Laura Almendros López
Expediente 171/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Laura Almendros López
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia, con el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitieron los autos del toca apelación *****; por tanto, se ordena que obre como constancia, en razón de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Cúmplase.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso correspondiente contra el proveído que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo del toca 690/2022, que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de oficio. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio suscrito por el Actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al que anexa el toca ********************, tres copias de demanda de amparo, así como los autos originales del juicio de amparo directo 97/2023, promovido por ********************, en su carácter de autorizada de ********************, contra actos del Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, y de otra autoridad.Registro.Registro en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 171/2023-I. Aceptación de competencia.Con fundamento en lo establecido en los artículos 33, 35, 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima se avoca a conocer de la demanda en cuestión. Acúsese recibo. Integración de expediente electrónico.Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto.Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Análisis de demanda.Del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama el auto de once de noviembre de dos mil veintidós, dictado por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca ********************, que modificó la diversa resolución de dieciocho de mayo de la misma anualidad, dictada por el Juez Cuarto Familiar de Colima, en el juicio ********************, a fin de ordenó la valoración psicológica de la directa quejosa y suspendió el dictado de la resolución del incidente de prórroga de autorización para permanencia fuera del país de los adolescentes ******************** y ********************, hasta en tanto sean escuchados.Desechamiento.El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano.Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.Ilustra lo expuesto la jurisprudencia P./J. 128/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, página 803, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5° y 6°, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo. Los referidos artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5° y 6°, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.]XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.En términos del artículo 5° antes transcrito, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I artículo 107 constitucional, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6°, primer párrafo, de la legislación en consulta, prevé que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De la interpretación conjunta de estos dos últimos preceptos, se concluye que la demanda de amparo debe ser formulada por el directo quejoso o bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado. Por lo que, en sentido contrario, el juicio de amparo no puede promoverlo quien no acredite ser representante legal o apoderado de la persona moral o física, sobre la que recaiga directamente la afectación reclamada. Establecido lo anterior, en el caso, la causa de improcedencia deriva de que quien pretende ejercerla ********************, es autorizada de ******************** en amplios términos del artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, dentro del juicio ******************** del índice del juez responsable, quien a su vez, es apoderada de ********************. Bajo ese orden de ideas, se considera que ******************** no tiene facultades para instar este juicio de amparo, pues como se anticipó, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado (en el caso por ********************, o bien, por su apoderada ********************), sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios previstos en la legislación civil aplicable, además de que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio civil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del juicio civil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo. Así pues, en el juicio de amparo en esta materia -civil-, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado de las partes en el juicio de origen. Se cita en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 108/2013 (10a.) de la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2005035, que indica: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.) de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con registro 2001581, que señala: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." Del mismo modo, la tesis del Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, con registro 232899, que dice: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Por último, la tesis XXXII.8 C (11a.) del Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación de la Undécima Época, con registro 2025885, que señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 112 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Hechos: La presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito desechó la demanda de amparo directo porque determinó que quien la promovió carece de legitimación para ello, pues es autorizado conforme al artículo 112 Bis citado, de una de las partes en el juicio natural. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el autorizado por las partes en términos del artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, carece de legitimación para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante. Justificación: Lo anterior, porque la firma del quejoso en la demanda de amparo directo no puede sustituirse por la del autorizado designado en los términos que prevé el artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, porque la autorización que dispone este artículo permite al nombrado oír notificaciones, promover e interponer los recursos que procedan en el juicio civil, así como rendir pruebas y alegar en audiencias, pero no constituye una transferencia de la representación legal, pues no contiene autorización al designado de ejercer acción diversa en representación de su autorizante, al permitirle únicamente entablar una defensa y los actos que resulten necesarios dentro del procedimiento de origen y relacionados a la acción ejercida, defensa o excepción planteada, sin posibilidad de hacerla extensiva a una acción diferente como lo es el juicio de amparo. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso, su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al citado artículo." En tales condiciones, dado que la presente demanda promovida por ********************, quien carece de las facultades necesarias para ello al tratarse de una autorizada en términos del artículo 112 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos del citado ordenamiento. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Domicilio procesal. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el número ******************** de la calle ********************, colonia ********************, de Colima********************. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias.Exhorto a las partes.Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Información pública.Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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