Lastenia Ayala López
Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 42 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lastenia Ayala López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió los recursos de revisión interpuestos en autos, los cuales registró con el número 172/2023. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Coordinador de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos de la Procuraduría Fiscal dela Federación de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, y en atención a su contenido, hágase del conocimiento de la oficiante no cuenta con el carácter de autoridad responsable, y la expedición del oficio 22788/2023, se debió a un error involuntario. Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese sin mayor trámite el oficio del Director de Amparos "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que devuelve el oficio 22787/2023, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea remitido a esta última autoridad por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo anterior toda vez que dicho oficio ya se reexpidió de manera correcta. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. NPBF
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al Coordinador de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devolviendo el oficio 18781/2023, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que sea remitido a esta última autoridad por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De lo anterior se toma conocimiento, por lo que líbrese nuevo oficio al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al que deberá adjuntarse el diverso 18781/2023. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 478/2020-V, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ***********, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, secretaria que da fe, se procedió a su celebración sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las pruebas documentales de la parte quejosa presentadas vía electrónica mediante escrito registrado con folio 1384 el once de marzo de dos mil veintiuno y con las que presentó el quince de julio del mismo año y el veinticinco de julio de dos mil veintitrés mediante escritos recibidos con folio 7252 y 9654, respectivamente. Así como las documentales de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social y Titular de la Subdelegación Naucalpan, en alcance a sus informes justificados. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales referidas, dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria da cuenta con el escrito de folio 3557 promovido por ************ apoderado de la quejosa ********************, por el que realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de referencia, tómense en consideración al momento de dictarse sentencia. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 478/2020-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido el catorce de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el día diecisiete del mes y año referidos, ******************** por conducto de su apoderado José Carlos Nussbaumer Ayala, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. II. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se radicó la demanda con el expediente número 478/2020-V; previos requerimientos y aclaración, en proveído de dieciocho de septiembre del mismo año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de queja que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito registrado con el número 234/2020, autoridad que mediante resolución de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, declaró fundado el referido medio de impugnación. III. En razón de lo anterior, por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se pidió a las autoridades responsables rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta de trece de julio de dos mil veintiuno. IV. El veintiocho de septiembre siguiente, se dictó sentencia en la que, por un lado, se sobreseyó en el juicio y, por otro, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. V. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció, en principio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con el número de amparo en revisión 327/2021, el veintiocho de julio de dos mil veintidós resolvió carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del referido recurso, por lo que ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo indirecto 478/2020 al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, para que determinara sobre la aceptación o no del conocimiento del asunto. (fojas 468, 494,496 a 514) En razón de lo anterior, por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito radicó el amparo en revisión RT. 207/2022, aceptó la competencia que le fue declinada y posteriormente se turnó el expediente a ponencia para el proyecto de sentencia (fojas 565 a 571, 579) Posteriormente, en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/212/2023, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, ordenó remitir el asunto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para el dictado de la sentencia (fojas 576 y 579) El nueve de marzo de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar referido, se avocó al conocimiento del asunto registrando el cuaderno auxiliar 245/2023, el veintiséis de mayo siguiente, dictó resolución en la que determinó la revocación de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno emitida en el juicio de amparo indirecto 478/2020 por este Juzgado, y la reposición del procedimiento. (fojas 577 a 596) VI. En auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, y el testimonio de la ejecutoria en comento; en cumplimiento, se repuso el procedimiento, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo concedido precisara si señalaba diverso acto reclamado, y de ser así, designara como autoridades responsables a las que intervinieron en el proceso legislativo (foja 599 y 600) VII. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la parte quejosa señaló diverso acto reclamado y autoridades responsables; en auto dictado al día siguiente, se admitió a trámite la ampliación de la demanda, se solicitó a las autoridades responsables la rendición de sus informes justificados y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. (fojas 609 a 618 vuelta, 620); y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral segundo, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la disposición legal cuya inconstitucionalidad se reclama pertenece a un ordenamiento federal, reviste el carácter de autoaplicativa y además el primer acto de aplicación se realizó y tiene efectos en el municipio de Naucalpan, es decir, dentro de la jurisdicción territorial que ejerce éste órgano federal. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte de la demanda y del escrito de ampliación, que la parte quejosa reclama los actos de las autoridades que se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO 1. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) Aprobación del decreto que reformó el artículo 242 de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil catorce, sustento del acuerdo ACDO.AS3HCT.111219/362.P.DF. b) Promulgación del decreto. c) El acuerdo ACDO.AS3.HCT.111219/362.P.DF., de once de diciembre de dos mil diecinueve, que autoriza las cuotas anuales del Seguro de Salud para la Familia durante el año dos mil veinte. 4. Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente (denominación correcta de la autoridad señalada como Delegación del Estado de México Poniente, fojas 239 y 626); y 5. Subdelegación Naucalpan de Juárez. Ambos en el Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. b) La ejecución del acuerdo señalado, con la aplicación y cobro de las cuotas anuales del Seguro de Salud para la Familia a partir del uno de marzo de dos mil veinte. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. A. Existencia de la norma general. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Presidente de la República, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron en el ámbito de su competencia, esto es, la aprobación, expedición y promulgación del Decreto que contiene la Ley del Seguro Social, específicamente el artículo 242, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil catorce, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el acuerdo ACDO.AS3.HCT.111219/362.P.DF., de once de diciembre de dos mil diecinueve, que autoriza las cuotas anuales del Seguro de Salud para la Familia durante el año dos mil veinte. La certeza de los anteriores actos deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables, también porque esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento que contiene el dispositivo reclamado, en razón de tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba porque son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Existencia de los actos de aplicación. El Presidente del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció en su informe justificado, la emisión del acto de aplicación, esto es, el acuerdo ACDO.AS3.HCT.111219/362.P.DF., de once de diciembre de dos mil diecinueve, que autoriza las cuotas anuales del Seguro de Salud para la Familia (SSFAM) aplicables a parir del uno de marzo de dos mil veinte, para renovaciones o inscripciones, individuales o colectivas. Informe que, dado su carácter de documento público al haberse emitido por una autoridad en ejercicio de su función, tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°. Sustenta tal determinación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, es cierto el acto de ejecución reclamado a la Subdelegación Naucalpan de Juárez en el Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la aplicación del acuerdo ACDO.AS3.HCT.111219/362.P.DF, con el cobro de las cuotas anuales del Seguro de Salud para la Familia a partir del uno de marzo de dos mil veinte, como lo reconoció al rendir su informe justificado además de aclarar que el acuerdo de que se trata fue emitido por el Consejo Técnico del Instituto y que únicamente cumple sus instrucciones. Igualmente, debe tenerse como cierto el acto de ejecución que se atribuye al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social; no obstante que al rendir informe justificado el Titular de esa dependencia, señale que no se ha ejecutado acto de molestia alguno a la quejosa y que ella tampoco exhibe medio de convicción que acredite su dicho (fojas 239 y 626) Lo anterior, porque contrario a lo que informa, obra en autos la documental "Hoja de Control de Inscripción" elaborada por renovación al Seguro de Salud para la Familia, a la asegurada ******************** de veinte de julio de dos mil veinte, en la que se lee claramente que corresponde a la Delegación Estado de México Poniente, Subdelegación Naucalpan, incluso se le requiere presentar último pago para la renovación del contrato, pues de no hacerlo, sería acreedora a las restricciones correspondientes, así como la "Ficha de Depósito-Recepción Automatizada de Pagos Directos" emitida en la misma fecha, generada en razón de la ficha de depósito bancario por la cantidad de doce mil setecientos pesos. (fojas 193, 194, 684 y vuelta) Lo que se corrobora con las pruebas documentales que presentó la parte quejosa en versión digitalizada que refiere se le entregaron por la renovación y pago de la cuota anual para la vigencia del seguro de que se trata, y que bajo protesta de decir verdad manifiesta que son documentos fieles e inalterados de sus originales. Por lo que, en términos de lo establecido por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al tratarse de medios de convicción que aporta los descubrimientos de la ciencia por tratarse de versiones digitalizadas; en ejercicio del prudente arbitrio otorgado al juez que resuelve, se les otorga valor probatorio pleno a las documentales analizadas, máxime que no fueron objetadas por la referida autoridad. En consecuencia, se tiene plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo de la litis constitucional, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, el Presidente de la República señala que se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, concerniente a la promulgación y orden de publicación del decreto reclamado, porque únicamente debió llamarse a las autoridades que intervinieron en la publicación de la norma cuando esos actos se impugnen por vicios propios; sin embargo, la causal que plantea no se actualiza porque en el caso únicamente se le atribuye la promulgación del referido decreto. Por su parte, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con la diversa V, del numeral 63, ambos de la Ley Amparo, argumentando que la quejosa consintió el acto reclamado ante su voluntad de realizar el pago de la cuota del Seguro de Salud para la Familia, aceptando así su contenido. Es infundada la causa de improcedencia que se plantea, principalmente porque la parte quejosa una vez que realizó el pago, oportunamente promovió el presente juicio de amparo impugnando el mismo como primer acto de aplicación de la norma que reclama de inconstitucional. Además, si bien es cierto que, la parte quejosa el veinte de julio de dos mil veinte, realizó el pago para renovar el seguro de salud para la familia y obtener así el servicio durante un año, tal hecho no implica el consentimiento expreso de las cuotas determinadas para tal efecto, pues ello obedece al cumplimiento de la obligación del pago correspondiente, porque de lo contrario, no tendría acceso a los servicios de salud que requiere. Asimismo, la referida autoridad responsable señala la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, porque considera que el acto reclamado subsiste pero sus efectos ya se concretaron lo cual impide su análisis, por lo que de resolverse favorable a la parte quejosa, sería imposible restituirle en el goce del derecho fundamental violado por haber realizado el pago para tener acceso al seguro o ningún efecto jurídico tendría la sentencia que conceda la protección constitucional. Al respecto, se precisa que la causa de improcedencia en análisis se actualiza en los supuestos en que: El derecho afectado por el acto de autoridad se encontró incorporado temporalmente a la esfera jurídica de aquél. La situación jurídica de la que emana el derecho afectado se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del gobernado. En el caso, la quejosa reclama el acuerdo ACDO.AS3.HCT.111219/362.P.DF, de once de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se autorizaron las cuotas anuales del Seguro de Salud para la Familia a partir del uno de marzo de dos mil veinte y el cobro de la cuota anual para la renovación del seguro que pagó el veinte de julio de dos mil veinte; sin que haya dejado de existir la materia del presente juicio porque que una eventual sentencia concesoria de amparo podría surtir como efecto legal, la devolución de la cantidad que pagó la quejosa para la renovación y vigencia del seguro o bien que, en lo subsecuente, ya no sea sujeta a la cuota especificada en el acuerdo que reclama, por ende, de ser procedente, sí sería posible restituirle en el goce del derecho que se determine transgredido. En razón de lo anterior, es también infundada la diversa causal de improcedencia que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, fundamenta en el artículo 61 fracción XVI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable; pues se reitera, en caso de concederse el amparo solicitado, sí es materialmente posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se le haya vulnerado volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación subsanando así la afectación sufrida, ya sea ordenando la devolución de la cantidad que pagó para la vigencia del seguro o incluso la inaplicabilidad del acuerdo y precepto legal cuya inconstitucionalidad reclama. Apoya las anteriores consideraciones, por analogía y en lo conducente, la tesis 1a. XLVIII/2000, de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. NO LO CONSTITUYE EL MANDAMIENTO DE EMBARGO PRECAUTORIO CONTENIDO EN UNA ORDEN DE VISITA. El artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 80 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En esas condiciones, es incorrecto afirmar que el mandamiento de embargo precautorio contenido en una orden de visita sea un acto consumado de modo irreparable, pues de concederse el amparo es factible tal restitución al quejoso, dejando sin efecto la referida orden, y en caso de haberse ejecutado, reintegrándose los bienes objeto del embargo, con lo cual quedaría subsanada la afectación sufrida." Por las razones expuestas, al no actualizarse las causas de improcedencia que plantean las autoridades responsables y no existir diversa que se advierta de oficio, procede analizar los conceptos de violación. QUINTO. Se procede al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación expuestos en la demanda que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias y bajo el principio de economía procesal. Además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevén obligatoriedad de transcribirlos. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia, que se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Es oportuno señalar, que cuando el juicio de amparo se promueve contra una ley, con motivo de su primer acto de aplicación, en principio debe realizarse el estudio de la norma impugnada, pues en caso de resultar fundado alguno de los motivos de inconformidad enderezados en su contra, la protección constitucional que se conceda se hará extensiva al acto de aplicación, lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación que se hubieran formulado por vicios propios del acto individualizado; por el contrario, si una vez realizado el análisis de los conceptos de violación respecto de la disposición impugnada, se declaran infundados; sólo entonces, se procederá al estudio de los argumentos de inconformidad que se hagan valer respecto del acto de aplicación por vicios propios. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Estudio del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 242 de la Ley del Seguro Social. Al respecto, la parte quejosa señala que el artículo 242 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil catorce, es inconstitucional por contrariar a los principios de legalidad tributaria que se encuentra inmerso en el de reserva de ley, y el de seguridad jurídica establecidos en el artículo 31 fracción IV, constitucional. Agrega, que de acuerdo con lo previsto por el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, las aportaciones de seguridad social revisten la naturaleza de contribuciones que deben sujetarse a los principios tributarios como el de legalidad, es decir, que deben estar previstas expresamente en la ley estableciendo los elementos esenciales, tales como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época del pago. Ello, para no quedar sujetos a la arbitrariedad de las autoridades que directa o indirectamente participan en la recaudación para el cobro de contribuciones imprevisibles o a título particular; por el contrario, que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, de manera que la autoridad se limite a aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Lo que a decir de la quejosa, además genera certidumbre en el gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, la forma de calcular la base del tributo, la tasa o tarifa aplicable, la manera de realizarse el pago respectivo, y todo aquello que le permita conocer sobre las cargas tributarias que le corresponden en razón de la situación jurídica en que se encuentra o pretende ubicarse. Continúa refiriendo la quejosa, que en el caso, se deja abierta la posibilidad a la autoridad administrativa para generar la configuración de los tributos y, por ende, el deber de un pago imprevisible. Aunado a que el texto anterior del artículo 242 de la Ley del Seguro Social, precisaba que las cuotas se calculaban de acuerdo con la tabla ahí establecida que debía actualizarse en febrero de cada año conforme al incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario anterior, lo cual como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no genera incertidumbre porque el cálculo correspondiente no se deja en manos de la autoridad exactora pues la remisión al referido índice inflacionario permite generar de manera precisa, la certidumbre del cálculo de la base del tributo, permitiendo conocer a los contribuyentes las cargas tributarias que les correspondían en virtud de la situación en que se encontraban o pretendían ubicarse. Por consiguiente, que el precepto legal reclamado es inconstitucional porque concede libre arbitrio al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro para fijar los elementos del tributo, es decir, determinar o no las cuotas que ese instituto puede cobrar a los sujetos obligados para tener acceso al seguro de salud para la familia en el régimen voluntario, lo cual está prohibido por el Pleno del Alto Tribunal. Finalmente, argumenta la quejosa que la norma impugnada además de no establecer base gravable de la contribución determinada o determinable, también genera un acto discriminatorio en su perjuicio, al cobrarle mayor cantidad que a otras personas en razón de su edad, puesto que la autoridad administrativa determina arbitrariamente los rangos de edad para fijar cuotas más altas, transgrediendo así sus derechos humanos. Los conceptos de violación sintetizados son fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la justicia federal, los cuales se estudiarán conjuntamente por su estrecha relación. Para sustentar tal afirmación, en principio es necesario observar lo establecido en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se transcriben: "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." Preceptos legales de los que se advierte claramente la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que deriva del tercer párrafo del artículo 1° constitucional, sin limitar a cierta clase de autoridades públicas sino a todas éstas en general, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al respecto, la quejosa plantea la inconstitucionalidad del artículo 242 de la Ley del Seguro Social vigente, con motivo del primer acto de aplicación, puesto que en esa disposición legal se sustenta el acuerdo ACDO.AS3.HCT.111219/362.P.DF., de once de diciembre de dos mil diecinueve, que autoriza las cuotas anuales del Seguro de Salud para la Familia a partir del uno de marzo de dos mil veinte, así como el cobro de la cuota anual para la renovación del seguro. Sobre el tema debe observarse lo que ha establecido el Pleno del Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 18/95, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. Del examen de lo dispuesto en los artículos 2o. del Código Fiscal de la Federación y 260, 268, 269, 271 y demás relativos de la Ley del Seguro Social, se desprende que las cuotas al Seguro Social son contribuciones, no sólo por la calificación formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son substituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado sino que, por su naturaleza, son obligaciones fiscales que deben ceñirse a los principios tributarios, ya que se advierte de la evolución legislativa que el Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus orígenes como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se convirtió en un organismo fiscal autónomo encargado de prestar el servicio público de seguridad social, investido de la facultad de determinar los créditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a través del procedimiento económico-coactivo y que, por lo mismo, en su actuación debe observar las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público." Ahora bien, relativo al principio de legalidad que impera en materia tributaria es obligatorio lo establecido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, que señala: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. (.). En ese sentido, debe delimitarse que el principio de legalidad tributaria consiste en que las contribuciones sean establecidas mediante un acto legislativo, es decir, que provenga del órgano que tiene atribuida la función de crear leyes (aspecto formal), y que los elementos esenciales de aquéllas, tales como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, también se encuentren consignados en la ley (aspecto material). Por eso, la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley. Precisamente para que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades para el cobro de contribuciones imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, para que la autoridad se limite a aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." Como se advierte, el principio de legalidad tributaria consiste en que las contribuciones sean establecidas mediante un acto legislativo, y que los elementos esenciales de aquéllas también se encuentren consignados en la ley. Por lo que, atendiendo a la finalidad y al derecho a la seguridad jurídica que tutela el artículo 31 fracción IV, constitucional, a través del principio de legalidad tributaria, el acatamiento de éste tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo, todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria. Para que así, se impida la discrecionalidad de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación; lo cual, genera certidumbre en el gobernado sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo, y todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Así mismo, se advierte que en el principio de legalidad tributaria se encuentra inmerso el principio de reserva de ley que se traduce, en esencia, en que algunas materias sólo pueden ser reguladas a través de una ley formal y materialmente legislativa. Doctrinalmente se ha clasificado al principio de reserva de ley en absoluta y en relativa. La reserva absoluta se presenta cuando la regulación de una determinada materia queda limitada en forma exclusiva a la ley formal, esto es, la materia reservada no puede ser regulada a través de otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes regulen parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea quien determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse. Así lo ha sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada que se transcribe: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este alto tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador. En suma, la clasificación de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulación no puede hacerse a través de normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este alto tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria." Así, debe precisarse que la materia tributaria no tiene que ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de dicha materia, puesto que de ese modo se marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria. Sólo en casos excepcionales y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente a la ley y, además, constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria, que sucede tratándose de los elementos cuantitativos del tributo. Conforme a los razonamientos expuestos, es claro que nuestra Constitución Federal estableció en el artículo 31, fracción IV, que la materia tributaria deberá regularse con base en el principio de reserva de ley, en su concepto relativo, pues basta que la ley formal y materialmente legislativa contenga los elementos esenciales del tributo de que se trate, para que éste cumpla con el principio de legalidad tributaria. Así entonces, corresponde al legislador, no a las autoridades administrativas, establecer los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben contribuir. En tal razón, el legislador no puede prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen su configuración, y por ende, que se produzca el deber de un pago imprevisible. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 106/2006, del Pleno del Alto Tribunal, que señala: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON EL GRADO DE DEFINICIÓN QUE DEBEN TENER LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL IMPUESTO. El principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador, y no las autoridades administrativas, quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con un grado de claridad y concreción razonable, a fin de que los gobernados tengan certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera jurídica. Por ende, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la definición de alguno de los componentes del tributo, ha declarado violatorios del principio de legalidad tributaria aquellos conceptos confusos o indeterminables para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el legislador no pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ellos se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que generen la configuración de los tributos y que se produzca el deber de pagar impuestos imprevisibles, o bien que se origine el cobro de impuestos a título particular o que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público." Lo que significa que, todo tributo debe establecerse a través de una ley formal y materialmente legislativa y, por tanto, basta con que alguno de los elementos esenciales que conforman un tributo no se encuentre previsto en la ley, para que resulte inconstitucional, ante la evidente violación al principio de legalidad tributaria, consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los ordenamientos secundarios no podrán integrar o desarrollar un elemento esencial de la contribución que no haya sido definido en la ley. En ese orden de ideas, se destaca que el dieciséis de enero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma de diversas disposiciones, dentro de las que se encuentra el artículo 242 de la Ley del Seguro Social. En efecto, hasta el año dos mil trece, el citado artículo preveía: "Artículo 242. Todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluidos los familiares a que se refiere el artículo anterior y cualquier familiar adicional pagarán anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por el grupo de edad a que pertenezcan. Las cuotas serán calculadas de acuerdo a la siguiente tabla, la cual será actualizada en febrero de cada año de acuerdo al incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario anterior. Edad del miembro de la familia en años cumplidos Cuota total en moneda nacional por miembro por grupo de edad 0 a 19 889 20 a 39 1,039 40 a 59 1,553 60 o más 2,337 El Estado contribuirá conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 106 de la presente Ley por familia, independientemente del tamaño de la familia." El artículo que se analiza texto anterior a la reforma, como se advierte, señala las cuotas a pagarse con motivo del Seguro de Salud para la Familia, partiendo de lo indicado en la tabla inserta, haciéndose la precisión de que el método para actualizar las cantidades correspondientes era el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de manera que, cada año, en el mes de febrero, debía ajustarse la cuota referida, de acuerdo al incremento señalado en el índice del año calendario anterior. Una vez reformado, el citado precepto actualmente vigente, establece: "Artículo 242.- Todos los sujetos que voluntariamente se incorporen al seguro de salud para la familia, incluido los familiares a que se refiere el artículo anterior y cualquier familiar adicional pagarán anualmente la cuota establecida correspondiente, clasificándose por el grupo de edad a que pertenezcan. El Consejo Técnico podrá determinar anualmente el importe de las cuotas a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin detrimento del principio de solidaridad social. El Estado contribuirá conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 106 de la presente Ley por familia, independientemente del tamaño de la familia." Del que se advierte que a partir del año dos mil catorce, el método para establecer la cantidad a pagar por concepto del Seguro de Salud para la Familia cambió, pues actualmente es el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que determina las cantidades a pagar como cuotas, previa realización de los análisis y estudios actuariales que se realicen, sin aplicación alguna como instrumento de referencia de actualización al Índice Nacional de Precios al Consumidor, ni se parte como base para la cuantificación correspondiente de cantidad alguna establecida en la ley. Además, se otorga a dicho órgano técnico la facultad expresa para establecer, precisamente, el importe de las cuotas en el régimen voluntario. Lo que pone de manifiesto que es inconstitucional el contenido vigente del artículo 242 de la Ley del Seguro Social; pues si bien, es cierto que faculta al Comité Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar las cuotas a fin de acceder al seguro de salud para la familia "previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes"; no se establece con precisión la forma en que se calcula tal contribución, con la finalidad de que la misma sea previsible, de modo que el gobernado pueda conocer de manera cierta el monto con el que deberá contribuir. Por consiguiente, se concluye, es contrario a los principios previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que no ocurre, con el anterior contenido de la propia porción normativa, pues en aquélla se precisa que las cuotas se calculan de acuerdo con la tabla que ahí se observa, misma que se actualiza en febrero de cada año de acuerdo al incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario anterior; lo cual, no vulnera los principios de legalidad tributaria y de reserva de ley. Sostiene la anterior consideración, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 86/2012, donde determinó que la remisión al índice inflacionario no provoca incertidumbre, porque su cálculo no se deja en manos de la autoridad exactora. Máxime que la exigencia de que se consignen en la ley los elementos necesarios para conocer la medida en que debe contribuirse, no se incumple por el hecho de que alguno de ellos sea variable y que, para su determinación, el propio legislador ordene que se atienda al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ello es así, pues como lo estableció el Alto Tribunal, tal proceder, impide el comportamiento arbitrario de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación, precisamente porque al remitir al índice inflacionario genera, de manera precisa, la certidumbre de cómo se calculará la base del tributo, permitiendo conocer a los contribuyentes las cargas tributarias que les corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentran o pretendan ubicarse. Los invocados razonamientos dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 78/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. LA REMISIÓN QUE A ÉL REALIZA EL ARTÍCULO 18 BIS DEL CÓDIGO FISCAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 129 DE LA LEY DE HACIENDA, AMBOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE RESERVA DE LEY. El segundo artículo citado establece que los montos de las cantidades contenidas en los numerales 122 y 125 a 127 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, se actualizarán en diciembre de cada año, aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año, hasta el mes de octubre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, factor que se obtendrá conforme al artículo 18 Bis del Código Fiscal de la entidad, el cual dispone que para determinar el factor aplicable a las cantidades que deban actualizarse se aplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor calculado por el Banco de México. Ahora bien, la remisión referida no vulnera los principios de legalidad tributaria y de reserva de ley previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se genera incertidumbre, ya que la forma de calcular el índice la determina el Código Fiscal de la Federación en su artículo 20 Bis; así, la exigencia de que se consignen en la ley los elementos necesarios para conocer la medida en que debe contribuirse para los gastos públicos no se incumple por el hecho de que alguno de ellos sea variable y de que, para su determinación, el legislador local ordene atender al mencionado índice, el cual se publica periódicamente en el Diario Oficial de la Federación, pues ello es suficiente para que no exista duda respecto de a cuál índice se refiere y a su procedencia técnica y jurídica para considerarse la determinación del cálculo de la actualización tributaria." En razón de lo anterior, ante la imposibilidad de interpretar y aplicar con plena certeza jurídica el contenido vigente del artículo 242 de la Ley del Seguro Social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y, por ende, ser violatorio de derechos humanos, es procedente su inaplicación. Respecto del estudio anteriormente realizado, es importante señalar que similares consideraciones ha establecido el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, asentando criterio al resolver el amparo en revisión 44/2020. Consecuentemente, para quien resuelve concluye que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social: En lo subsecuente, no se le aplique a la quejosa ******************** el contenido vigente del artículo 242 de la Ley del Seguro Social; y En su lugar, se determinen las cuotas para que la quejosa acceda al seguro de salud para la familia, de conformidad con lo previsto en el citado numeral, anterior a la reforma de dieciséis de enero de dos mil catorce. Ante la concesión de amparo respecto del precepto legal reclamado, es innecesario el pronunciamiento sobre la legalidad del acto de aplicación, que es precisamente el que causa perjuicio a la promovente del juicio; toda vez que el suscrito no pude desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, precisamente por la unión existente entre el ordenamiento y el acto concreto de aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, caso en el que debe comprender también el acto de aplicación. El anterior razonamiento se sustenta en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." Se precisa también que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para las autoridades que concurrieron en la formación de la norma inconstitucional, porque no las obliga a dejar insubsistentes sus actos, toda vez que el otorgamiento de la tutela constitucional no afecta la vigencia de la legislación analizada, ni la priva de su eficacia general. Así, lo orienta la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1° fracción I, 73 a 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los actos precisados y reclamados a las autoridades citadas en el segundo considerando y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa, por lista electrónica a la representación social y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, secretaria que certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.
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