Laura Abigail Herrera Ortiz
Expediente 894/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Abigail Herrera Ortiz
- Ricardo Javier Gomez Reyes
Actuaciones
- Principal
se establece el archivo de este incidente
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo signada electrónicamente por Armando Silvestre Lorenzo Solís, quien se ostenta como abogado defensor de Ricardo Javier Gómez Reyes, Argenis Velazco Domínguez, Nelson Emilio Castillo Ponce, Alondra Abigail Ortiz Ramírez, Laura Abigail Herrera Ortiz y Jorge Eduardo Fuentes Hernández, contra actos del juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por violación a derechos fundamentales, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 894/2022-I-B; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia legal. Ahora bien, de la lectura íntegra del ocurso de demanda, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado en esta instancia constitucional: El auto de vinculación a proceso dictado contra los directos quejosos, de treinta de octubre de dos mil veintidós, dentro de los autos del proceso penal 595/2022, del índice del juzgado responsable. Sobre este tenor, y al atender el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima carecer de legal competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto, y para arribar a ello, se transcribe el contenido del precepto legal citado, el cual establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, el numeral invocado prevé las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, al tenor siguiente: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, surte sus efectos la primera de las hipótesis señaladas, pues lo reclamado en el presente asunto se hace consistir en la resolución atribuida al juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro del expediente 595/2022 de su índice administrativo, que, de resultar cierto, tendrá invariable ejecución, por lo que, será competente el juez de Distrito en cuya residencia se vaya a ejecutar dicho acto. En esa virtud, al atender a que en la demanda de amparo relativa la parte quejosa reclama medularmente una resolución donde se determinó vincular a proceso a los directos quejosos, en el proceso penal 595/2022 del índice administrativo del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz, resulta inconcuso que dichos actos se siguen en procedimiento en forma de juicio; por tanto, es evidente que será competente para conocer del presente asunto el juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que establece: (.) VII. SÉPTIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acula, Alvarado, Amatitlán, Angel R. Cabada, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cosamaloapan de Carpio, Cotaxtla, Chacaltianguis, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacán, Jamapa, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Otatitlán, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Puente Nacional, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Soledad de Doblado, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles, Tuxtilla, Ursulo Galván y Veracruz. (.) En ese sentido, debe servir como base para determinar la competencia del juez de Distrito la residencia de la autoridad que conozca del juicio de origen, pues será ante quien materialmente se lleven a cabo los efectos jurídicos de dichas actuaciones (positivas o negativas), pues atendiendo la naturaleza de dicho acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez del procedimiento al que los quejosos están sometidos por virtud de la relación jurídico procesal. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 160608 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Asimismo, cobra aplicación al caso el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 2005170 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: VII.1o.C.2 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1107 Tipo: Aislada COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, deberá remitirse el juicio de amparo formado con impresión de la demanda al juez de Distrito en el Estado, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuaderno de antecedentes, significándole al juez competente que una vez obre lo anterior en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la legal competencia a él declinada. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Domicilio procesal e intervención de autorizados. Ahora bien, toda vez que el impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para tal efecto, en términos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado; por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, realícensele las subsecuentes, incluso las personales, por lista de acuerdos. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala, en virtud de que cuenta con cédulas debidamente registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaría encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga al secretario encargado del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio es pública, accesible a cualquier persona, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquellas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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