Laura Agustina Godínez Rodríguez

Expediente 552/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
552/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Laura Agustina Godínez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito; a través del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, el cual quedó registrado bajo el conflicto competencial ********************, de su índice. Atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y estése en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal oficiante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche; a través del cual transcribe el auto de veinticuatro de abril del año en curso, e insiste en declinar competencia a este órgano jurisdiccional, por lo que a fin de determinarla comunica que envió los autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, en turno. En consecuencia, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche; mediante el cual hace del conocimiento la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, por el cual determinó carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 552/2023-IV. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, toralmente señala que este juzgado es competente para conocer del juicio de amparo promovida por ********************, en virtud que los actos reclamados le revisten ejecución material en el Estado de México, pues el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), aceptó la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen; además, argumentó que el Titular de la Policía Federal Ministerial, con sede en Ciudad de México, conforme a sus atribuciones que le han sido conferidas, como agentes de la Policía Federal Ministerial, no existe constancia fehaciente que determine que el acto privativo de libertad se pueda ejecutar dentro de la jurisdicción de Campeche. Fijación de competencia. En principio, cabe puntualizar: la competencia se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y según tenga ejecución o no el acto reclamado; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, mas no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. En esa tesitura, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, éste debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En el caso concreto, en conformidad artículo 37 de la Ley de Amparo se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, siendo desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. El precepto, literalmente establece: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se advierte la existencia de tres hipótesis diferentes para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: a) A la ejecución del acto. Si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. b) A prevención. En caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y continúe su ejecución en otro, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. c) A la ausencia de ejecución. Si no requiere ejecución el acto reclamado será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Expuesto lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, respetuosamente disiente y no comparte las consideraciones expuestas por el referido órgano jurisdiccional, razón por la que no se acepta la competencia legal declinada. Ello, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste esencialmente en: La orden de aprehensión en contra de ********************, por su posible participación en el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer eventos punibles de secuestro y contra la salud, previstos en el artículo 2, fracciones I y VII y sancionado por el diverso 4, fracción I, inciso b) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y Secuestro de la víctima de identidad reservada con iniciales ********************. previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso c) en relación con el artículo 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; y su ejecución. Por tanto, contrario a lo que sostiene la Juez declinante, la competencia legal para conocer de este juicio de amparo corresponde al Juez que previno en el conocimiento del asunto, en términos del párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de la materia. En ese tenor, es menester precisar que de las manifestaciones que vierte el Juez Federal para fundamentar su postura se basan en lo siguiente: De lo transcrito se advierte que el juzgado declinante basó su determinación en el hecho de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), al aceptar la existencia del acto reclamado, es decir, la autoridad ordenadora y al no existir una con el carácter de ejecutora, por ende, un Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es quien debe continuar con el conocimiento del presente asunto. Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con apoyo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, no comparte dicho criterio, por ende, estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver de ésta, y debe devolverse al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, por las consideraciones siguientes: Acorde con lo previsto por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Así como, el artículo 37 de la Ley de Amparo. De los que se advierten las siguientes reglas de competencia: a) A la ejecución del acto. Si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. b) A prevención. En caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y continúe su ejecución en otro, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. c) A la ausencia de ejecución. Si no requiere ejecución el acto reclamado será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. Las reglas de competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo atienden a la naturaleza de los actos reclamados, lo que es determinante para saber cuál de las tres reglas de competencia se actualiza. Verbigracia, en la primera regla identificada por este juzgado federal mediante el inciso a) se atiende a actos de naturaleza positiva porque implica actividad de la autoridad responsable, sólo que atiende a diferentes momentos procesales, pues previene que si el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, será competente el Juez de Distrito del lugar en donde tiene ejecución el acto reclamado. En la segunda hipótesis, señalada con el inciso b), también se trata de actos de naturaleza positiva, pero aquéllos son de tracto sucesivo en tanto que se prolongan en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que la ejecución de los actos puede tener lugar en uno o varios circuitos, por lo que, en este caso, cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado territorio y se siga ejecutando en otro diferente, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. El tercero de los supuestos referidos, mencionado con inciso c), comprende aquellos actos que sean meramente declarativos o que no requieran de ejecución material, caso en el cual será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. En ése sentido, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la actual Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer de un juicio de amparo cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado territorio y se siga ejecutando en otro diferente, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. En el presente caso, el Juzgador Federal únicamente tomó en consideración que no se cuenta con una autoridad ejecutora en el Estado de Campeche; sin embargo, omitió analizar en principio que, en la demanda de amparo la quejosa asegura, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en su domicilio escondida para no ser privada de su libertad (esto es, ********************, ********************), lugar éste último, en el cual corresponde a la circunscripción territorial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, ante quien se promovió la demanda, lo que resulta inconcuso, que aun y cuando aquél no realizó el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, ésto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto. En efecto, la Policía Federal Ministerial (autoridad que sí señaló como ejecutora) tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, por lo que cualquiera de sus agentes adscritos está facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales, lo que conduce a que dicho mandato puede ejecutarse en cualquier lugar en donde pueda ser localizada la quejosa, como lo es su domicilio; en consecuencia, el competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso aseguró que trató de ejecutarse la orden, es decir, su domicilio. Consecuentemente, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución no desapareció como lo refiere el Juez declinante, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en alguna de las diversas jurisdicciones correspondientes, debe conocer del procedimiento constitucional el Juez de Distrito con competencia en el lugar donde se presentó la demanda, es decir, el que conoció a prevención, por ser ante quien acudió la parte agraviada solicitando la protección constitucional, en éste caso, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche; máxime que la Policía Federal Ministerial, manifestó en su informe justificado que cualquiera de sus agentes puede ejecutar la orden de aprehensión. Apoya dicho criterio, la tesis XIII.1o.P.T.9 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2549, Décima Época, número de registro 2021527, con rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN. SI TODAS LAS AUTORIDADES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE DESVIRTÚAN LOS INFORMES JUSTIFICADOS ANTES DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Si en la demanda de amparo se señala como acto reclamado la orden de aprehensión y/o detención, por regla general, debe acudirse a las hipótesis de los dos primeros párrafos del artículo 37 de la Ley de Amparo, que regulan la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto; sin embargo, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables -tanto ordenadoras como ejecutoras- niegan los actos reclamados y el quejoso no los desvirtúa hasta antes de celebrada la audiencia constitucional, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en alguna de las diversas jurisdicciones correspondientes a los Jueces contendientes, debe conocer del procedimiento constitucional el Juez de Distrito con competencia en el lugar donde se presentó la demanda, es decir, el que conoció a prevención, por ser ante quien acudió la parte agraviada solicitando la protección constitucional. Consecuentemente, si la autoridad responsable señalada como ejecutora puede actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los Juzgados de Distrito, como en el caso la Policía Federal Ministerial, que es a la que corresponde ejecutar las órdenes de aprehensión de su competencia, a través de sus órganos auxiliares, de ahí que resulta evidente que una orden de aprehensión puede tener ejecución material dentro de cualquier parte de la República en que se encuentre la quejosa, por ser de aquellos actos que, por su naturaleza, requieren de ejecución material, por tanto, será competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de Distrito de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Apoyo dicho criterio la diversa tesis XV.1o.33 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1305, Novena Época, con registro 173817, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO TRATÁNDOSE DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CUYA EJECUCIÓN MATERIAL PUEDE SER EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA EN QUE SE ENCUENTRE EL INCULPADO. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA RELATIVA, A PREVENCIÓN, A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE ESAS JURISDICCIONES. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los Juzgados de Distrito, como en el caso sería las pertenecientes a la Procuraduría General de la República, que es a la que corresponde ejecutar las órdenes de aprehensión de su competencia, a través de la Policía Judicial a su cargo y de sus auxiliares, de conformidad con el artículo 196 del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta evidente que una orden de aprehensión puede tener ejecución material dentro de cualquier parte de la República en que se encuentre el inculpado, por ser de aquellos actos que, por su naturaleza, requieren de ejecución material, por tanto, será competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de Distrito de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo." En consecuencia, remítase el original del juicio de amparo ********************-IV, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, para lo que tenga a bien determinar con relación a lo aquí expuesto. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el expediente ********************, no cuenta con las formalidades establecidas en el artículo 3 de la Ley de Amparo, esto es, que cuente con folio, sello y rubrica; sin embargo, se cuenta con los elementos suficientes para no aceptar la competencia declinada. En prevención a un conflicto competencial, con copia de la demanda de amparo y de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al Juez que conozca de este juicio de amparo, acuse recibo del expediente e informe a este órgano jurisdiccional lo que tenga a bien proveer. Domicilio. En otro orden, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de éste Juzgado, tomando en consideración que los que señala no los establece la Ley de Amparo. Correo electrónico y número telefónico. Asimismo, tocante al correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente tómese nota de dicho dato, y se comisiona al Secretario y Actuario Judicial de la adscripción a efecto de que hagan uso por cuanto refiere a éste para comunicaciones no procesales con el fin de encausar el presente procedimiento. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios a********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la restante en términos restringidos. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Diana Abraján Peña, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano