Lamberto Cecilio Dirzo Avila
Expediente 77/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lamberto Cecilio Dirzo Avila
- Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal En Morelos del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en esta ciudad, por el que acusa recibo del original del juicio de amparo 77/2022, así como del original y copia del escrito de agravios; asimismo, admite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente asunto, mismo quedó registrado como recurso de revisión 272/2022; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa en términos amplios, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada por este juzgado. Trámite recurso de revisión. Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso aludido, y para los efectos de su tramitación, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítase en su oportunidad el expediente original al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, una vez que se encuentre integrado. Agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a los autos y las demás distribúyanse como corresponda; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye al Secretario y Oficial. Por tanto, se instruye a la secretaria, para el efecto de que una vez que se encuentre debidamente integrado este expediente, el mismo sea remitido a la Superioridad, en los términos antes apuntados; consecuentemente, también se hace notar al oficial judicial "C" encargado de la tramitación de este asunto, que deberá vigilar oportunamente la integración del expediente, pues es responsabilidad de ambos su correcta tramitación. Se instruye al personal de actuaria. Se instruye al personal de la actuaría de la adscripción, se cerciore que al entregar los oficios correspondientes se asiente la recepción del escrito de agravios por quien lo reciba. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 77/2022, promovido por *********, por propio derecho, contra los actos que reclama de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por estimarlo violatorio del artículo 1° y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. El quejoso Lamberto Cecilio Dirzo Ávila, por escrito recibido el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente, por razón de turno a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que precisa en su escrito de demanda. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto que tiene ejecución material dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, analizando en forma integral la demanda de amparo, y las constancias que obran en autos, en específico el informe justificado, de donde se advierte que la parte quejosa reclama: La interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio administrativo ********, a través de la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Se dice lo anterior, ya que el acto que por esta vía se reclama se fijó en atención a la lectura integral de la demanda y a la totalidad de la información del expediente del juicio en específico del informe justificado y sus anexos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, se atendió a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada del expediente administrativo *********, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Cuarto. Estudio de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" El primero de los preceptos reseñados refiere que no procede el juicio de amparo en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia; por su parte, el diverso dispositivo legal establece que el juicio biinstancial procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, precisando que tratándose de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De lo expuesto se obtiene que el medio de regularidad constitucional de que se trata es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de ejecución de sentencia que no reúnan las características apuntadas. Es claro que la intención del legislador, al instaurar la regla de procedencia del juicio de amparo analizada, fue evitar, entre otras cosas, el abuso de la promoción de la acción constitucional, con el propósito de facilitar y hace más rápida la tramitación de las controversias jurisdiccionales, por eso, en el caso de las sentencias definitivas, privilegió su ejecución en observancia a la existencia de la cosa Juzgada, cuyo cumplimiento es de orden público, ya que estableció que el juicio de amparo solo procede contra la última resolución dictada en esa fase. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.32/2001, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, con número de registro 190035, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Se debe precisar que el criterio reseñado parte del estudio del artículo 114 de la legislación de la materia abrogada, empero, aun así es orientador en este caso dado que en la Ley de Amparo vigente, en específico en la fracción IV del artículo 107, el legislador de igual manera condicionó la procedencia de la acción constitucional hasta el dictado del último acto de ejecución, precisamente, con el objetivo de evitar abusos en la tramitación de la acción constitucional y mantener la disposición de orden público en el cumplimiento de las sentencias. Ahora bien, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, como ya se vio, debe de entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio administrativo ********, a través de la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Por lo que el acto combatido en este juicio constitucional no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, por no ser las que determina, aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o aquella que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de una actuación que forma parte de la ejecución de una sentencia, contra la cual sólo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. De tal manera que el acto reclamado no es autónomo del fallo emitido dentro del procedimiento, pues la resolución que se reclama está directamente relacionado con la ejecución, además de que no afecta materialmente derecho sustantivo alguno del quejoso para que sea considerado de imposible reparación; como consecuencia, solo se trata de una resolución intermedia dictada dentro del periodo de ejecución que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De tal manera que la resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio administrativo *********, a través de la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa y requirió a la autoridad demandada el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, para lo cual le otorgó veinte días, que se combate, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino por el contrario, es una actuación dirigida directamente a la ejecución de la sentencia definitiva. De ahí que el acto mencionado no podrá ser impugnado en amparo desde luego, sino solo al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. Al respecto, resulta oportuno invocar en lo pertinente, la tesis I.3o.C.765 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1345, del Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 166244 que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Se debe precisar que, en el presente caso, no se actualiza la excepción de procedencia del amparo indirecto contra la resolución interlocutoria reclamada, porque en principio no puede implicar un acto que pueda ocasionar al promovente del amparo una afectación a su esfera jurídica a alguno de sus derechos sustantivos. Al respecto se cita la jurisprudencia 37/2014, visible en página 39, libro 7, Junio de dos mi catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589 de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo anterior, en razón de que si se considera que para calificarse como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que pudiese reclamarse como violación durante el procedimiento de ejecución que hubiere dejado sin defensa al impetrante y trascendido al resultado de la resolución conclusiva; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la resolución reclamada no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que afecta derechos procesales o adjetivos; pues señala como acto la resolución interlocutoria que declara fundado el recurso de queja al existir defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, y requerir a la parte demandada para que en el plazo de veinte días, dé cumplimiento a la sentencia definitiva. De ahí que tal declaración no es dable considerar como de ejecución irreparable o que afecte de manera directa e inmediata sus derechos fundamentales, por tanto, reclamable en el juicio de amparo indirecto o biinstancial, puesto que es hasta el dictado de la resolución, donde se analizará si la sentencia definitiva se encuentra cumplida en su totalidad, y de ser el caso la decisión adoptada podrá combatirse en la vía correspondiente. Aunado al hecho que en la propia resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de queja por defecto en el cumplimiento interpuesto por el quejoso determinó que la parte demandada no cumplió el fallo, declarando fundada la queja, en consecuencia, dio un plazo de veinte días al Instituto para que dé debido cumplimiento a lo ordenado en la parte considerativa de la resolución. Luego, si en el caso el acto reclamado en el juicio de amparo solo se relaciona con derechos adjetivos y no sustantivos, se insiste, en este asunto no se está en presencia de un acto de imposible reparación; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, pues se insiste, únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior por su alcance y contenido la jurisprudencia 1a./J. 108/2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia Civil, página 11 y registro 172834, cuyos rubro texto se transcribe: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." En las relacionadas condiciones es evidente que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa IV, del numeral 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de dicha ley. Es de tomarse en consideración que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión administrativo 197/2020, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, resolvió en similares términos, al referir en la parte que interesa lo siguiente: ".(30) El acto reclamado, en el caso, consiste en la consideración emitida en la resolución de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, en la que se negó tramitar el incidente de liquidación o cuantificación propuesto por el actor en el juicio de nulidad. (31) Así, se advierte que en el caso no se cumple con el requisito de que el acto reclamado infrinja derechos sustantivos del recurrente. (32) En efecto, no se trata de la posibilidad de violación de un derecho sustantivo, pues como el propio recurrente lo admite, los derechos humanos supuestamente transgredidos por el acto reclamado (sin que se prejuzgue a ese respecto) son los relativos a la garantía de acceso a la tutela judicial efectiva, es decir, derechos adjetivos que se contienen en el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (33) Se trata de cuestiones procesales, porque el hecho de que una persona tenga derecho a ser oída en juicio dentro de un plazo razonable, o bien, que tenga derecho a un recurso sencillo y rápido, son prerrogativas que solo forman parte de la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud del procedimiento del cual es parte, es decir, que solo las tiene en su calidad de parte dentro de un juicio, de donde se evidencia el carácter adjetivo de tales derechos, en contraposición con los sustantivos, que se encuentran en el ámbito jurídico del gobernado aun cuando no se encuentre sujeto a un juicio. (34) De tal manera, que la negativa de tramitar el incidente de cuantificación que propuso el recurrente, al interponer el recurso de queja por defecto, en la etapa de ejecución de la sentencia de nulidad, no conlleva una afectación material a sus derechos sustantivos, pues como se puede advertir de las constancias del juicio de amparo, el citado recurso de queja se resolvió fundado y, en consecuencia, se requirió a la autoridad demandada para que diera cabal cumplimiento al fallo. (35) Por lo que existe la posibilidad de que la autoridad demandada dé cumplimiento exacto a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, respecto a la cuantificación de las diferencias derivadas de los incrementos omitidos a la pensión jubilatoria otorgada al actor, con lo que desaparecería la afectación adjetiva que se le hubiera ocasionado con la no tramitación del incidente de cuantificación. (36) Pero además, existe la posibilidad de que, al tener conocimiento el recurrente de la nueva determinación que emita el instituto demandado en cumplimiento a la sentencia de nulidad, pueda hacer valer su inconformidad con los montos cuantificados y estará en condiciones de solicitar la tramitación de la incidencia en cita. (37) Por lo que es claro, que al acto reclamado no le reviste la característica de ser de imposible reparación, pues no produce una afectación material a derechos sustantivos del recurrente, sino que sus consecuencias producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva." Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394465 con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por otra parte, no es necesario estudiar la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, invocada por la autoridad responsable respecto del acto reclamado, ya que dicha causal de improcedencia ya fue analizada en párrafos precedentes. Cabe precisar que las tesis aplicadas en el presente asunto si bien fueron emitidas antes de la reforma a la ley de amparo, también lo es que no contravienen la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo referida. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******, por la razón expuesta en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que no obra en autos la constancia que acredite el emplazamiento de la tercera interesada Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que se ordenó practicar mediante oficio el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Se comisiona a la actuaria de la adscripción. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona a la actuaria judicial encargada del presente expediente, a fin de que proceda a notificar de forma inmediata el oficio 5726/2022, de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dirigido a la citada tercera interesada, o en caso de que ya haya efectuado dicha comunicación, la vincule al expediente electrónico relativo al presente sumario constitucional. Se difiere audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Ahora bien, con excepción de las autoridades requeridas, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese y cúmplase.
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