Lanny Palacios Javier
Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lanny Palacios Javier
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme a su artículo 15; hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en el arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito de cuenta, enviado vía electrónica por Víctor Hugo Solís Rumbo, en su carácter de apoderado legal de la quejosa Lanny Palacios Javier, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de nueve de noviembre del presente año. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: (...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de desahogo que se provee, se advierte que la quejosa reclama por esta instancia respectivamente del Juez y del Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y Oralidad del Distrito Judicial de Azueta, lo siguiente: "1. La inactividad y omisión procesal en el expediente 86/2020-II-F juicio Divorcio incausado promovido por mi representante en contra del ahora tercero interesado, esto en razón de que en fecha 20 de febrero del año 2020, se presentó dicha demanda en la oficialía de partes común de los juzgados de Azueta, sin que hasta la fecha se hubiese emplazado, ya que han transcurrido más de nueve meses (.) 2. La violación al derecho humano de mi poderdante Lanny Palacios Javier a una justicia pronta y expedida consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues han pasado nueve meses sin que la autoridad responsable emplace al tercero interesado Silvestre Castro Balanzar." Precisado lo anterior, tenemos que el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)." La causal de improcedencia en estudio es conocida como litispendencia, que tiene lugar cuando, al iniciarse un nuevo juicio, existe uno diverso pendiente de resolver, o que se haya resuelto, con estrecha vinculación entre sí por la identidad formal de las partes contendientes y de la pretensión reclamada; teniendo como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión, desechándose el juicio más nuevo, y subsistiendo el primero en fecha de presentación. Entonces, para que se tenga por actualizada la referida causal de improcedencia, deben ocurrir varios extremos a saber: Igualdad de los sujetos El objeto, y, La pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos implica que en el juicio de amparo se trata del mismo quejoso, idéntico acto reclamado y autoridad responsable, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo que se desprende claramente de la primera parte de la fracción X, del numeral supracitado. Ahora bien, a efecto de demostrar la actualización de la improcedencia que se plantea, se tiene en consideración que la presente instancia constitucional la promueve la quejosa Lanny Palacios Javier, en contra de la omisión de emplazar al demandado Silvestre Castro Balanzar, al juicio de divorcio incausado 86/2020-II-F, atribuida al Juez y al Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y Oralidad del Distrito Judicial de Azueta. Por otro lado, de la confrontación de la demanda que se provee con la diversa que originó el diverso juicio de amparo 599/2020 del índice de este juzgado, el cual constituye un hecho notorio y puede ser invocado de oficio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, cuya copia simple se glosa a este expediente, se aprecia la identidad de la quejosa y del acto reclamado que se atribuye a las autoridades responsables mencionadas, demanda que fue presentada el cinco de noviembre del presente año. En aquél juicio, la quejosa señaló a las mismas autoridades responsables; de lo cual se advierte que se trata de dos contiendas en las que se reclama el mismo acto, el cual se encuentra pendiente de resolver, pues en dicho juicio, el acto reclamado también consiste en la omisión de las autoridades responsables Juez y Actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y Oralidad del Distrito Judicial de Azueta de emplazar al demandado Silvestre Castro Balanzar, al juicio de divorcio incausado 86/2020-II-F. En esas condiciones y tomando en consideración que cuando se trate del mismo acto, mismas autoridades y mismo quejoso reclamado en dos juicios de amparo el más nuevo debe desecharse, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DO SMIL VEINTE...
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Lanny Palacios Javier, por conducto de Víctor Hugo Solís Rumbo, quien se ostenta como su apoderado legal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y de Oralidad del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 600/2020, y fórmese expediente. PREVENCIÓN Previo a proveer sobre la procedencia o no de la demanda de amparo, se advierte que el promovente Víctor Hugo Solís Rumbo, acude a esta instancia constitucional ostentándose como apoderado legal de la quejosa Lanny Palacios Javier, lo que pretende acreditar con la impresión digitalizada del primer testimonio de fecha veinte de octubre de dos mil veinte de la escritura pública número dieciocho mil novecientos sesenta y ocho, con su respectivo certificado digital "FIREL". Ahora bien, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, el cual es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 1, dispone que dicho acuerdo tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, permitiendo la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia mediante el uso de videoconferencias; luego, el numeral 2, fracciones XII y XIII, define al documento digitalizado como "versión electrónica de un documento impreso que se reproduce mediante un procedimiento de escaneo u otro análogo", al documento electrónico como "el generado, consultado, modificado o procesado por medios electrónicos" y al expediente electrónico como "conjunto de Documentos electrónicos que coinciden integralmente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en los expedientes correspondientes a los Asuntos competencia del PJF." Asimismo, el artículo 3 del referido Acuerdo General 12/2020, establece las bases para la integración y consulta de los expedientes electrónicos, dentro de las cuales en lo que aquí interesa la fracción I señala, que todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una firma electrónica que cuente con los permisos necesarios; la fracción III, que la servidora o servidor público fedatario responsable de verificar la coincidencia de contenidos del expediente impreso y del electrónico deberá validar que toda documentación recibida por vía electrónica se imprima y agregue al expediente impreso, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial; y las fracciones V y VI, que los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de firma electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste "bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso." Conforme a tales dispositivos legales se contempla la posibilidad de enviar y recibir demandas de amparo, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, a través del uso de la tecnología en la tramitación del juicio constitucional, en específico, con la utilización de la firma electrónica denominada FIREL y de la integración del expediente electrónico. Asimismo, que la parte quejosa puede presentar escrito de demanda de amparo indirecto, siempre y cuando cuente con la firma electrónica (FIREL); sin embargo, de no contar con ésta, puede otorgar poder bastante para que un representante legal que cuente con firma electrónica "FIREL" ?la cual produce los mismos efectos que una firma autógrafa?, a su nombre, realice trámites legales, por lo que su apoderado especial, al presentar vía electrónica el amparo indirecto en comento, deberá acreditar su personalidad a) con la escritura pública debidamente digitalizada y b) manifestar bajo protesta de decir verdad que la documentación respectiva es copia íntegra e inalterada del documento impreso, anexándolo y precisándolo en el referido escrito, según lo establecido en las mencionadas fracciones V y VI del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020; lo que no satisface quien promueve, ya que si bien agregó debidamente digitalizado el primer testimonio de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, de la escritura pública número dieciocho mil novecientos sesenta y ocho, con su respectivo certificado digital "FIREL", no realizó la manifestación aludida. De igual manera, del análisis de la demanda que se provee, se precisa que la quejosa Lanny Palacios Javier en su carácter de parte actora en el juicio de divorcio incausado 86/2020-II-F, señala como acto reclamado la omisión del Juez Segundo de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y de Oralidad del Distrito Judicial de Azueta de emplazar al demandado Silvestre Castro Balanzar; sin que haya señalado como autoridad responsable ejecutora al Actuario adscrito a dicho juzgado, que es a quien se comisiono para efectuar la diligencia de emplazamiento de la parte demandada en dicho juicio. En esa tesitura, tomando en consideración que la personalidad de la parte promovente y la precisión de las autoridades responsables, es una obligación que se debe cumplir al ser la base para considerar procedente o no la acción constitucional, con apoyo en el artículo 114, fracciones III y IV, en relación con el diverso 108, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se le previene para que dentro del término de cinco días siguientes al que le surta efectos la notificación de este acuerdo realice lo siguiente: 1. Mediante escrito de desahogo firmado electrónicamente realice "la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que la impresión digitalizada del primer testimonio de fecha veinte de octubre de dos mil veinte de la escritura pública número dieciocho mil novecientos sesenta y ocho, que se anexó a la demanda es copia íntegra e inalterada de su documento impreso original", y en el caso de elegir hacerlo mediante formato impreso adjunte copias suficientes del mismo para correr traslado a las demás partes. 2. Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable ejecutora al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y de Oralidad del Distrito Judicial de Azueta. En la inteligencia de que el escrito de desahogo deberá ser realizado por quien promueve la demanda, al ostentarse como representante de la titular de la acción, con base en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, motivo por el cual los autorizados no pueden desahogar tal prevención. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente que de no desahogar en sus términos las prevenciones formuladas en el plazo que se otorgó para ello, se tendrá por no presentada la demanda, según lo dispuesto en el invocado artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, como se solicita se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miguel Eduardo Campos de la Cruz, Maritza Aniel Lara Cadena, Luis Roberto Escobar Escobar, Claudia Lombera Gómez, Jesús Martínez Ponce y Eduardo Hernández Merino, en razón de que no tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. INFORMACIÓN GENERAL Se informa a la parte promovente que acorde al numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para la consulta del expediente de manera física, deberá generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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