Laura Alicia Barrientos Macías
Expediente 293/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Laura Alicia Barrientos Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, doce de febrero de dos mil veintiuno. -Causa estado- Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. -Archivo- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -Destino del expediente- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el trece de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio amparo. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el trece de febrero de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es destruible, en términos del inciso c), del artículo 21, del referido ordenamiento legal, cuenta habida que se negaron tanto la suspensión provisional y la definitiva. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, señalándose como fecha susceptible para tal efecto, el trece de agosto de dos mil veintiuno. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. - Inexistencia de documentos originales- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. - Inexistencia de documentos de información reservada- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 293/2020-V.
- Principal
Visto el escrito que suscribe la quejosa Laura Alicia Barrientos Macías, por medio del cual comparece a desahogar el requerimiento que se le hizo mediante auto de veintiséis de octubre del presente año, lo cual hace en los siguientes términos: Que efectivamente desde el seis de octubre del año en curso se encuentra laborando desde su domicilio particular, contando para ello con un documento oficial por parte de la dependencia donde trabaja -del cual acompaña copia-. Que fue citada por las autoridades responsables el tres de noviembre del presente año, para determinar su situación laboral, y se levantó una acta administrativa, en la que se determinó por parte de la Dirección de la Jurisdicción I y del Departamento de Recursos Humanos, que con motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID 19, se comprometieron a mantenerla en confinamiento, bajo resguardo domiciliario y trabajo en casa, hasta que se decrete la reanudación oficial de labores normales. Que por tal motivo, solicita el desistimiento de la demanda de amparo. Ahora bien, en el presente caso la quejosa solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, substancialmente reclamando el resguardo domiciliario, por estimar que se encuentra en el grupo de personas consideradas por la autoridad sanitaria Federal como de salud vulnerable, por padecer enfermedades crónicas de hipertensión arterial, obesidad mórbida e hipertiroidismo. Por su parte las autoridades responsables, en oficio DJ/3269/2020, recibido en este juzgado el veintitrés de octubre del año en curso informaron que a partir del seis de octubre de dos mil veinte, la quejosa se encuentra en comisión oficial por estar en resguardo domiciliario; y para acreditarlo acompañaron el documento denominado reporte de incidencias del personal del Centro de Salud Progreso; el cual este juzgado, consideró insuficiente para tener por demostrado dicha afirmación y se ordenó entre otras cosas, requerir a la quejosa para que corroborara dicha información. Por tal motivo, con las manifestaciones de la quejosa, con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos informados por la autoridad responsable en el sentido de que ya tienen trabajando a la quejosa en resguardo domiciliario por la contingencia de la pandemia COVIT 19, lo que se corrobora además con la copia del documento que anexa la propia promovente del amparo. En consecuencia, se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente en el caso que nos ocupa se advierte que por lo que hace a los actos reclamados por Laura Alicia Barrientos Macías, relacionados con no permitirle trabajar desde su domicilio, al encontrarse dentro del sector vulnerable, han cesado los mismos; porque tal como se advierte del acta administrativa que en copa acompaña la quejosa y que hace suya, se aprecia que a partir del tres de noviembre de dos mil veinte, oficialmente realizará su trabajo desde su domicilio particular y hasta que se dé la indicación del regreso a labores normales, se comprometió a presentarse en su centro de trabajo al cierre mensual del SIMBA para cumplir con las actividades encomendadas. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las once horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la pate quejosa, por oficio a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes, 293/2020-V.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte en los términos siguientes:AUTORIDAD RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR REQUERIMIENTOVisto el oficio de cuenta, téngase al Director Jurídico del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en atención al requerimiento que le fue formulado en proveído de quince de octubre del presente año, informando que por un error señaló en su informe justificado que la quejosa Laura Alicia Barrientos Macías se encontraba en resguardo domiciliario, ya que en realidad se encontraba laborando de forma escalonada dentro del rol de guardias establecidos de forma interna por el Centro de Salud Urbano Progreso; sin embargo, indica que a partir del seis de octubre del presente año, se encuentra en comisión especial trabajando en resguardo domiciliario. Para justificarlo acompaña copia certificada del reporte de incidencias de la aquí quejosa, que comprende el período del uno de abril al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y del que se aprecia que en diversos períodos se ha reportado "inasistencia por comisión especial" y a partir del seis de octubre al treinta y uno del propio mes ha permanecido dicha leyenda. 20/08/21 12:54:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.fd Desidé Meza Murillo Lo cual a juicio de este juzgado no resulta suficiente para tener por demostrado que efectivamente se encuentra laborando desde su domicilio como persona vulnerable, por lo que subsiste el requerimiento y apercibimientos que se le hicieron en auto de quince de octubre del presente año. - SE REQUIERE QUEJOSA- No obstante lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa, para que en un término de tres días manifieste bajo protesta de decir verdad, si efectivamente se encuentra laborando desde su domicilio; apercibida que de no hacer ninguna manifestación, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos 40/100, moneda nacional), que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las treinta unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta el importe aquí precisado.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, téngase al Director Jurídico del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en atención al requerimiento que le fue formulado en proveído de quince de octubre del presente año, informando que por un error señaló en su informe justificado que la quejosa .................... se encontraba en resguardo domiciliario, ya que en realidad se encontraba laborando de forma escalonada dentro del rol de guardias establecidos de forma interna por el Centro de Salud Urbano Progreso; sin embargo, indica que a partir del seis de octubre del presente año, se encuentra en comisión especial trabajando en resguardo domiciliario. Para justificarlo acompaña copia certificada del reporte de incidencias de la aquí quejosa, que comprende el período del uno de abril al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y del que se aprecia que en diversos períodos se ha reportado "inasistencia por comisión especial" y a partir del seis de octubre al treinta y uno del propio mes ha permanecido dicha leyenda. Lo cual a juicio de este juzgado no resulta suficiente para tener por demostrado que efectivamente se encuentra laborando desde su domicilio como persona vulnerable, por lo que subsiste el requerimiento y apercibimientos que se le hicieron en auto de quince de octubre del presente año. No obstante lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa, para que en un término de tres días manifieste bajo protesta de decir verdad, si efectivamente se encuentra laborando desde su domicilio; apercibida que de no hacer ninguna manifestación, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de $............... (....................., moneda nacional), que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $............... (................. moneda nacional), misma que es vigente a partir del día uno de febrero del presente año; cantidad que multiplicada por las treinta unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta el importe aquí precisado. Notifíquese por oficio a la autoridad signante, personalmente a la quejosa, y por lista a las demás partes partes, 293/2020-V.
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