Laura Angélica Olivares Suárez
Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Angélica Olivares Suárez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta -con anexo-. La Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz. Informa que en el recurso de queja 765/2022 de su índice, la Superioridad declaró infundado ese medio de impugnación, interpuesto contra el auto de once de octubre de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo vía electrónica. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Una vez recabadas las notificaciones de este acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en esta ciudad. Comunica el citado órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, contra el auto de once de octubre del año en curso que desechó la demanda de amparo. Lo radicó bajo el número de toca 765/2022. Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado electrónicamente por ********** [autorizado de la parte quejosa]. Interpone recurso de queja contra el proveído de once de octubre del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la queja de que se trata, manifestando que es cierto el auto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase de inmediato el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en este edificio sede, así como copia de las constancias necesarias para su resolución. Habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente electrónico. Notifíquese y personalmente al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********. Contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y otras autoridades. Regístrese con el número 904/2022-IV en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte la quejosa combate: Del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: La Sesión Extraordinaria así como su acta celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós. El Acuerdo tomado por su Pleno en dicha sesión publicado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el número extraordinario trescientos noventa y dos 392, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. De la diversa autoridad responsable, como consecuencia del Acuerdo anterior: Los actos tendientes a limitar su acceso a la justicia en el expediente ********** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz. La orden inminente y traslado del Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz, al municipio de Puente Nacional, Veracruz. La omisión de poner a disposición de las partes litigantes las herramientas tecnológicas necesarias para realizar en línea o digital de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando su derecho humano al trabajo y acceso a la justicia. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales. Restringiendo el ejercicio de su profesión. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé reasignación de los expedientes que se encuentran en trámite a otros juzgados en funciones, en Veracruz, Veracruz. Congruente con ello, el suscrito advierte en forma notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. Es parte en el juicio de amparo el quejoso. Tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la Ley. O bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico a un interés legítimo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Los actos reclamados ya quedaron precisados. En la especie, la promovente aduce ser parte actora en el expediente ********** del orden cronológico del Juzgado Sexto de Primera Instancia, de Veracruz, en Veracruz. Por su parte, el "Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Ver." solo determinó el cambio de domicilio de dicho juzgado con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial Cardel, Veracruz, sito en Carretera Federal Nautla-Cardel, en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, código postal 91653. Lo que se aprecia del Acuerdo combatido y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el tres de octubre de dos mil veintidós, número extraordinario trescientos noventa y dos 392. De ahí que el reclamo no le causa un agravio personal y directo. Es así porque la impetrante con la emisión del Acuerdo citado y su consecuente ejecución, no resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se alegue ser parte en algún proceso como es el caso. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Además, respecto de sus manifestaciones consistentes en que el Acuerdo en comento afecta el acceso y expedición de justicia, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Resulta un acto futuro de realización incierta. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio del juzgado en el que aduce la impetrante es parte actora incluso anexó copia de un documento obtenido del Portal del Poder Judicial del Estado, en el que se observa de manera indiciaria ese carácter. No obstante, el asunto radicado ante el aludido órgano jurisdiccional continuará con su trámite de manera normal. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento de la quejosa se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio del juzgado en cuestión. Igualmente, se estima no se demuestra el interés legítimo de la quejosa, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueve la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona. Pues la quejosa no resiente una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo le generará un beneficio inmediato. Su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos. Limita su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado. Sustenta un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad. Sin características especiales de la situación que guarda frente al orden jurídico y la coloque en un punto diferenciado cualificado, actual, real y jurídicamente relevante de la situación general. De ahí que el interés que ostenta la peticionaria es simple o jurídicamente irrelevante. Porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para la interesada. Y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar. Por tanto, se estima que a la peticionaria de amparo le asiste únicamente un interés simple. No así el legítimo o el jurídico. En razón que el cambio de domicilio del Juzgado con sede en Veracruz, Veracruz a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, no le causa un agravio personal y directo. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no le impide continuar de manera normal con el asunto donde tiene intervención. Contrario a lo que aduce, se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal del litigio radicado en ese órgano jurisdiccional. Sin que sea dable exigir a través del amparo a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general. Tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. No estando en presencia de un mandato constitucional de actuar en un determinado sentido -como el caso de las omisiones legislativas- que esté siendo incumplido. Mucho menos que eso suceda específicamente en la esfera jurídica del promovente de amparo. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE... Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Como se ha explicado, el asunto donde tiene intervención la aquí quejosa [como parte actora] continuará con su trámite de manera normal. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley. Sirve como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2015591, del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN... Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, de epígrafe y sinopsis siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO... En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por ***********, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022 de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con usuario: "**********". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, sin que obste proporcionó un domicilio físico donde oír y recibir notificaciones en la ciudad conurbada de Veracruz. Debe prevalecer la tramitación electrónica del asunto de acuerdo con el numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 citado en párrafos precedentes (reformado por el similar 21/2022 en relación con el periodo de vigencia). Tómese nota del correo electrónico proporcionado para entablar comunicaciones no procesales... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte... JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones... Notifíquese personalmente al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y electrónicamente a la parte quejosa...".
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