Landy Escarlet Domani Garcia
Expediente 496/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Landy Escarlet Domani Garcia
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintisiete de abril del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, también en acatamiento a lo establecido en el punto décimo del capítulo tercero del citado Acuerdo General, se indica que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, razón por la cual, de conformidad con el punto vigésimo del capítulo quinto del acuerdo de mérito, notifíquese a la parte quejosa, que cuenta con el término de noventa días para que comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que adjuntó a su demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, aquéllos seguirán la suerte de este expediente principal. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintisiete de abril del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, también en acatamiento a lo establecido en el punto décimo del capítulo tercero del citado Acuerdo General, se indica que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, razón por la cual, de conformidad con el punto vigésimo del capítulo quinto del acuerdo de mérito, notifíquese a la parte quejosa, que cuenta con el término de noventa días para que comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que adjuntó a su demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, aquéllos seguirán la suerte de este expediente principal. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
VII. Vista la demanda de amparo promovida por Landy Escarlet Domani García y Carlos Eliezer Domani García, por conducto de su apoderado Juan Manuel Medina Carrillo, contra el acto que reclaman de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Primeramente, se reconoce la personalidad del ocursante, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor del primer testimonio del acta doscientos treinta y dos, pasada ante la fe de la Notaria Pública setenta y tres del Estado de Yucatán, que contiene el poder otorgado a su favor por los quejosos. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte los quejosos impugnan de las responsables, la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1301/2016, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se confirmó la sentencia definitiva emitida por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 8/2013. Ahora bien, debe decirse que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, los expedientes tramitados en este órgano de control constitucional; por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 451/2017, promovido por los propios quejosos. Constancias de las que se desprende que en la ejecutoria emitida en dicho juicio de amparo, se concedió a los aludidos quejosos, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron de las mismas autoridades señaladas como responsables, y que hicieron consistir en la ejecutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el propio toca 1301/2016. La protección constitucional fue otorgada a efecto de que la Sala responsable dejara sin efectos la ejecutoria invocada en el párrafo que antecede, y en su lugar dictara otra, con plenitud de jurisdicción, en la que analizara la totalidad de los agravios formulados por los recurrentes, aquí quejosos. En cumplimiento a dicho fallo protector, por resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala responsable dictó una nueva ejecutoria, en la que confirmó la sentencia emitida por la Juez de origen en el expediente 8/2013. De dicha determinación, se dio vista a los quejosos, de manera personal, en el juicio de amparo de marras, el seis de diciembre de dos mil diecisiete. Incluso, los quejosos, por conducto de su apoderado, realizaron diversas manifestaciones en relación a la nueva ejecutoria emitida en cumplimiento al fallo protector. Asimismo, en auto de diecinueve de diciembre anterior, se declaró cumplido dicho fallo protector; de lo cual tuvieron conocimiento los quejosos, a través de su apoderado Juan Manuel Medina Carrillo, el veinte siguiente. Finalmente, los quejosos, contra dicho auto, interpusieron el recurso de inconformidad, del que tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 3/2018, mismo que fue resuelto el once de abril de dos mil dieciocho, declarándose infundado. A fin de acreditar lo anterior, se ordena glosar a este expediente, copia certificada de las constancias a que se hizo alusión con antelación. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 451/2017, del índice de este órgano de control constitucional, se advierte que los propios quejosos, a través de su apoderado Juan Manuel Medina Carrillo, aquí promovente, desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en que hicieron diversas manifestaciones en relación a la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala responsable en el toca 1301/2016, en cumplimiento al fallo protector emitido en el aludido juicio de garantías, o incluso desde el quince de enero de dos mil dieciocho, en que interpusieron el recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplido dicho fallo de amparo, se hicieron sabedores de la ejecutoria de marras, en virtud de que fue emitida precisamente en cumplimiento al invocado fallo protector otorgado en dicho juicio de garantías. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de garantías presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1301/2016, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las constancias que integran el juicio de amparo 451/2017, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que los quejosos se hicieron sabedores del contenido de la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1301/2016, desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en que hicieron diversas manifestaciones en relación a ésta, emitida en cumplimiento al fallo protector emitido en el aludido juicio de garantías, o incluso desde el quince de enero de dos mil dieciocho, en que interpusieron el recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplido dicho fallo de amparo; por lo que el plazo para presentar su demanda de garantías comenzó a correr y contarse al día siguiente de tales datas, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señalaron como acto reclamado la ejecutoria en cuestión, que lo es el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, se hicieron sabedores de la ejecutoria reclamada, desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en que hicieron diversas manifestaciones en relación a la misma, la que fue emitida por la Sala responsable en el toca 1301/2016, en cumplimiento al fallo protector emitido en el aludido juicio de garantías, o incluso desde el quince de enero de dos mil dieciocho, en que interpusieron el recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplido dicho fallo de amparo; es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, que la parte quejosa indique que el plazo para promover el presente juicio de amparo, comenzó a correr y contarse a partir del dieciséis de los corrientes, en que le fue notificada la determinación que recayó al recurso de inconformidad multicitado. Ello, cuenta habida que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se concluye que el plazo para presentar la demanda, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Lo anterior, tal y como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 5, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y como sus autorizados a las personas designadas, con las facultades expresamente conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto
- Principal
VII. Vista la demanda de amparo promovida por Landy Escarlet Domani García y Carlos Eliezer Domani García, por conducto de su apoderado Juan Manuel Medina Carrillo, contra el acto que reclaman de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Primeramente, se reconoce la personalidad del ocursante, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor del primer testimonio del acta doscientos treinta y dos, pasada ante la fe de la Notaria Pública setenta y tres del Estado de Yucatán, que contiene el poder otorgado a su favor por los quejosos. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte los quejosos impugnan de las responsables, la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1301/2016, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se confirmó la sentencia definitiva emitida por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 8/2013. Ahora bien, debe decirse que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, los expedientes tramitados en este órgano de control constitucional; por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 451/2017, promovido por los propios quejosos. Constancias de las que se desprende que en la ejecutoria emitida en dicho juicio de amparo, se concedió a los aludidos quejosos, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron de las mismas autoridades señaladas como responsables, y que hicieron consistir en la ejecutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, emitida en el propio toca 1301/2016. La protección constitucional fue otorgada a efecto de que la Sala responsable dejara sin efectos la ejecutoria invocada en el párrafo que antecede, y en su lugar dictara otra, con plenitud de jurisdicción, en la que analizara la totalidad de los agravios formulados por los recurrentes, aquí quejosos. En cumplimiento a dicho fallo protector, por resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala responsable dictó una nueva ejecutoria, en la que confirmó la sentencia emitida por la Juez de origen en el expediente 8/2013. De dicha determinación, se dio vista a los quejosos, de manera personal, en el juicio de amparo de marras, el seis de diciembre de dos mil diecisiete. Incluso, los quejosos, por conducto de su apoderado, realizaron diversas manifestaciones en relación a la nueva ejecutoria emitida en cumplimiento al fallo protector. Asimismo, en auto de diecinueve de diciembre anterior, se declaró cumplido dicho fallo protector; de lo cual tuvieron conocimiento los quejosos, a través de su apoderado Juan Manuel Medina Carrillo, el veinte siguiente. Finalmente, los quejosos, contra dicho auto, interpusieron el recurso de inconformidad, del que tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 3/2018, mismo que fue resuelto el once de abril de dos mil dieciocho, declarándose infundado. A fin de acreditar lo anterior, se ordena glosar a este expediente, copia certificada de las constancias a que se hizo alusión con antelación. Sentado lo anterior, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Se afirma lo anterior, toda vez que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 451/2017, del índice de este órgano de control constitucional, se advierte que los propios quejosos, a través de su apoderado Juan Manuel Medina Carrillo, aquí promovente, desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en que hicieron diversas manifestaciones en relación a la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Sala responsable en el toca 1301/2016, en cumplimiento al fallo protector emitido en el aludido juicio de garantías, o incluso desde el quince de enero de dos mil dieciocho, en que interpusieron el recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplido dicho fallo de amparo, se hicieron sabedores de la ejecutoria de marras, en virtud de que fue emitida precisamente en cumplimiento al invocado fallo protector otorgado en dicho juicio de garantías. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de garantías presentada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado consistente en la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1301/2016, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de las constancias que integran el juicio de amparo 451/2017, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que los quejosos se hicieron sabedores del contenido de la ejecutoria de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1301/2016, desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en que hicieron diversas manifestaciones en relación a ésta, emitida en cumplimiento al fallo protector emitido en el aludido juicio de garantías, o incluso desde el quince de enero de dos mil dieciocho, en que interpusieron el recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplido dicho fallo de amparo; por lo que el plazo para presentar su demanda de garantías comenzó a correr y contarse al día siguiente de tales datas, por lo que es inconcuso que a la fecha en que, mediante su demanda de amparo, señalaron como acto reclamado la ejecutoria en cuestión, que lo es el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, se hicieron sabedores de la ejecutoria reclamada, desde el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en que hicieron diversas manifestaciones en relación a la misma, la que fue emitida por la Sala responsable en el toca 1301/2016, en cumplimiento al fallo protector emitido en el aludido juicio de garantías, o incluso desde el quince de enero de dos mil dieciocho, en que interpusieron el recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplido dicho fallo de amparo; es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, que la parte quejosa indique que el plazo para promover el presente juicio de amparo, comenzó a correr y contarse a partir del dieciséis de los corrientes, en que le fue notificada la determinación que recayó al recurso de inconformidad multicitado. Ello, cuenta habida que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se concluye que el plazo para presentar la demanda, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Lo anterior, tal y como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 5, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y como sus autorizados a las personas designadas, con las facultades expresamente conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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