Laura Alarcón Andrade

Expediente 1325/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1325/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Laura Alarcón Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta de la Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la autoridad oficiante en la comunicación de mérito. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora, tomando en consideración el contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: La omisión de cerrar instrucción dentro del juicio laboral D-4/85/2017, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral mencionado en el párrafo que antecede. En ese sentido, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable -la que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y solicitó el turno del asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. En ese sentido, tomando en consideración que se reclama la omisión de cerrar instrucción dentro del juicio laboral D-4/85/2017, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Y, de la constancia anexa al informe que se provee -previamente valorada-, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó el asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintiuno de julio de dos mil veintitrés la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la Junta responsable dejó de ser omisa, al haber cerrado el periodo de instrucción. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de cerrar instrucción dentro del juicio laboral D-4/85/2017, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. En otro contexto, resulta inexistente el diverso acto reclamado identificado como la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-4/85/2017, tal como se expondrá a continuación. De la constancia que remite la autoridad responsable -previamente valorada- se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente laboral de origen no se encontraba en estado procesal para emitir el laudo dentro del juicio laboral D-4/85/2017, toda vez que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó el asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017; lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido que enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En la especie, de la constancia remitidas por la Junta responsable, se observa que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó el asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017; por lo que el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para dictar el laudo. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiuno de julio de dos mil veintitrés], en el juicio laboral de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para emitir el laudo dentro del juicio laboral D-4/85/2017. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para dictar el laudo correspondiente, acto que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado identificado como la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-4/85/2017, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En las relatadas consideraciones, al ser inexistentes los actos reclamados de la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DEINTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta de la Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la autoridad oficiante en la comunicación de mérito. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora, tomando en consideración el contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: La omisión de cerrar instrucción dentro del juicio laboral D-4/85/2017, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral mencionado en el párrafo que antecede. En ese sentido, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable -la que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y solicitó el turno del asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. En ese sentido, tomando en consideración que se reclama la omisión de cerrar instrucción dentro del juicio laboral D-4/85/2017, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Y, de la constancia anexa al informe que se provee -previamente valorada-, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó el asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintiuno de julio de dos mil veintitrés la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la Junta responsable dejó de ser omisa, al haber cerrado el periodo de instrucción. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de cerrar instrucción dentro del juicio laboral D-4/85/2017, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. En otro contexto, resulta inexistente el diverso acto reclamado identificado como la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-4/85/2017, tal como se expondrá a continuación. De la constancia que remite la autoridad responsable -previamente valorada- se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente laboral de origen no se encontraba en estado procesal para emitir el laudo dentro del juicio laboral D-4/85/2017, toda vez que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó el asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017; lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido que enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En la especie, de la constancia remitidas por la Junta responsable, se observa que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó el asunto para la emisión del proyecto de laudo en el juicio laboral D-4/85/2017; por lo que el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para dictar el laudo. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiuno de julio de dos mil veintitrés], en el juicio laboral de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para emitir el laudo dentro del juicio laboral D-4/85/2017. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para dictar el laudo correspondiente, acto que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado identificado como la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-4/85/2017, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En las relatadas consideraciones, al ser inexistentes los actos reclamados de la autoridad responsable, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DEINTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. ****************************************Expediente y registro********************Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1325/2023. ****************************************Radicación********************Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por conducto de quien se ostenta como su apoderado legal ********************, en contra de los actos del Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, en atención a su contenido se provee:****************************************Exhortación a las partes para mejorar la comunicación.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese a las partes para que señalen números telefónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente.****************************************Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.****************************************Además, con apoyo en el artículo 263, fracción II del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.****************************************En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea.****************************************Domicilio para recibir notificaciones y autorizados************************************************************Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo.****************************************En términos de lo dispuesto por el primer párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados a ********************y********************, sin necesidad de verificar si se encuentran inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral, de conformidad con el párrafo segundo del citado ordenamiento.****************************************Medios electrónicos****************************************Se le autoriza para imponerse de los autos del presente juicio de amparo mediante uso de cámaras, grabadoras, escáneres, lectores ópticos o cualquier otro tipo de naturaleza análogos. Por tanto, el expediente queda a disposición en la secretaría de este juzgado federal para que -en su caso- obtenga una reproducción electrónica de los autos que integran este juicio de amparo, observando en todo momento los lineamientos y medidas señaladas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, concretamente al proceso para la consulta de expedientes y comparecencias. Además de que se deberá asentar razón para que obre en autos.****************************************Prevención************************************************************Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, este órgano judicial debe seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece:****************************************"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:********************I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; ********************II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; ********************III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;********************IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y********************V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. El normativo anterior impone a quien resuelve la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial y sus anexos para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo.****************************************Asimismo, a efecto de acordar si procede o no su admisión a continuación se analizará si se cumplieron las premisas que se prevén en el artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ****************************************"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:********************I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;********************II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; ********************III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;********************IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;********************V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;********************VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta violación se reclame; ********************VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y ********************VIII. Los conceptos de violación." ********************(Énfasis propio)****************************************Es aplicable al presente asunto, el criterio jurisprudencial siguiente:********************"Época: Novena ********************Registro: 175204.********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Tomo: XVI, Agosto de 2002********************Materia(s): Civil********************Jurisprudencia: I.3o.C.41 K********************Página: 1275****************************************DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda", interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre la procedencia del amparo".****************************************Expuesto lo anterior, con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo vigente, por notificación personal, en términos de lo dispuesto por el numeral 26, fracción I, inciso c), de la ley de la materia, y con el objeto de acordar lo que proceda, requiérase a la parte promovente ********************, para que en el término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente:****************************************1) En términos de la fracción I, del artículo 108, de la Ley de Amparo, exhiba el documento idóneo con el que ******************** acredite el carácter que ostenta, es decir, el carácter de apoderado de ********************, o bien, que tal carácter se encuentra reconocido ante la autoridad responsable en términos del numeral 11 del ordenamiento en cita. ****************************************Ello, ya que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso que debe examinarse desde el escrito de demanda.******************** ********************Cobra aplicación en la especie, la jurisprudencia siguiente:****************************************"Época: Novena ********************Registro: 200657 ********************Instancia: Segunda Sala ********************Tipo: Jurisprudencia********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Tomo: III, Enero de 1996********************Materia(s): Común********************Tesis: 2a./J.1/96********************Página: 47****************************************"PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". ****************************************Es de indicarse que la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, por lo que la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado que esté facultado expresamente dentro de los autos del juicio de origen, lo anterior en términos del artículo 10 y 11 de la Ley de Amparo.****************************************Sin que obste el hecho de que la parte promovente haya adjuntado a su demanda de amparo copia simple del auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve dictado en el juicio ******************** del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, sin embargo, dicha constancia resulta insuficiente y no constituye el documento idóneo para otorgar la representación que se pretende, ya que no se tiene certeza que sea copia de su original, por ende, carece de valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°. ****************************************Sirve de aplicación la jurisprudencia que textualmente enuncia:****************************************"Registro digital: 196457********************Instancia: Segunda Sala********************Novena Época********************Materias(s): Común********************Tesis: 2a./J. 21/98********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII Abril de 1998, página 213.********************Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1449********************Tipo: Jurisprudencia****************************************INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso."************************************************************Apercibimiento************************************************************Apercíbase a la promovente, que de no cumplir con la prevención formulada, en el término precisado con antelación, se estará a lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda propuesta.****************************************Transparencia************************************************************De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.****************************************Digitalización y expediente electrónico************************************************************En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración.****************************************Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020.****************************************Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación****************************************Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan.****************************************Publicación de listas************************************************************Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.****************************************Integración de expediente físico************************************************************Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

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