Lara Abril Chiu Vegamontes

Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
702/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Lara Abril Chiu Vegamontes
  • Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de mismo nombre; con el acusa de recibo del oficio 15768/2022 de doce de los actuales, asimismo, informa que aceptó la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Lara Abril Chiu Vegamontes por propio derecho, contra actos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en la capital del Estado. En razón de lo anterior, y toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico y se procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General en cita, toda vez que en este asunto este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos originales a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de mismo nombre; aunado a ello, al prudente arbitrio de este juzgador no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula respectiva del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lara Abril Chiu Vegamontes, contra actos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el consecutivo 702/2022-V. De la demanda de amparo de cuenta, se advierte que la agraviada acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad indicada en el apartado que antecede, reclamándole el acto que enseguida se precisa: "IV.- Acto reclamado.- la falta del dictado de laudo que ponga fin al juicio JA/204/19, ya no quedan pruebas pendientes para su desahogo desde el día 17 de Mayo de 2´022, sin que al día de hoy se haya dictado el laudo respectivo." En primer término, es necesario analizar la competencia de la demanda de garantías, toda vez que constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De dicho numeral, se advierten las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del amparo, a saber: a) en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda se advierte que nos encontramos ante un acto omisivo con ejecución material, toda vez que de ser procedente la concesión del amparo con motivo de la demanda presentada, la consecuencia jurídica sería que la autoridad señalada como responsable, quien tiene su domicilio en la Ciudad de Chihuahua capital, dictara laudo en el juicio natural. Por ello, este juzgador considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Dicha determinación, se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), con registro digital 2023548, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, materia penal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, septiembre de 2021, tomo II, página 1873, del siguiente contenido, no obstante tratarse de materia penal, por los motivos que expone, del contenido siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Además, cabe destacar que resulta insuficiente la interpretación literal del último párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, en el que se establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del juez de distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que aunque sean omisivos conllevan una ejecución material, por tanto tienen efectos positivos, y que de ser procedente, sus consecuencias legales se materializaran, precisamente en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emita. Además, la interpretación literal en estos casos no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto de este tipo de asuntos, por tanto, cuando el acto reclamado no tenga una ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se realice una acción en el procedimiento de origen ante un órgano determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, sino que esta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio numeral antes indicado, el cual dispone que será juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución y ello lleva a concluir que el juez competente para conocer de la demanda de garantías lo será aquél que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como responsable ordenadora. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Tomo II, Diciembre de 2013, Décima Época, con número de registro 2005170, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material". Por lo que, al encontrarnos en el presente asunto ante un acto omisivo que sí tiene ejecución material, es decir tiene efectos positivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia, se estima que la competencia del mismo le corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con sede en la capital de esta entidad federativa, ya que se insiste, es en donde se materializarán los efectos del acto impugnado de inconstitucional. Por lo antes expuesto, mediante oficio que se envíe a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en la capital de esta entidad federativa, remítase la presente demanda de amparo para que sea turnada al Juez de Distrito correspondiente de esa localidad, a fin de que tenga a bien decidir si se avoca o no al conocimiento de la misma, con la atenta súplica del acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedes con el original de la papeleta de turno y copia certificada de la demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la Secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el ubicado en calle Melquiades Alanís 4447, fraccionamiento Monumental, en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Javier Antonio Carnero Hernández, Guillermo Pérez Lugo y Juan Antonio Gutiérrez Sánchez, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por así solicitarlo. Notifíquese personalmente.

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