Laura Alicia Garcés Rodriguez
Expediente 83/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Laura Alicia Garcés Rodriguez
- Laura Alicia Garcés Rodriguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que las quejosas omitieron recurrir el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ** a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.
- Principal
A los autos el oficio signado por el Encargado de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI del Servicio Postal Mexicano con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. En él a fin de cumplir el requerimiento veintidós de enero del año en curso, solicita especificar a qué se refiere el párrafo siguiente: informe de las promociones que fueron entregadas a este órgano jurisdiccional, el treinta de octubre y catorce de noviembre de dos mil dieciocho". En proveído de dieciséis de los corrientes, se tuvo a la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, requiriendo información de los recursos de revisión interpuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación Organizada de la Procuraduría General de la República. En particular, solicitó información sobre el medio en que se hubieran recibido los medios de impugnación de dichas autoridades, ya fuera por mensajería acelerada, correo ordinario o si alguien los presentó en forma personal en la oficialía del juzgado a mi cargo. Sin embargo, al realizar una búsqueda en el cuaderno que se integró con copias limitadas de las actuaciones originales el expediente original fue remitido a la superioridad para la substanciación de las revisiones y en el expediente electrónico del presente juicio de amparo, ningún dato se pudo obtener para informar el medio por el cual se recibieron esos recurso de revisión. Lo anterior, tuvo como consecuencia el requerimiento realizado al encargado de mérito, pues él podría tener números de guía o sobres de correo, para indagar el medio en que se hubieran recibido los recursos hechos valer, e incluso tener la certeza de la fecha en que fueron presentados. Incluso, de la búsqueda realizada se pudo apreciar que los medios de impugnación fueron recibidos en este juzgado el treinta de octubre y catorce de noviembre del año pasado y registrados con los folios 18881 y 19828, de manera respectiva. Sin embargo, esos datos resultan insuficientes para que la superioridad pueda determinar si los recursos de revisión hechos valer por las autoridades, fueron presentados en tiempo y forma, pues dado a que ellas residen en la Ciudad de México, lo más probable es que hayan sido presentados allá, sin que en las constancias se visualice la fecha en que fueron recibidos por parte de Correos de México. De ahí la necesidad de obtener la información requerida en párrafos anteriores. En consecuencia, requiero por última ocasión al Encargado de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI del Servicio Postal Mexicano con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, remita toda la información precisada en líneas anteriores, es decir, un informe exhaustivo de las promociones que fueron entregadas a este juzgado, el treinta de octubre y catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Hágasele saber que subiste el apercibimiento de multa con la que fue apercibido en acuerdo de treinta de enero de este año. Además, para que la oficiante tenga más elementos para cumplir el requerimiento, ordenó anexar copia de las piezas postales relativas a los oficios 34924/2018 y 34926/2018, que contienen la sentencia dictada en este asunto y contra la cual las autoridades Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación Organizada de la Procuraduría General de la República, interpusieron revisión, las cuales depositadas en la oficina postal el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. También, se le informa que el promovente del presente juicio de amparo es la persona de nombre ** apoderado general para pleitos y cobranzas de la moral ** Para finalizar, ordeno girar oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de comunicar el contenido del presente acuerdo y surta los efectos legales procedentes, dentro del toca de revisión ** de su índice.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Se recibe la demanda de protección de derechos signada por las quejosas **, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Licenciada **), dentro de la carpeta de investigación **. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, las quejosas en su demanda de amparo reclaman lo siguiente: ".La omisión de respuesta de nuestro escrito presentado el día catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, en ejercicio del derecho de petición." Tal acto fue reclamado por la parte quejosa, debido a la inactividad que a su decir existe en la carpeta de investigación **, en la cual formularon querella por los hechos con apariencia del delito de despojo contra las aquí quejosas (como lo refieren en el capítulo de antecedentes del acto reclamado). Sin embargo, desde este momento se permite visualizar el acto reclamado (que atañe a una dilación) se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio porque inició con una querella presentada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, como lo manifestaron las quejosos en su demanda (foja 3). Es decir, de manera posterior a la entrada en vigor para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo la república. Entonces, resalta en este momento una causal de improcedencia de forma indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la dilación reclamada en la demanda de protección tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la parte quejosa antes de promover el control de legalidad extraordinario -que es el juicio de amparo-. Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". Del precepto anterior se obtuvo que las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por omisiones atribuibles al Agente del Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, para cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Interpretación que ha validado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días recientes, pues al decidir la contradicción de tesis 233/2017 -donde contendió la tesis antes citada- estableció que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad -o inactividad- que exista en la indagatoria a cargo del Agente del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control -en esa ruta ordinaria de impugnación- que examine las actuaciones u omisiones del Agente del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa, hasta determinar lo procedente a la integración del NUAT y el inicio de una carpeta de investigación. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis 233/2017, que tiene validez para regir el sentido de este acuerdo pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Por consiguiente, es válido afirmar que el acto reclamado por las quejosas -omisión de respuesta al escrito presentado el día catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, en ejercicio del derecho de petición en la carpeta de investigación **- debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad. En otras palabras, las quejosas deben agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra el acto reclamado en la demanda; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de las actuaciones practicadas en las referidas indagatorias, fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto -contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el reclamo planteado por las quejosas, en el presente juicio de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la omisión reclamada en la demanda de protección debe ser impugnada primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se concluye la causal de improcedencia que se estimó actualizada, es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) que ha examinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 233/2017. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado de distrito por así haberlo señalado el quejoso, y para los mismos efectos a la persona que refirió porque omitió conferirles las facultades amplias que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías a sus autorizados en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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