Laura Ángelica Navarro Díaz
Expediente 1044/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Laura Ángelica Navarro Díaz
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, (foja 250), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; al respecto, únicamente la parte quejosa por conducto de su autorizado ejerció ese derecho a través del escrito de cuenta, el cual podrá ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Ahora bien, en el acto reclamado se advierte que se determinó lo siguiente (foja 135 vuelta de autos): "(.)" Por otro lado, del contenido del laudo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se observa que la responsable, respecto del pago de intereses a razón del dos por ciento mensual capitalizable al momento del pago sobre el importe de quince meses de salario, dejó a salvo los que se sigan generando hasta el cumplimiento total del laudo. Lo destacado, hace patente que la autoridad responsable transgrede en perjuicio de la quejosa Laura Angélica Navarro Díaz, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que en la resolución impugnada estableció que la cuantificación de intereses debe fijarse hasta el uno de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que la actora fue reinstalada en su fuente de trabajo; en tanto que en el laudo, el cual ya tiene la calidad de cosa juzgada, se dejaron a salvo los intereses que se generen hasta el total cumplimiento del laudo. En esas condiciones, se estima ilegal el acto reclamado, por ende, la responsable previamente a la cuantificación de los citados intereses, con plenitud de jurisdicción deberá atender los aspectos destacados para no dejar en estado de indefensión a la quejosa de mérito, esto es, deberá determinar si el laudo de origen ya se cumplió en su totalidad y, una vez hecho, pronunciarse respecto de los intereses materia de litis laboral. En otro aspecto y en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte una diversa violación en perjuicio de la justiciable Laura Angélica Navarro Díaz. En efecto, precisa destacar que la ahora quejosa referida en el párrafo precedente, en el trámite del incidente de liquidación de laudo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete del que deriva la resolución reclamada, entre otras pruebas ofreció la pericial contable a cargo de la perito María Teresa Hernández Toto, la cual rindió el dictamen correspondiente a través del ocurso de doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 130 vuelta a 133 de autos), en el cual concluyó que el instituto demandado debía pagar a la actora en el juicio laboral, por concepto de las prestaciones a que fue condenado en el laudo aludido, la cantidad de $613,957.25 (seiscientos trece mil novecientos ciento cincuenta y siete pesos 25/100 moneda nacional). Sin embargo, del acto reclamado se pone de relieve que la autoridad responsable, al llevar a cabo la cuantificación de la suma que el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe pagar a la ahora quejosa Laura Angélica Navarro Díaz, derivada del incidente de liquidación de laudo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, omitió valorar la prueba pericial referida en el párrafo precedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 841 y 885, fracción III, en relación con los diversos 823, 824 y 825 de la Ley Federal del Trabajo. Se afirma lo anterior, en razón de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 885, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a efectuar en sus resoluciones una relación de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados. En consecuencia, es incuestionable que si la autoridad responsable omitió relacionar la prueba pericial contable a cargo de la perito María Teresa Hernández Toto, admitida y desahogada en el incidente de liquidación de laudo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, así como razonar acerca del valor que le corresponde, vulneró la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución General de la República. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, publicada en la página 276, Tomo IX, Marzo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 220269, que dispone lo siguiente: (.) En esas condiciones, devienen fundados los conceptos de violación de la quejosa Laura Angélica Navarro Díaz, por tanto, se CONCEDE el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto reclamado consistente en resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro del incidente de liquidación de laudo relativo al juicio laboral 105/14 promovido por aquélla contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de Morelos, deje insubsistente la interlocutoria reclamada y emita otra en la que con base en los lineamientos establecidos en la presente resolución, funde y motive las cuestiones destacadas en este fallo constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. (Énfasis añadido) Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Ahora bien, de la transcripción anterior, se desprende que se concedió el amparo a la quejosa para los siguientes efectos: 1.- La autoridad responsable, previo a la cuantificación de los intereses, con plenitud de jurisdicción debía determinar si el laudo de origen ya se cumplió en su totalidad y, una vez hecho, pronunciarse respecto de los intereses materia de litis laboral. 2.- Relacionar la prueba pericial contable a cargo de la perito María Teresa Hernández Toto, admitida y desahogada en el incidente de liquidación de laudo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, así como razonar acerca del valor que le corresponde. En ese sentido, a fin de acatar el fallo dictado por este juzgado federal, la autoridad responsable remitió copia certificada del incidente de liquidación, a la que se le concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º del último de los ordenamientos referidos, con las cuales se dio vista y corrió traslado a las partes, y de cuyo contenido se desprende lo siguiente: ".En estricto acatamiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1044/2018 y su acumulado 1117/2018, el laudo no se encuentra cumplido en su totalidad y éste, con carácter de cosa juzgada, condena al pago de intereses hasta el cumplimiento total del laudo que no ha sido cumplido totalmente, resultando procedente el pago de intereses hasta el cumplimiento total de este." (foja 246, reverso). De lo anterior se aprecia que la autoridad responsable, determinó que el laudo dictado en el expediente 105/14, no se encuentra cumplido en su totalidad, por consiguiente, sostuvo que resulta procedente el pago de intereses hasta su cumplimiento total. Con base en lo anterior, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento al primero de los puntos del fallo protector. Por otro lado, en relación con el efecto relativo a la prueba pericial, la autoridad responsable razonó: "La pericial contable admitida y desahogada por la C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ TOTO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 823, 824 y 825 de la Ley Federal del Trabajo, carece de eficacia demostrativa al no explicar la forma en que obtuvo las cantidades por concepto de pago de prestaciones contractuales ni el número de días adeudados. No expone la forma en que determino que las prestaciones contractuales debían fijarse con el salario de $270.58, lo que contraviene lo determinado en el laudo. En términos de los artículos 821 a 823 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba pericial en el juicio tiene por objeto que un experto auxilie a la Junta en cuestiones que requieren conocimientos especiales de una ciencia, técnica o arte. En el presente asunto se admitió y desahogó la prueba pericial en materia contable, que carece de valor probatorio, ya que el incidente es para fijar en cantidad líquida las percepciones contractuales, que puede resolverse con las pruebas aportadas en juicio, como son: recibos de pago y Contrato Colectivo de Trabajo, se trata de un problema jurídico que no requiere del auxilio de algún perito, al no tratarse de auxiliar a la Junta respecto de alguna ciencia, técnica o arte, como lo establecen los artículos 821 y 822 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen que la prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a una ciencia, técnica o arte y los peritos deben tener conocimientos sobre la ciencia, técnica o arte sobre la que discurrirán, situación que no acontece en el incidente de liquidación cuyo objetivo en fijar el monto líquido de prestaciones extralegales pactadas o convenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Pericial contable que no puede tener valor probatorio, al tratarse de un problema jurídico y no técnico, que puede dilucidarse a partir del análisis de las pruebas documentales presentadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia que a continuación se inserta.". En la narración anterior, se advierte que la responsable con libertad de jurisdicción, le otorgó el valor probatorio que le estimó pertinente a la prueba pericial, además de que fundó y motivó las consideraciones con las que sustenta su determinación. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acató lo ordenado en el fallo constitucional, por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, previo a la cuantificación de los intereses, con plenitud de jurisdicción determinara si el laudo de origen ya se cumplió en su totalidad y, hecho lo anterior, se pronunciara respecto de los intereses materia de litis laboral; asimismo, debía relacionar la prueba pericial contable a cargo de la perito María Teresa Hernández Toto, admitida y desahogada en el incidente de liquidación de laudo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, así como razonar acerca del valor probatorio que le corresponde; lo cual fue atendido en su totalidad por la responsable. No pasan desapercibidas las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que la responsable se excede en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al señalar en el resolutivo primero de la resolución del incidente de liquidación que a la cantidad de condena deberá retenerse el impuesto sobre la renta y demás deducciones legales y contractuales que procedan. Sin embargo, dicho razonamiento no puede ser motivo de análisis en el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, pues el objeto de este acuerdo se limita a calificar el actuar de la autoridad conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, sin que en el presente caso las retenciones que resulten de las leyes fiscales y demás ordenamientos aplicables formaran parte de los efectos de la protección constitucional, los cuales, como quedó precisado en líneas precedentes ya fueron atendidos por la autoridad responsable. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que, previo a la cuantificación de los intereses, con plenitud de jurisdicción determinó que el laudo dictado en el juicio laboral no se ha cumplido, y por otro lado valoró la pericial contable a cargo de María Teresa Hernández Toto. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese Personalmente.
- Principal
se ordena agregar a los autos el oficio signado por el presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual informa los actos que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista ordenada mediante proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve. Ahora bien, en atención a su contenido, se agregan las manifestaciones que vierte únicamente para que obren como corresponda, tomando en consideración que mediante proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí se desprende que se encuentra transcurriendo el término concedido a la misma para que cumpla con dicho requerimiento; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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