una parte, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues los hechos notorios e información proveniente de internet que indica, que tienen valor probatorio en términos de los artículos 88 y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Empero, aun con el valor probatorio de los anteriores medios de convicción, de ellos no se advierte fehacientemente que los justiciables cuenten con un interés cualificado que los distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado mexicano a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a una seguridad pública o bien, se haga patente las violaciones que a sus derechos dicen resentir; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. Ahora bien, en el caso de personas físicas, cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Al respecto, es aplicable el siguiente criterio, pro las razones que informa: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Aunado a lo anterior, tampoco se aprecia que la afectación a la seguridad pública a la que hacen referencia los hoy quejosos, en relación con su derecho a la seguridad, tenga un impacto actual o futuro, de realización inminente, en su esfera jurídica, dada su circunstancia personal, pues únicamente basan su argumentación en violaciones derivadas o genéricas de sus derechos fundamentales o apoyadas en sentencias de índole internacional, en donde si bien, de algunas se advierte la condena al Estado Mexicano, ello no evidencia la afectación que dicen resentir respecto de sus derechos. De esa forma, no se logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado a una debida seguridad pública y los quejosos, por el contrario, el que mencionan es genérico, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre el referido derecho y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes se seguridad pública. En ese sentido, una eventual concesión del amparo no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aducen frente al derecho a una seguridad pública adecuada, en primer lugar, porque no la tienen y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuenten con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. No es óbice a lo anterior, que los peticionarios expongan que en nuestro país se han suscitado múltiples casos de desaparición forzada de personas, tortura y violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; ya que con ello se robustece que su reclamo lo sustentan en meras hipótesis, lo cual no da lugar al nacimiento de un interés legítimo. Así, la sola circunstancia de ser ciudadanos no les otorga una cualidad específica diferenciada que les permita acudir al juicio de amparo alegando que, con motivo del acuerdo reclamado, se les ocasiona una afectación a sus derechos. Además, se insiste, los quejosos simplemente impugnan la presunta violación a su derecho a la seguridad pública y otros derechos fundamentales, lo cual es insuficiente, para considerarlos legitimados para incoar la acción de amparo y, por tanto, no es posible advertir si resentirán o no alguna afectación destacada, generada por los efectos del citado decreto. Cabe resaltar que los antecedentes narrados en la demanda de amparo deben ser protestados como verdad, como una exigencia formal, y generan una presunción de certeza, sin embargo, no tienen el alcance de demostrar plenamente el interés legítimo, habida cuenta que el vínculo entre el derecho supuestamente vulnerado y los quejosos, aunque sea como producto de una posición relevante y no por su titularidad, no puede acreditarse sólo con una mera declaración de parte. Así, en el particular, como ya se dijo, no se actualiza un interés cualificado para hacer valer esos reclamos mediante el juicio de protección de derechos fundamentales. De estimarse lo contrario, esto es, que cualquier persona por el simple hecho de aducir presuntas afectaciones al derecho a la seguridad pública - sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-, pueda acceder al presente medio de control constitucional, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común-, que es justamente lo que el principio de división de poderes pretende evitar, al delimitar en la propia Constitución Federal el poder de los jueces federales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. Por consiguiente, como se dijo en párrafos anteriores, la defensa que emprendieron los quejosos fue de manera abstracta, con un interés genérico -simple- de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales en materia de protección al derecho a la seguridad pública, pero sin referirse a una defensa específica estrechamente relacionada con la esfera jurídica de los quejosos, dado que sólo trataron de obtener, la protección abstracta del derecho a una seguridad pública adecuada, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general. Por tanto, al no tener interés legítimo para combatir los actos de autoridad a través de este juicio de amparo, se corrobora la causal de improcedencia invocada; habida cuenta que el interés simple que tiene toda la población de que se respeten las disposiciones en materia de seguridad pública es insuficiente para activar el mecanismo de control constitucional. Cabe destacar, que no pasa inadvertida la tesis Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se precisó que cuando una persona promueve un juicio de amparo por considerar que una ley afecta en su perjuicio ciertas libertades no debe considerarse que actúa con un interés simple, común al de cualquier otro individuo, al ser derechos reconocidos en favor de cualquier persona por el hecho de encontrarse dentro del territorio nacional y tratarse de derechos o intereses difusos exigibles mediante ese juicio como cualquier otro derecho; determinando que era incorrecto desechar la demanda de amparo promovida por falta de interés legítimo del quejoso cuando impugna la Ley de Seguridad Interior por transgredir los derechos a la libre manifestación de las ideas, expresión y reunión sobre la base de que no está en una situación diferenciada de cualquier otra persona dentro del territorio nacional, de ahí que no fuera procedente desechar de plano la demanda de amparo, como se estimó en los albores del juicio. Sin embargo, se considera que en el caso ya no es aplicable, toda vez que dicho criterio hace referencia a diverso estadio procesal, como lo es el auto inicial, no así, al momento de dictarse la sentencia definitiva. Tal criterio es del tenor siguiente: "SEGURIDAD INTERIOR. LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO SOBRE LA BASE DE QUE EL QUEJOSO NO ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DIFERENCIADA DE CUALQUIER OTRA PERSONA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, POR REGLA GENERAL, NO ES UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE QUE LLEVE A DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO RECLAMA LA LEY RELATIVA POR PRESUNTA AFECTACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS A LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS, EXPRESIÓN Y REUNIÓN. Los derechos humanos referidos, previstos en los artículos 6o., 7o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están reconocidos para todas las personas en el territorio nacional, sin más limitantes que las que la propia Constitución Federal establece. Así, cuando una persona promueve un juicio de amparo por considerar que una ley afecta en su perjuicio aquellas libertades, no debe considerarse que actúa con un interés simple, común al de cualquier otro individuo, pues esos derechos fueron reconocidos en favor de cualquier persona por el hecho de encontrarse dentro del territorio nacional, por lo cual se trata de derechos o intereses difusos que son exigibles mediante ese juicio como cualquier otro derecho. Ciertamente, la afectación relevante para la procedencia del juicio de amparo es la generada por el vínculo existente entre ciertos derechos fundamentales y la persona que comparece en el proceso derivado de derechos objetivos y subjetivos, cuya concesión del amparo se traduciría en su beneficio debido a que serían subsanadas las violaciones cometidas en su esfera jurídica. Por tanto, es incorrecto desechar la demanda de amparo por falta de interés legítimo del quejoso cuando impugna la Ley de Seguridad Interior por transgredir los derechos a la libre manifestación de las ideas, expresión y reunión sobre la base de que no está en una situación diferenciada de cualquier otra persona dentro del territorio nacional, pues no es manifiesto ni indudable que la supuesta afectación generada constituya un interés simple en atención a que los derechos humanos considerados transgredidos son derechos difusos; lo anterior, no significa que el Juez de Distrito está imposibilitado para desechar la demanda o sobreseer en el juicio, según corresponda, si advierte la aplicación en el caso de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento". Con base en lo anterior, se acredita la hipótesis de improcedencia y debe sobreseerse en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. DECISIÓN Por lo aquí expuesto, al actualizarse las causales de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,y*. , por los motivos expuestos en los apartados V y VII de este fallo. Notifíquese."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta. Dese vista a las partes. Notifíquese.

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