Laura Angelica Martínez García
Expediente 1588/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1588/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/12/2017
Partes del expediente
- Laura Angelica Martínez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 15/2017, en la cual se determinó: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl (autoridad declinada), para seguir conociendo de la demanda de amparo indirecto 1588/2017, promovida por LAURA ANGÉLICA MARTÍNEZ GARCÍA, contra los actos tildados de inconstitucionales que la quejosa denomina como orden de traslado y su ejecución, del Centro de Prevención y Reinserción Social de Chalco, a uno diverso en el Estado de México, atribuida al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades. SEGUNDO. Remítanse los autos con testimonio de esta resolución a la autoridad que se ha declarado competente, y envíese copia autorizada de la misma al diverso contendiente, para su conocimiento y efectos legales procedentes.". Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; carece de relevancia documental. Finalmente, respecto a los informes a la suspensión de plano rendidos por las autoridades que obran en el sumario en que se actúa, a fin que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, se pronuncie en cuanto al acatamiento de la cautelar, obténgase copia certificada de éstos y remítansele, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguense las constancias remitidas por el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 340/2017-III-A, número de orden 570/2017-III-A, de este índice. Vía electrónica confírmese recibo, sin que ello implique generar acuse alguno, tal como lo solicitó la referida autoridad. Háganse las anotaciones respectivas. Téngase a la quejosa por legalmente notificada del proveído de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. AGREGA OFICIO Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual no acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador, conforme a lo expuesto en el acuerdo de nueve de octubre del año en curso insiste en declinar la competencia al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridades responsables, los siguientes: "La orden de traslado injustificada administrativa, carente de valor judicial del Centro Preventivo que me encuentro a uno diverso del Estado de México." Ello, atribuido al: Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. Director de Seguridad y Operación dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. Director del Centro Preventivo de Reinserción Social de Chalco, Estado de México. Ahora, en el caso concreto, la autoridad oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto por territorio, al considerar que la parte quejosa reclamó la orden de traslado del lugar en donde dice que se encuentra recluida (Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México), a uno diverso en el mismo Estado, el cual se desconoce, por lo que consideró que surtía la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en que tiene competencia el juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Al efecto, es necesario imponerse del contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". De lo anterior se tiene que la competencia en materia de amparo indirecto se surte de acuerdo con las reglas siguientes: 1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, resultará competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden de ideas, en el caso en concreto es aplicable la primera regla del artículo antes mencionado, tomando en cuenta que el quejoso se encuentra privado de su libertad al momento en que se le pretende trasladar a un centro penitenciario diverso al en que se encuentra recluido (Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México), lo que produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; es ineludible que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se ejecutará como ya se dijo, en el lugar donde el quejoso está recluido, como en el caso lo es Chalco, Estado de México. De ahí que resulte competente para conocer del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario en el que se encuentre recluida la quejosa, y que en la especie lo es en Chalco, cuya jurisdicción corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Ello es así, toda vez que en el presente caso, el acto reclamado consiste en una posible orden de traslado, esto es, que no se ha realizado y, por ende, no ha sido ejecutada, por lo que no se ubica en los supuestos del párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo; en virtud de que, por esas razones no puede considerarse que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, sino que tendrá su ejecución directa (materialización de sus efectos) en el lugar de reclusión de la ahora quejosa. Bajo ese contexto, y de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que cuando un acto requiere de ejecución material, como en el caso lo es el acto precisado en párrafos que anteceden y que poseen ejecución, será competente el juez cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, y que en el caso en particular, el directo quejoso como se dijo se encuentra recluida en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México, ámbito territorial que se encuentra fuera del en el que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. De lo anterior, se obtiene que la intención del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho a ocurrir ante un juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, motivo por el cual de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corresponde a la jurisdicción de los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, pues resulta evidente que la ejecución de los actos aquí reclamados, producirán consecuencias jurídicas y/o deberán ser acatados fuera del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción, concretamente en Chalco, Estado de México, por ser aquél el lugar donde se encuentra recluida la quejosa de mérito, y por ende, se surte la competencia de dichos Juzgadores Federales para conocer del presente asunto en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Sin que de la demanda de amparo, se advierta dato alguno de que el acto reclamado vaya a ejecutarse o continúe ejecutándose dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción, para que se actualice su competencia en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 37 de la Ley Amparo, pues al momento de la presentación de la demanda, no existe evidencia alguna de ello. De ahí, que se insista en la incompetencia plantead en proveído de nueve de octubre del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes. En tal virtud, a fin de que se notifique a la quejosa *******, y toda vez que el domicilio de ésta se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con fundamento en el numeral 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda se sirva notificar el presente auto en el lugar donde se encuentra recluida, esto es, el Centro Preventivo de Reinserción Social de Chalco, Estado de México. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Agréguense las constancias que remite el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través de las cuales devuelve diligenciado el exhorto 324/2017-III-A, número de orden 549/2017-III-A, de este índice. Vía electrónica confírmese recibo, sin que ello implique generar acuse alguno, tal como lo solicitó la referida autoridad. Háganse las anotaciones respectivas. Téngase por debidamente notificado al quejoso, para los efectos legales conducentes.
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