Laura Alejandra Trueba Fernandez

Expediente 627/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
627/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Laura Alejandra Trueba Fernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve XXXXX, por conducto de su apoderado Francisco Eduardo Trueba Fuster, contra actos del agente del Ministerio Público de Orientación en Cholula, Puebla, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 627/2018. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente en esencia reclama la abstención de dar seguimiento a la denuncia formulada en contra de Gabriel Daniel Demetrio Romero, y del Notario Público Uno del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla licenciado Paulo Javier Rodríguez Cantellano, por los delitos de despojo, fraude y robo de identidad, radicada como carpeta de investigación el registro de atención XXXXX/2017/CHOLULA; así como la omisión del seguimiento de investigación de los hechos, y en consecuencia su judicialización. Ahora bien respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: [...] El artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C), se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones antes transcritas. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109 cuya fracción XXI prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: [...] De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Ahora, como agente investigador el Ministerio Público debe realizar una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia, garantizando el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso; al concluir la investigación, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, la absolución o una condena menor que aquella que pida la acusación; durante la investigación, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, el agente investigador deberá resolver al respecto dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes; puede solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; asimismo, debe notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, para que, en su caso, la víctima u ofendido impugne dicha resolución ante el juez de control; como así lo disponen los artículos 129, 216 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: [...] Indicado lo anterior, resulta pertinente señalar que los medios de impugnación son los actos procesales cuya finalidad es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las abstenciones u omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C), fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, si en la especie el promovente en esencia reclama la abstención de dar seguimiento a la denuncia formulada en contra de Gabriel Daniel Demetrio Romero, y del Notario Público Uno del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla licenciado Paulo Javier Rodríguez Cantellano, por los delitos de despojo, fraude y robo de identidad, radicada como carpeta de investigación el registro de atención XXXXX/2017/CHOLULA; así como la omisión del seguimiento de investigación de los hechos, y en consecuencia su judicialización, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, este juzgador considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C), fracción VII, y el diverso 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el recurrente por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De esta forma, si bien las omisiones que alega la parte quejosa, constituyen una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C), fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tales omisiones; en tanto que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece en el artículo 258 en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Criterio que fue sostenido al resolver la Contradicción de Tesis 233/2017, resuelta el dieciocho de abril pasado, por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa del amparo, lo constituye aquél que puede ser confirmado, revocado o modificado, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, pues siendo parte, está obligado a que deba agotarse el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige la materia, máxime que la quejosa estaba en aptitud de promover el recurso innominado ante el Juez de control, aunado a que en el caso concreto no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere la invocada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Se tienen por autorizados en los términos que indica a las personas que designa para tal efecto. Previo cotejo y compulsa del instrumento notarial anexo a su demanda de amparo, devuélvase previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos. Finalmente, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, ello de conformidad con el artículo 17 Constitucional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,713 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano