Larry van Orman
Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2022
Partes del expediente
- Larry van Orman
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta que remite vía correo electrónico el Juez Mixto de Primera Instancia de San Blas, Nayarit, a través del cual informa que recibió el oficio CERD/DJ/044/2022 suscrito por el Director Estatal del Registro Civil del Estado de Nayarit informado que no se encontró registro de defunción a nombre de Roberto Quiñones Plantillas, sin embargo, de quien se pretende obtener el acta de defunción en términos del auto veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, es de su albacea Roberto Quiñonez Salcedo, por lo que ordenó girar nuevamente al citado Director del Registro Civil, a efecto de que remita el acta de defunción; por tanto, téngasele informando los trámites que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el presente sumario. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que una vez que el Director Estatal del Registro Civil le remita el acta de defunción correspondiente, remita copia certificada del auto que recaiga, con la que acredite el seguimiento que se encuentra dando en cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada en autos; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que no obra agregado el acuse de recibo de los oficios 3814-VI y 3815-VI de quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se reexpidieron los diversos oficios 3129-VI y 3130-VI de quince de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, dirigidos Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicio (UEMSTIS) y al Director de Planeación y Evaluación de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicio (UEMSTIS), ambos con sede en la Ciudad de México; consecuentemente, para dar margen a que se impongan de los mismos y no dejarlos en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por LARRY VAN ORMAN; demanda de amparo que promueve contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, y otra autoridad. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 42/2022. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción??????? también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de???????? naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, como en el casó aconteció según se verá más adelante, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto reclamado, que se hace consistir en: "Reclamo la incorrecta actuación judicial de las autoridades señaladas como ordenadora y ejecutora por el hecho de desarrollar el proceso judicial con número de expediente 756/2020 sin la correcta aplicación de Ley Federal del Trabajo respecto al emplazamiento y notificación realizada supuestamente al suscrito en fecha 18 dieciocho de Agosto del año dos mil veintiuno en el domicilio ubicado en la calle Venustiano Carranza, número 22, en la Colonia Centro, en la localidad de lo de Marcos, Bahía de Banderas, Nayarit, sin lo que lo anterior haya acontecido de tal manera, por ende se reclama dicha notificación y emplazamiento real izado por el actuario notificador de la Junta de Conciliación número cuatro" Constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de los???????? artículos 171 y 172, ambos de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente y de forma inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, establecidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte. Es así, porque los efectos lógicos que derivan de ese acto, son precisamente que el quejoso no tenga conocimiento del juicio instaurado en su contra, lo que en el caso no acontece, pues como lo señala el propio quejoso en su escrito de demanda, ya compareció a juicio; sin embargo, ello no implica que por tal circunstancia se transgredan de manera inmediata derechos sustantivos, sino que -en todo casoesa afectación surgiría por virtud de lo que al efecto pudiera decretar el juez de la causa al pronunciar la sentencia definitiva. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del acto reclamado consistente en la incorrecta actuación en su emplazamiento, habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente a la explicación de los actos de ejecución irreparable, la jurisprudencia 37/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de datos y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laborar desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede firmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados????????? como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirime los temas de personalidad en los juicios ordinarios". La anterior determinación encuentra sustento, pues como ya se adelantó, el aquí quejoso ya compareció al juicio de origen, puesto que en el punto 6 de hechos, refiérelo siguiente: "Es importante manifestar que una vez sucedido lo narrado, manifesté los agravios generados a mi esfera jurídica mediante un incidente de nulidad de notificación, el cual no se dio por no admitido bajos los argumentos de que el mismo se estaba presentando de forma extemporánea" De lo que se sigue que el aquí quejoso no promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de la Materia; toda vez que tiene el carácter de demandada dentro de ese procedimiento que se sigue en su contra ante la autoridad responsable, y que compareció al mismo, de ahí que no le revista el carácter de persona extraña al procedimiento ni que sea equiparable a ello. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 39/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 93 del Tomo XIII, del??????? Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil uno, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo, promovida por LARRY VAN ORMAN, por su propio derecho. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y como autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12, de la Ley de Amparo, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las personas que señala, toda vez que dichos autorizados no tienen registrada cédula alguna que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación.??????? Por otra parte, en atención a lo diverso que peticiona la amparista, respecto de que se le tenga señalando el correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones, dígasele que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que para la autorización de dichas notificaciones es necesario contar con firma electrónica y nombre de usuario. Sin embargo, téngase proporcionando la aludida cuenta de correo electrónico y número telefónico para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal, lleven a cabo las notificaciones a las partes en el juicio, para que surtan los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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