Larissa del Carmen Lozada Calvillo
Expediente 615/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 615/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/08/2021
Partes del expediente
- Larissa del Carmen Lozada Calvillo
- Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se declara que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio constitucional ha causado ejecutoria. Archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Se estima que este expediente es destruible. Devuélvase las constancias certificadas allegadas por la Presidenta Auxiliar de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco -descritas en la certificación secretarial de cuenta- devuélvanse a su lugar de origen.
- Principal
Acuerdo: Relación de constancias. La Secretaria hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto 615/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (I) demanda de amparo y anexo, (II) proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, donde se admitió a trámite la demanda y (III) acuerdo de veintiséis de mayo del presente año, en el que se recibió el informe justificado de las autoridades responsables. Levantamiento de reserva. En este momento, se da cuenta al Juez de Distrito que en proveído de veintisiete de abril del presente año, se reservó proveer sobre el reconocimiento de las personas a las que les podría revestir el carácter de terceros interesados, por lo que se levanta dicha reserva. Así, de conformidad con el texto del artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, no se reconoce el carácter de tercero interesado a persona alguna, pues atento al sentido del fallo que se dictará enseguida y por reclamarse -en esencia- una dilación en la substanciación del procedimiento natural, no se causa perjuicio a quienes eventualmente les pudiera revestir esa calidad. Aunado a que, de estimar que la resolución que se pronuncia en el presente sumario les agravia, estarán en aptitud de recurrir la misma, al tenor de la jurisprudencia en materia común 2a./J. 81/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 1223, de rubro "RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TERCERO INTERESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO A UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"; ello, a partir de que tenga conocimiento de esta resolución, por cualquier medio, incluso para el caso de que lo hagan a través de los autos del expediente natural. La Secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito acuerda. Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. En esta etapa se hace constar que la parte quejosa ofreció prueba documental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana con su escrito de demanda, y en proveído de uno de julio del año en curso, se recibieron las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable. La Secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito acuerda de Distrito determina. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas antes enunciadas. Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el período probatorio. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que las partes no formularon alegatos y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento de su parte. La Secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito acuerda. Al no existir pruebas o diligencias pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las etapas de la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y como en derecho corresponde, se procede a dictar la siguiente. S E N T E N C I A. Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 615/2021-V, promovido por Larissa del Carmen Lozada Calvillo, por conducto de su apoderado especial Irving Milán Vargas, en contra de las omisiones reclamadas a la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y al Actuario Notificador adscrito a la misma. ANTECEDENTES: Según consta en autos, a juicio de Larissa del Carmen Lozada Calvillo, por conducto de su apoderado especial Irving Milán Vargas, la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ha incumplido con su obligación, de avocarse a la demanda presentada en el juicio laboral de origen 948/2019/3-H, así como la omisión de notificar a todas las partes para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la omisión de proveer la promoción presentada el diez de diciembre del año pasado y la omisión de continuar con el procedimiento del juicio laboral, transgrediendo en su perjuicio el derecho fundamental consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123. De ahí que decidiera promover este juicio de amparo, en los términos que se indican a continuación. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Larissa del Carmen Lozada Calvillo, por conducto de su apoderado especial Irving Milán Vargas, presentó escrito el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La justiciable precisó que se vulneró sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las omisiones reclamadas y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue recibida en este Juzgado de Distrito, por razón de turno, donde quedó registrada con el expediente 615/2021-V, fue admitida el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman omisiones atribuidas a autoridades en materia de trabajo, de la jurisdicción del propio juzgado. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza de los actos reclamados, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse precisamente de omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica Larissa del Carmen Lozano Calvillo, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 43/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. LEGITIMACIÓN Larissa del Carmen Lozada Calvillo está legitimada para promover el presente juicio de tutela de derechos fundamentales conforme lo prevé el artículo 6° de la Ley de Amparo, pues instó el juicio laboral ante la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de donde derivan las omisiones reclamadas. VI. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XIX, abril de 2004, novena época, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo permite establecer como actos reclamados los siguientes: Omisión de la Junta responsable de dictar el auto de admisión que dio origen al juicio laboral ordinario, y consecuentemente, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dado que la demanda se presentó el cinco de diciembre de dos mil diecinueve. La omisión del actuario notificador adscrito a dicha Junta de emplazar a las demandadas. La omisión del actuario notificador adscrito a la Junta responsable, de notificar a las partes para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen. La omisión de la Junta responsable de proveer la promoción presentada por la quejosa el diez de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual revocó domicilio y apoderados especiales, además, señaló nuevo domicilio procesal y designó nuevos apoderados especiales. Omisión de la Junta responsable, de continuar con el procedimiento laboral en todas sus etapas. Lo anterior, en el juicio laboral de origen 948/2019/3-H. VII. OMISIÓN INEXISTENTE La autoridad responsable Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado -a través de su Presidente Auxiliar- demostró la inexistencia consistente en la omisión de dictar auto de admisión que dio origen al juicio laboral ordinario, y consecuentemente, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones- dado que en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve se tuvo por admitida la demanda en el juicio de origen y señalo fecha para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que se corrobora con la constancia que anexó a su informe justificado; por tanto la omisión reclamada es inexistente. Con el propósito de determinar la certeza de la conducta que se reclama, es necesario explicar las reglas que sobre la prueba rigen en el juicio de amparo. Para tal efecto, conviene determinar quién tiene la carga de la prueba, es decir, a qué parte corresponde acreditar la existencia y la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta reclamada, ya que la institución jurídica mencionada precisa quién debe demostrar sus afirmaciones. Sobre ello, es necesario hacer mención a lo establecido por la Ley de Amparo, en relación con la carga de la prueba, para lo cual se tiene en cuenta el contenido del artículo 117, párrafo tercero, que dispone: "Artículo 117. (...) Si no se rindió informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de esta ley. (.)" De conformidad con lo anterior, la omisión de rendir el informe justificado implica la presunción de existencia del acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, en caso de negativa, la parte quejosa está obligada a soportar la carga probatoria de su existencia, siempre y cuando éste no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección. Expuesto lo anterior, se advierte que no existía la omisión de proveer la demanda presentada el cinco de diciembre de dos mil veinte, en virtud de que desde el auto de seis de diciembre de dos mil veinte, se proveyó el mismo. Para robustecer el dicho del Presidente Auxiliar, al rendir el informe justificado, allegó a este órgano de control constitucional copia certificada de las actuaciones que integran el juicio laboral 948/2019/3-H -las cuales merecen pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2°, párrafo segundo, por ser expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones-, de la que se desprende el proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en el que la Junta acordó la demanda presentada por la parte actora -aquí quejosa-, señalo fecha para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó notificar y emplazar a la parte demandada. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 153, registro 394182, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En este sentido se advierte que, a la fecha en que la quejosa presentó la demanda de amparo -veintiuno de abril de dos mil veintiuno- ya se había acordado la demanda presentada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Así, resulta claro que cuando se promovió la demanda de amparo, la omisión reclamada era inexistente, en tanto que ya se había acordado el escrito del cual se reclama la omisión de proveer. Por tanto, la omisión atribuida a la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es inexistente, en tanto que es un requisito indispensable que a la fecha de presentación de la demanda la omisión reclamada subsista, lo que en la especie no sucede. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Además, por los que respecta a las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa, no se acredita la existencia de la omisión reclamada, dado que consisten en la carta poder para acreditar la personalidad de su apoderado y copia simple de la constancia de la cédula profesional electrónica expedida a favor de su apoderado. Asimismo, en lo que refiere a las pruebas, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofreció la quejosa, no hay actuación, o presunción que resulte favorable a sus pretensiones, a fin de tener por demostrado la existencia de los actos reclamados. Lo anterior encuentra sustento en la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 86, registro 227948, que refiere: "AGRAVIOS. SU CONTENIDO SI SE ALEGA LA FALTA DE VALORACIÓN DE PRESUNCIONES O DE LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este tribunal considera que en el recurso de apelación no basta exponer como agravio la falta de valoración de pruebas, cuando se hace referencia a presunciones o instrumental de actuaciones, sino que es necesario que se precisen los hechos probados en autos y los desconocidos que resultan de ellos, expresando las razones por las que se da el enlace, respecto a la presuncional; o a las actuaciones concretas que no se tomaron en consideración y los motivos por los que favorecen al apelante, si se trata de la instrumental, pues de no hacerlo el Tribunal de Alzada sólo podría ocuparse del agravio mediante un examen integral del expediente, lo que no es acorde con el sistema procesal aplicable, en el que el recurso de apelación no es una renovación de la instancia, sino que encuentra su base inicial en los motivos de inconformidad formulados contra la resolución recurrida, lo que debe hacerse mediante razonamientos lógico-jurídicos que hagan patente la infracción alegada." VIII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Junta responsable, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de proveer la promoción presentada por la quejosa en diez de diciembre de dos mil veinte. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de los actos impugnados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora de las constancias remitidas con su informe justificado; las que al ser documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, de las que se advierte que el veinticuatro de mayo del presente año, la Junta responsable proveyó el escrito de diez de diciembre del año dos mil veinte, presentado por la quejosa en el presente sumario. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 153, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, respecto de la omisión reclamada al Actuario notificador adscrito a la Junta responsable, de notificar a las partes para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio de origen, se tiene por cierta, en tanto que la autoridad responsable fue omisa en manifestarse al respecto. VIII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de proveer la promoción presentada por la quejosa en diez de diciembre de dos mil veinte, así como la omisión reclamada al Actuario notificador adscrito a la Junta responsable, de notificar a las partes, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia por cesación de efectos, por las razones que se exponen a continuación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. El criterio en mención, se encuentra inmerso en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, uno de los actos que combate la impetrante es la omisión de la responsable de proveer la promoción presentada el diez de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, la Junta responsable al rendir su informe justificado, entre otras constancias, exhibieron copias certificadas de las constancias que integran el juicio de origen, de las cuales se advierte que con fecha veinticuatro de mayo del presente se proveyó lo conducente a la promoción presentada el diez de diciembre del año dos mi veinte por la parte quejosa, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, dado que se presentó el veintiuno de abril de este año. Asimismo, se desprende que no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de una de las partes demandadas en el juicio de origen, por las razones que se indicó, por lo que se le requirió a la actora, aquí quejosa, en el juicio laboral para que se manifestará al respecto, lo cual se le notificó el veinticuatro de mayo del año en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda amparo. Lo anterior da pauta a la suscrita para estimar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- las autoridades responsables remitieron copias certificadas del juicio de origen, en donde se advierte el acuerdo de veinticuatro de mayo del presente, donde se proveyó la promoción presentada por la quejosa el diez de diciembre de dos mil veinte, asimismo el requerimiento efectuado a la quejosa para que señalara domicilio a fin de emplazar a la demandada en el juicio de origen, lo cual ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a las autoridades responsables y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse pronunciado respecto a la promoción presentada por la quejosa y notificado a la parte actora, el auto en el que se le requirió para que se manifestara respecto del nombre de la parte demandada, ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales aquélla, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso, la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el presente juicio respecto de los actos reclamados en alusión. X. DECISIÓN. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de la primera omisión reclamada, y cesaron los efectos de las diversas omisiones reclamadas, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en el ocurso constitucional, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia común emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 187-192, primera parte, página 88, registro 232302, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, en cuanto al pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, dígasele que deberá estarse a lo resuelto en este fallo, ya que sus manifestaciones son apreciaciones respecto del acto que se reclama, las cuales no es obligatorio que sean atendidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 61, 64, 73, 74, 75, 77, 123, 124 y relativos de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Larissa del Carmen Lozada Calvillo, contra los actos reclamados a la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como del Actuario Notificador adscrito a dicha Junta, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma Ana Gabriel Toral Peralta, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por vacaciones del Titular, en términos del oficio CCJ/ST/2040/2021, de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Claudia Maricela Hernández Camarena, diversa Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Presidenta Auxiliar de la Tercera Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, cumple requerimiento; dese vista.
- Principal
Requiérase a la Junta responsable. Apercibida. La audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de julio del año dos mil veintiuno.
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